Ecuador está entre los diez estados que más plantean quejas en la CIDH

Durante casi una década, Ecuador se ha mantenido entre los países de América que más plantean denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Expertos en la materia afirman que la mayoría de usuarios que acuden a ella no son políticos, sino ciudadanos o comunidades sin vínculos partidistas que alegan la violación de derechos humanos en su país.

Pero el Gobierno reiteró hace unos días que la CIDH era “una institución politizada” por haber concedido medidas cautelares a tres opositores.

Ecuador consta entre los diez estados con más reclamos entregados a la Comisión entre los años 2004 y 2012 (de un total de 26 a 29 estados), según los informes anuales del organismo.

La CIDH prevé publicar el reporte del 2013 el próximo 23 de abril, indicó su departamento de prensa a este Diario.

El total de peticiones por año varía, pero entre el 2009 y 2012 registra una tendencia al alza.

La cantidad no representa el número de denuncias admitidas a trámite, puntualiza el catedrático Farith Simon, quien ha defendido a ciudadanos en al menos once reclamos, dice él.

Simon, director de la clínica jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, explica que esto último ocurre cuando la Comisión emite un informe de admisibilidad. Entonces la “petición” se convierte en “caso”.

Además subraya que el aumento de quejas “no necesariamente” implica un incremento en las violaciones a los derechos humanos en un país.

Dice que hay otros factores, como que más personas conocen sobre esta alternativa.

“Históricamente la gente común y corriente, quiero decir sin vinculaciones políticas, ha acudido a la CIDH para buscar justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, afirma.

Denuncias en 8 años

Según los informes, la Comisión ha recibido 499 denuncias desde Ecuador en el periodo 2004-2012. De ese total, 50 se han convertido en casos y estos analizan diversos temas.

Por ejemplo, las 9 denuncias admitidas a trámite en el 2011 tratan sobre detenciones arbitrarias (4) y violaciones al derecho a la vida (3), a las garantías judiciales (1) y al acceso a la educación (1).

Pero la CIDH también ha recibido quejas de Ecuador sobre mala práctica médica, restricción a la libertad de expresión o a los derechos colectivos.

Simon anota que un trámite ordinario suele demorar más de seis años, pero que la institución podría agilizar su pronunciamiento ante un pedido de medidas cautelares.

Medidas a favor de Jiménez

El más reciente lo emitió en favor del asambleísta Cléver Jiménez (PK), su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa. Todos críticos al régimen de Rafael Correa.

El pasado marzo, la CIDH les otorgó medidas cautelares, tras la ratificación de una condena a prisión en un juicio de injurias que Correa les siguió.

El mandatario Rafael Correa, el canciller Ricardo Patiño y el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, expresaron su rechazo a la decisión, pues aseguraron que la Comisión no era competente para tomarla. También la acusaron de estar ‘politizada’.

El abogado Jorge Sosa, quien ha patrocinado “una veintena” de quejas ante la CIDH, afirma que el órgano no aplica parámetros políticos sino técnicos para procesar las solicitudes.

“Tanto es así que el primer parámetro para que una demanda pase es que exista la posible violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y no a la Constitución de un país”, precisa el jurista.

El régimen sostiene que la Convención no especifica que la CIDH pueda dictar medidas cautelares, pero sí que puede hacerlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hernán Salgado, quien presidió la Corte durante dos años, comenta que el organismo “ha dicho muchas veces que las recomendaciones de la CIDH tienen que ser aplicadas”.

(La CIDH) es un instrumento politizado al servicio de potencias del norte y en esa instancia la va a tratar el Gobierno, como una institución politizada que pretende perseguir a gobiernos”.Alexis Mera Secretario jurídico