Es día de visita en el expenal García Moreno y las largas filas que suelen formarse en las afueras se ha reducido a unas pocas personas. La fuga de 55 internos (20 han sido recapturados) el pasado domingo 15 de diciembre del Centro de Detención Provisional (CDP) de Pichincha ahuyentó a todo el mundo, aseguran las vendedoras del lugar, ante el temor de que una estampida de reclusos, similar a la de ese día, vuelva a vulnerar las seguridades.

Los reclusos no hicieron boquetes ni saltaron muros. Salieron por la puerta principal, corriendo en grupo. Es la segunda fuga grande que ocurre en el país este año y la más numerosa. En febrero pasado, 18 internos considerados entre los más peligrosos se escaparon del Centro de Rehabilitación Social 2 (conocido como La Roca) en Guayaquil, y, al igual que ahora, un grupo de guías faltó a trabajar el día que huyeron. Las autoridades presumen que hubo complicidad, mas cuando en el CDP (destinado a procesados) había diez sentenciados, pero los guías alegan que el personal no era suficiente.

El nuevo escape desnuda las vulnerabilidades de un sistema de rehabilitación social caracterizado por el hacinamiento y la violencia carcelaria, la falta de celeridad en la justicia y un manejo “discrecional” de los internos y las cárceles, coinciden organizaciones de Derechos Humanos.

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Según un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), con base en estadísticas del Ministerio de Justicia, hasta octubre en el país había 56 cárceles con capacidad para 12.338 personas, cuando la población carcelaria es de 24.589. Una investigación de la Fundación para el Debido Proceso cita entre las causas un incremento de personas encarceladas sin sentencia debido a la falta de celeridad en la justicia y, sobre todo, a la poca utilización de medidas alternativas a la prisión.

Entre julio del 2012 y abril del 2013, del total de detenidos en flagrancia por la Policía, el 28% quedó libre por algún tipo de medida sustitutiva, mientras el restante, 71%, guardó prisión preventiva, según datos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (no detalla el 1% faltante). El documento reconoce un hacinamiento del 73% en los centros carcelarios (en el 2008 era de 38%).

El ministro de Justicia (e), José Serrano, ha dicho este mes que se está implementando un nuevo modelo de gestión penitenciaria, como ya anunció en el 2007 el presidente Rafael Correa con la declaratoria de emergencia del sistema de rehabilitación. Hasta ahora este se traduce en la construcción de nuevas cárceles, la identificación de los presos como PPL (personas privadas de libertad), la adquisición de tecnología en seguridad para las cárceles, el traslado de reos a otros centros y nuevos horarios de visita.

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Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos cuestionan su aplicación basadas más en un criterio de las autoridades de turno que en las normas locales e internacionales.

Lourdes, esposa de un interno que cumplía prisión en el expenal García Moreno, cuenta que su conviviente fue trasladado, “de la noche a la mañana”, hasta La Roca y que aún su abogado no sabe explicar el motivo del traslado, pese a que los reglamentos de rehabilitación social señalan que para cualquier sanción debe existir un informe que sustente la medida. En el capítulo VI del reglamento de Evaluación de la Conducta y Disciplina de los Internos Imputados, Acusados y Sentenciados se habla de que “el traslado de detenidos a otros centros fuera de la provincia, operará cuando existiere intento de motín, motín o sobrepoblación”.

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Carolina Pazmiño, encargada del tema de cárceles en Cedhu, cita el caso de un interno en Ambato que fue golpeado e incomunicado luego de que se le decomisara un celular y pidió que le dejaran el chip. Uno de los guías pasó un parte diciendo que se trataba de un reo peligroso y le dieron traslado a La Roca, cuando estaba a punto de cumplir su año de prisión por robo. “Los traslados son arbitrarios, bajo el argumento de alta peligrosidad los llevan a otras provincias, alejado de familiares y abogados, lo que implica costos”, dice.

Estas separaciones familiares son frecuentes, pese a que la finalidad de la visita es conservar y fortalecer los vínculos del interno “con las personas provenientes del exterior, que tengan con él lazos de parentesco o amistad”, según el art. 24 del Reglamento de Funcionamiento de los Pabellones de Máxima Seguridad en Centros de Rehabilitación.

