Esta semana, los activistas del grupo Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (GLBTI) se apuntaron como un logro que se disponga el trámite de la acción de protección a una pareja de lesbianas que intenta casarse, pero este grupo empuja más cambios por la vía legislativa o judicial porque siente que algunos derechos que consagra la Constitución no se cumplen.

La Carta Política, que el próximo mes cumplirá cinco años de vigencia, introdujo disposiciones que esa comunidad considera “conquistas” en su lucha por la igualdad. Por ejemplo, el principio de no discriminación por identidad de género u orientación sexual y el derecho a la unión entre dos personas (sin especificar el sexo).

Varios colectivos han hecho sus aportes en al menos tres proyectos que se estudian en la Asamblea: las reformas a la Ley de Registro Civil, la Ley de Consejos para la Igualdad y el Código Orgánico de Salud.

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La discusión de la primera es la que más polémica ha generado porque propone reemplazar el término ‘sexo’ por ‘género’ en la cédula de ciudadanía.

La directora de la organización Proyecto Transgénero, Ana Almeida, explica que se busca actualizar la Ley de Registro Civil, que data de 1976, a la actual Constitución, que reconoce la identidad de género.

Pero sectores conservadores del Parlamento y la sociedad advierten que la modificación permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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El tema fue debatido por el pleno en diciembre del 2012 y regresó a la Comisión de Gobiernos Autónomos, que tiene pendiente el informe para segunda instancia.

La propuesta de Ley de Consejos para la Igualdad está en la misma fase, aunque en este otro caso, la primera discusión en el pleno recién fue el mes pasado. De momento, la Comisión de Derechos Colectivos recoge insumos de varios sectores.

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En ese marco, la asociación Silueta X solicitó el pasado 11 de septiembre que el Consejo de Género, una de las instituciones que la norma busca crear, se llame “de Género, Identidad de Género y Orientación Sexual”.

La presidenta del gremio, Diane Rodríguez, dice que solo así la nueva entidad promulgará políticas públicas específicas y que en caso contrario los GLBTI no serán “visibles”.

Además refiere que Silueta X entregó a la Comisión de Salud, el mes pasado, sugerencias para el Código Orgánico de Salud, que aún está en borrador.

Otros grupos pugnan por cambios en la justicia, como la Red Diversidad Ecuador, que impulsa una campaña por el “matrimonio civil igualitario”, desde el pasado 5 de agosto, día en que una pareja de lesbianas solicitó contraer nupcias en el Registro Civil de Quito.

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Su abogada, Silvia Buendía, asegura que la meta es que la Corte Constitucional emita una interpretación integral de varios derechos, que dice, no se cumplen, como la unión de hecho, que remarca la mayoría de los notarios se niega a avalar.

La asambleísta Paola Pabón (AP) reconoce que los operarios de justicia no pueden aplicar ciertos apartados de la Constitución porque determinadas leyes no lo permiten. Destaca que por eso es importante discutir temas como las reformas al Registro Civil. Y alega que la aprobación de ciertos proyectos tarda porque no están en la agenda inmediata de la comisión de Gobiernos Autónomos.

22 colectivos GLBTI
Apoyan los cambios pedidos en la Asamblea.