Discapacidad, con metas pendientes

Inclusión laboral a medias tras un proceso de décadas

Van en fila tanteándose el hombro entre sí con la mano izquierda y con un bastón para guiarse en la derecha. Avanzan esquivando los sonidos para no tropezar. Son los no videntes. Otros llegan con muletas o en sillas de ruedas.

Son algunas de las personas con discapacidad que asistieron al Encuentro Mundial de Discapacidades que el Gobierno organizó del lunes al martes pasados en el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde se adecuaron 46 estands de ministerios, instituciones estatales, federaciones, ONG, universidades, empresas que adaptan tecnología, muestras de microemprendimientos y un área de juegos lúdicos en la que interactuaron niños con discapacidad con los que no la tenían.

En los pasillos se ve a los que reciben terapia en la Sociedad Prorrehabilitación de los Lisiados (Serli), una iniciativa que se inició en Guayaquil hace 54 años (1959) considerada como una de las primeras respuestas desde la sociedad civil para atender a este grupo.

Entre los que recorren están Pedro Zambrano, quien llegó al encuentro el martes pasado con muletas después de haber perdido la pierna izquierda hace un año tras un accidente en moto. El caso se complicó porque es diabético. Su esposa lo dejó con tres hijos menores con quienes vive en el cantón Milagro (Guayas). “Quiero una prótesis para camellar”, dice.

En el estand del Ministerio de Salud dejó sus datos. “Veo que otros la tienen, me dicen que vaya a una dirección, que hable con tal persona, lo hago, pero nada”, afirma Zambrano.

De los parlantes del encuentro se escucharon cifras como que en el país hay 294.803 personas con discapacidad, según los recorridos realizados hasta noviembre del 2010 por la Misión Manuela Espejo, un plan de la Vicepresidencia de la República que implica la entrega de ayudas técnicas y seguimiento a los casos identificados.

En el 2011 se estableció el bono Joaquín Gallegos Lara, que consiste en la entrega de $ 240 mensuales al que cuide a una persona con discapacidad severa que sea pobre. Hasta agosto pasado lo recibían 19.678.

Gladys Montaluisa, exfuncionaria del otrora Ministerio de Trabajo, afirma que la propuesta de los bonos le ganó a la alternativa que se aplicó del 2006 al 2010 y que consistía en apoyar con emprendimientos productivos a las madres que se turnaban para trabajar y cuidar a los hijos con discapacidad. “Se llamaba Madres apoyando a madres y se aplicó en ocho provincias”, dice Montaluisa.

La exfuncionaria agrega que el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad fue paulatino tras un proceso de décadas.

La mirada institucional hacia este grupo poblacional llegó del Legislativo, que expidió la Ley de Protección del Minusválido en agosto de 1982.

En el contexto internacional, un hito que implicó un mayor reconocimiento de derechos se dio a partir de 1981 –Año Internacional de las Personas con Discapacidad establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, según Daniela Bas, directora de la División de Política Social y Desarrollo de la ONU.

En el caso nacional, ya habían arrancado iniciativas como la creación, en 1969, de la Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños y Adolescentes con Retraso Mental (Fasinarm).

Marcia Gilbert de Babra, una de sus impulsoras, dice que la motivación para crearla fue la falta de establecimientos que atiendan en educación a los niños con discapacidad intelectual. “Solo estaban Serli y las escuelas para no videntes y para sordos”, afirma Gilbert.

La primera acción estatal fue para impulsar la inclusión laboral con la creación, en 1973, del Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (Conarep).

Al Encuentro Mundial de Discapacidades asistieron, además, los que buscan empleo, como Laura Gines, de 45 años, quien perdió la visión a los 16 por una bala perdida del revólver de su conviviente policía que ella manipulaba.

El subsecretario de Empleo y Salarios del Ministerio de Relaciones Laborales, Xavier Estupiñán, asegura que el número de personas con discapacidad que laboran aumentó de 9.911 en el 2011 a 57.291 en este año. La reforma al Código de Trabajo vigente desde enero del 2006 obliga a las empresas a contratar hasta que el 4% de la nómina corresponda a personas con discapacidad. Los plazos impuestos fenecieron en enero del 2011. El sector público no cumplió, por lo que se dio una prórroga que termina este año.

Según un estudio del Conadis, en el país hay 11.238 empresas con 1’746.674 trabajadores que están obligadas a cumplir el 4%, por lo que faltarían cerca de 12 mil personas de reinsertar, dice Xavier Torres, vicepresidente del Conadis.

Estupiñán afirma que uno de los problemas son los perfiles que exigen las empresas. Asegura que en la Red Socio Empleo tienen a unas dos mil personas con discapacidad que necesitan empleo. Y que la demanda de la empresa privada llega a un promedio mensual de 400 de los que llegan a ubicar a unos 150.

El secretario técnico de discapacidades, Álex Camacho, dice que para mejorar el perfil se hacen adaptaciones curriculares: “En los próximos días iniciamos la impresión de seis mil textos braille. De aquí viene la parte de infraestructura que toma más tiempo”, agrega. Anuncia la creación y adecuación de 140 establecimientos para personas con discapacidad, uno en cada distrito hasta el 2017.

Hay 57.291 personas con discapacidad laborando. Faltarían unas 12 mil para cumplir la ley, según el Conadis.