Beatriz Villarreal, coordinadora social de la Fundación Regional de Derechos Humanos, afirma que el vínculo familiar constituye la estabilidad física y emocional de los privados de libertad. Por ello cree que restringir las visitas ahonda los problemas de depresión, violencia y ansiedad que genera el hacinamiento.

Desde el pasado 2 de diciembre con el traslado de 3.657 reos a la nueva cárcel de Guayaquil, junto a la Penitenciaría, las visitas se confirman en el sitio web del Ministerio de Justicia y su frecuencia depende de la peligrosidad del interno. Cada reo debe registrar a diez personas. En el caso de los considerados de máxima peligrosidad podrán recibir una visita al mes; los de mediana peligrosidad, dos; y, los de mínima, cuatro.

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Afuera de la nueva cárcel las quejas de los familiares por las dificultades para ver a los internos, las condiciones en las que están y el cacheo son constantes. Lilian, hermana de un joven que hace un mes permanecía en el pabellón Atenuado Alto de la Penitenciaría, procesado por tentativa de asesinato, no había podido verlo. ‘“Hemos buscado todos estos días en internet y no lo encontramos. Venimos a averiguar para ver dónde mismo está”, dijo.

Myriam y Lourdes, esposa y madre de dos presos, aseguraron que sus familiares no tienen agua en las duchas, se les limita la comida y el agua para beber (a 1/2 litro), y les dan 45 minutos al día para salir al patio. Miryam también denunció que al entrar la hicieron mostrar sus partes íntimas. “Me pusieron de espaldas y que me agache. No me tocaron, pero sí hicieron que a mi interior le desprenda la toalla sanitaria para ver si no había nada adentro”, contó.

Una mujer cuyo esposo cumple una pena de cinco años por robo y fue puesto en máxima seguridad aseguró que le hicieron saltar sapitos para ver si llevaba algo en sus partes íntimas. “Estoy de acuerdo que se controle a los internos, ellos son los que están pagando una pena, no a nosotros. Ahorita a los que más nos humillan es a los familiares”, dijo.

Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las PPL en las Américas, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley y que los estados usarán medios alternativos con métodos y equipo tecnológico apropiados.

César Duque, asesor legal de Cedhu, reconoce la inversión del Gobierno en rehabilitación social, pero aclara que eso sirve de poco si se mantienen los vicios de antes en, por ejemplo, guías penitenciarios poco preparados que acceden, por miedo o voluntad, a participar en actos corruptos.

Otros problemas son la violencia y la extorsión que se da entre internos para obtener privilegios, como el acceso a un colchón, un celular o arma. Según Cedhu, entre enero del 2012 y octubre del 2013, se han dado 18 muertes bajo custodia dentro de los centros.

“Es un sistema que acarrea varias taras y acarrea varios procesos de corrupción (...). Estamos 7 años en el gobierno, tenemos responsabilidades específicas y concretas con relación a eso”, reconoció Serrano en una entrevista en Gamatv el pasado miércoles.

 

15 cárceles nuevas en el sistema
Según datos del Ministerio de Justicia, en el 2010 en el país existían 41 cárceles con capacidad para 9.000 internos. Ahora, hay 56 con capacidad para 12.338 personas, pero acogen a 24.589.

36% de internos no tiene sentencia
Según un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, del total de 24.589 personas privadas de libertad, 8.822 aún no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que contribuye al hacinamiento.

16 internos tiene a cargo un guía
Según datos del enlace ciudadano 350, hay 1.537 guías en las cárceles del país para una población de 24.589. Según datos de Cedhu, hasta octubre existían 1.389 guías. Hay una escuela en Bahía de Caráquez.

180 millones de dólares de inversión
Esa es la inversión que el Gobierno destina para la construcción de nuevos centros carcelarios en Guayas, Azuay y Cotopaxi que acogerán, según el Ministerio de Justicia, a unas 17.000 personas presas.