El acceso al agua potable y alcantarillado sigue siendo el principal problema

Rita Quintanilla vive sobre una fuente de riqueza. Su casa de madera y piso de tierra, ubicada en el sector de Marian 4, en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, Sucumbíos, está rodeada de pozos petroleros, cuyas regalías hoy se promocionan en carteles de proyectos de saneamiento, educación o salud en el norte de la Amazonía. Rita, sin embargo, dice que no ha sentido de cerca los beneficios: aún bebe agua entubada y envía los desechos a un pozo séptico, que con cada lluvia rebosa y contamina afluentes.

Pasa algo similar en la comunidad kichwa Nuevo Ongota, a diez minutos de Tena, Napo. Allí Irma Shihuango, quien padece una discapacidad para caminar, transita por empinadas calles lastradas para llegar a su vivienda, donde la luz eléctrica es regalada por un vecino y el agua para bañarse proviene de un estero en el que otras comunidades descargan sus desechos.

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Es la realidad que se vive tras 41 años de explotación petrolera en la Amazonía, una región llena de contrastes en sus 138.000 km² de extensión: concentra la mayor biodiversidad del país, los principales yacimientos de crudo y al mismo tiempo las mayores tasas de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (76%) y por ingresos (41%).

La extracción del crudo, que en cuatro décadas ha dejado ingresos por $ 122.861 millones, según datos del Observatorio de Política Fiscal, no ha implicado un mayor acceso a servicios básicos en la región. Según el INEC, un 53,3% de la población se abastece de agua por red pública (no siempre potable) y un 40% está conectado a la red de alcantarillado. Comparado con el censo del 2001, se avanzó solo en 7% y 5%, respectivamente.

Con la ampliación del mapa petrolero en los bloques 31 y 43 (ITT) en el Parque Nacional Yasuní, en Orellana, el Gobierno proyecta ingresos por $ 18.292 millones en 22 años. Con los fondos –ha ofrecido– se disminuirá la pobreza (no ha dicho en qué porcentaje) y se dotará de obras a las zonas con más necesidades básicas insatisfechas. Uno de los compromisos es proveer de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico al 95% de la población nacional (sin especificar en qué tiempo), según el informe que autoriza la explotación, aprobado el jueves por la Asamblea. Actualmente, el 53,59% de la población tiene acceso a alcantarillado y 71,98% a agua de red pública.

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El plan genera expectativas por más recursos en algunos gobiernos seccionales (30 alcaldes amazónicos fueron a Quito a expresar su respaldo) y rechazo entre los que consideran que con ello se consolida el modelo extractivista y se profundizan los problemas de la región.

Las provincias de la Amazonía, sin embargo, han venido recibiendo más recursos. La Ley 010, emitida en 1992 y modificada en el 2008 para aumentar la renta petrolera, creó el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae) y fijó $ 1 de impuesto por cada barril que se extraiga en la región. En el 2011 la renta fue de $ 351 millones.

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A esos ingresos se suma, desde el 2010, el generado por el 12% de utilidades de las petroleras obtenido tras la renegociación de 24 contratos y la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Esta indica, en su art. 94, que el dinero debe ir solo a proyectos de inversión social en salud y educación, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) amazónicos que estén en las áreas delimitadas por cada contrato donde se realicen las actividades hidrocarburíferas.

La renegociación dejó $ 3.300 millones adicionales para inversión, según la Asamblea.

Pese a ello, Elio Vargas no entiende cómo en su comunidad, Valladolid, en el cantón Joya de los Sachas, en Orellana, deben subsistir con agua entubada, “llena de bacterias”, pero casi a un kilómetro se levanta el llamado ‘Parque lineal más grande del país’. La obra la hizo, a un costo de $ 9,2 millones con el excedente del campo Sacha, Ecuador Estratégico, una empresa pública creada en el 2011.

Aunque la ley habla de proyectos a través de los GAD, aprobados por el ministerio sectorial, mediante decreto Ejecutivo se estableció entre las competencias de Ecuador Estratégico la planificación y ejecución de los planes de desarrollo local e infraestructura “en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos”, un área que ha sido liderada por el vicepresidente Jorge Glas.

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Ciro Morán, gerente del organismo, dijo el pasado 25 de septiembre a Oromar TV, que el presupuesto ejecutado entre 2012 y 2013 en once provincias donde hay proyectos estratégicos supera los $ 600 millones. La mayor inversión fue en el oriente por unos $ 400 millones.

