Instituto Internacional de Prensa critica nueva ley de medios en Ecuador

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) criticó este viernes que la "excesiva regulación estatal" de la nueva ley de medios de Ecuador, adoptada a finales de junio, constituye una "seria e inmediata amenaza para el periodismo independiente" en el país sudamericano.

En un informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, el IPI concluye que la situación que enfrentan los medios de comunicación en ese país "se ha deteriorado a un nivel alarmante en los últimos meses".

Un grupo de expertos del IPI, una red mundial de editores y propietarios de medios de comunicación, estuvo en Ecuador en el año 2012 para entrevistarse con responsables políticos y representantes del sector de los medios de comunicación.

El informe presentado en Viena es un análisis actualizado de las impresiones recogidas por el IPI en la visita de hace un año y revisa una serie de nuevas leyes y propuestas legislativas "ampliamente consideradas como un intento de acallar a los críticos del presidente Rafael Correa".

La nueva "Ley de Comunicación" entró en vigor el 25 de junio pasado, tras cuatro años de debate y en contra de las objeciones presentadas por legisladores opositores y las críticas de grupos civiles nacionales e internacionales, asegura el IPI en un comunicado emitido en Viena.

El informe identifica como lo más "preocupante" de la nueva ley la creación de dos instrumentos estatales de regulación: el "Consejo de Regulación y Desarrollo de Información" y el "Departamento de Información y Comunicación".

Ambos tienen el poder de "disciplinar" a la prensa "mediante una combinación de sanciones legales y administrativas", destaca el IPI.

"La combinación de poderes excesivos y la falta de garantías sobre su independencia hace que estos dos órganos reguladores sean propensos a tomar acciones arbitrarias contra o abusar de los medios de comunicación y periodistas", señala el informe.

Asimismo, destaca que "controles para prevenir ese abuso están alarmantemente ausentes en la ley de medio. Muchas acciones y determinaciones del Consejo no parecen ser objeto de revisión judicial", analiza el IPI.

Asimismo, destaca que se haya creado la figura legal del "linchamiento mediático", considerada por los opositores a la ley como "un instrumento más para que funcionarios públicos puedan acallar las críticas a sus acciones".

El IPI critica, por otra parte, que la ley de medios califique la libertad de expresión como "un bien o un servicio", en lugar de considerarlo como un "derecho", protegido por instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Barbara Trionfi, experta en libertad de prensa en el IPI, señala en un comunicado emitido hoy que "la ley de medios de Ecuador tiene serios errores en cuanto a la protección del derecho del pueblo de Ecuador a información independiente".

"Estamos seriamente preocupados que el debate sobre la ley de comunicación no tuvo en cuenta las opiniones de representantes de la prensa y por eso produjo una serie de determinaciones que son inconsistentes con los estándares internacionales sobre libertad de expresión", critica Trionfi.

"Esto parece consistente con el menosprecio completo de Ecuador por la libertad de expresión y sus intentos de socavar el trabajo de organizaciones que intentan proteger estos derecho, tanto a nivel nacional como internacional", agrega la representante del IPI.

"Instamos al Gobierno de Ecuador a reconsiderar rápidamente la ley de medios", concluye Trionfi,

Por otra parte, el informe del IPI destaca también los crecientes ataques verbales y físicos que sufren los periodistas en Ecuador, incluso de parte del propio presidente Correa.

Además de detenciones arbitrarias, confiscaciones de equipos, amenazas de muerte, abusos físicos y registros de viviendas, un periodista ecuatoriano incluso fue asesinado este año.

En abril, el reportero Fausto Valdiviezo fue asesinado en la ciudad de Guayaquil y la identidad de los autores de este crimen no ha sido esclarecida, señala el IPI.

"Las continuadas declaraciones malintencionadas contra los medios de comunicación por los funcionarios del Gobierno son profundamente preocupantes y con el tiempo socavan peligrosamente el respeto por los periodistas en la sociedad", señala Trionfi.

"Más aún, promueve el tipo de auto-censura que es tan dañino para el debate democrático", concluye la representante del IPI.

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