Con el excedente del campo Pañacocha, a un costo de $ 20 millones, el Gobierno inauguró el martes pasado en Playas de Cuyabeno, Sucumbíos, la llamada Comunidad del Milenio, un plan de 82 casas dotadas de todos los servicios. Las comunidades indígenas de la zona han condicionado su apoyo a la explotación del Yasuní a cambio de obras de este tipo.

El viceprefecto de Orellana, Rodrigo Román (PK), reconoce la inversión, pero cree que los fondos los deberían manejar los GAD (prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales) y no un ente gubernamental, porque así se priorizarían los proyectos.

El alcalde de Tena, Washington Varela (Movimiento Municipalista), cree que más bien hay ineficiencia de ciertos gobiernos locales para armar planes: “Solo es necesario presentar proyectos bien estructurados, de magnitud y prioritarios, para que los apruebe y el Banco del Estado desembolse recursos”.

Los contrastes son evidentes hoy entre las provincias del norte: Sucumbíos, Orellana y Napo, que por décadas han dependido del crudo, y las del sur: Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde salieron a licitación nuevos campos en la XI ronda petrolera (en Pastaza) y empezaron a surgir proyectos mineros a gran escala. Según el INEC, Sucumbíos y Orellana son las de menor acceso a agua por red pública (40%), con más dependencia del agua de pozo (38% y 22%, en ese orden) y más pobreza por necesidades básicas insatisfechas (84%).

El sur muestra otra cara, pese a tener menor acceso a las regalías del 12%. Con poca presencia petrolera (solo el bloque 10 en Pastaza) y basados en la agricultura, ganadería, minería artesanal y turismo, estas provincias registran mejores indicadores de acceso a servicios (ver cifras), aunque su cobertura aún es deficiente. En sus cabeceras cantonales es palpable el dinamismo con nuevas construcciones, pero en zonas distantes sigue la falta de agua, alcantarillado y vías de acceso.

En el cantón Pastaza, se amplió la red de agua potable, se edificó el hospital general del Puyo, inaugurado este año, y una escuela del milenio. El alcalde de Pastaza, Germán Flores, (Movimiento Unidos por Pastaza) dice que el cantón tiene 13 parroquias, a cinco de las cuales solo se accede por río o aire, lo que complica dar servicios. Por ejemplo, un aula que cuesta $ 40 mil en Puyo, en Río Tigre se eleva a $ 150 mil.

Aunque el Yasuní no está en su área de influencia, en Pastaza –dice Flores– apoyan la explotación por el compromiso de que las regalías irán a todo el Oriente. Pero el prefecto de Morona, Marcelino Chumpi (PK), no comparte que haya más explotación sin un modelo de desarrollo. Su provincia ha apuntado a emprendimientos productivos, como la exportación de papa china a Miami, el cultivo de tilapia, desarrollo embrionario y ganadero, y producción de cárnicos.

El Gobierno hizo nuevos hospitales en Macas y Sucúa; la escuela del milenio Bosco Wisuma, un registro civil y financia planes de saneamiento ambiental y alcantarillado en Macas, Logroño y Méndez. Pero los habitantes cuestionan que faltan médicos o no se abordaron especialidades tropicales, que prevalecen en la zona .

“Más petróleo no significa más recursos, significa más pobreza y, históricamente se ha demostrado, más endeudamiento...”, dice Chumpi.

23%
Recibe agua del río o vertiente
En la región un 53,3% recibe agua por red pública, un 17% recibe agua de pozo, un 0,4% de carro repartidor y un 6% de lluvia o albarrada. En el 2001, un 46% tenía acceso por red pública, según el INEC.

19%
Está conectado a pozo séptico
El 40% está conectado a una red pública de alcantarillado, el 8,4% a pozo ciego, el 5,8% envía sus descargas al río, el 3,3% a letrina y el 23,6% no tiene un sistema. En el 2001, 35% tenía alcantarillado.

76%
De hogares vive en la pobrezaOrellana registra la mayor tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (84%). Le sigue Sucumbíos, con 83,7%; Morona Santiago, 70,6%; Napo, 70,3%; Zamora, 69%; y Pastaza, 66%.

60%
Se atiende en un hospital general
Según cifras del INEC, el 30% de la población tiene acceso a un hospital básico y 10% a una clínica privada. En la región se edificaron nuevos hospitales como el de Macas (foto), Puyo y Sucúa.