Hay temor en la ruta al Parque Nacional Yasuní

A Fondo: Negociaciones por el crudo Casas comunales vacías que hacen de bodegas. Pequeñas aulas cerradas. Dispensarios médicos abandonados. Cabinas telefónicas que se dañaron. Son parte de las infraestructuras de cemento, unas casi nuevas y otras viejas, que se replican en comunidades indígenas asentadas en el área de influencia y dentro del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana.Son la evidencia de lo que algunos llaman ‘beneficios’ u ‘obras’ que dejan las petroleras a cambio de extraer el crudo en esta zona de la Amazonía.Las ofertas de educación, salud, vivienda, vialidad y empleo son las áreas que más destacan las petroleras en las negociaciones con las comunidades indígenas y colonos. Esto, pese a que la entrega de servicios básicos son de responsabilidad estatal.Así dicen en Pompeya, en El Edén, en Pañacocha, en Chiru Isla y Nuevo Rocafuerte (por el río Napo); en Llanchama (por el río Tiputini); en Tobeta, en Miwaguno (una parte del territorio de estos tres últimos está dentro del Parque); y en comunidades campesinas del cantón Dayuma, como Los Reyes y Nueva Esperanza, que están en el camino al Yasuní. Este Diario recorrió estos poblados a inicios del mes.Ahí sus habitantes aseguraron estar angustiados por la expansión de la frontera petrolera ante la posibilidad de explotar los campos ITT (Ishpingo-TamboCocha-Tiputini), un área sensible por su biodiversidad y por ser territorio por donde se movilizan los pueblos tagaeris y taromenanes, que viven en aislamiento voluntario en una parte de la Reserva de Biósfera.La angustia, acotan, es porque no saben qué pasará con los territorios y con el aparente desarrollo de sus localidades, ya que las petroleras han modificado sus discursos. Ahora ofertan servicios y obras más “sencillas”, como atención médica y la remodelación o entrega de un aula escolar, cuentan los dirigentes.“Nos dicen que ya para educación no nos pueden dar, que toda la plata le dan al Estado, que pidamos al Estado”. “Dicen que como es Parque Nacional no se puede hacer nada, que el Gobierno les prohíbe (hacer obras)”. “Piden permiso para una cosa pero hacen dos, tres y en tierras que no están en los convenios. Pero no hay cómo decir nada porque uno se gana enemigos”. Son los relatos de un campesino, de un huaorani y de un kichwa, quienes viven en la ruta y en una parte del Yasuní.En las comunidades hay temor, repiten dirigentes y habitantes. Las razones son varias.Andrés Machoa, de Llanchama, cuenta que el año anterior representantes de una petrolera estatal amenazaron con apresar a los dirigentes y con entrar con la fuerza pública a su territorio, considerado ancestral, si no firmaban los convenios para que ingrese la compañía.No son los únicos que han sentido temor. Diócles Zambrano, defensor de los derechos humanos, asegura que ha experimentado esa sensación cuando las petroleras llegan a las comunidades (en las que ha estado presente) con las autoridades estatales y con militares para las firmas de aceptación de los preacuerdos y convenios que requieren estas empresas.Esa misma intimidación han sentido dirigentes y comuneros de El Edén, de Pañacocha, de Chiru Isla, de Miwaguno... con quienes este Diario conversó.Hay otro factor que los hace temer y hasta firmar sin conocer bien los acuerdos. Es el no comprender el lenguaje técnico con el que les hablan ni los documentos de estudios de impacto ambiental que a veces les presentan, dicen los dirigentes.Y están más expuestos porque las petroleras no les dejan negociar con asesores externos, agrega Enrique Morales (de la Prefectura de Orellana), quien da capacitación en temas ambientales a estas comunidades.El negocio se hace directamente con los dirigentes o grupos de colonos, quienes en algunos casos no han terminado la secundaria. En otras comunas, en cambio, no tienen dinero para contratar a abogados que entiendan qué es lo que firman.Hay otro motivo. Temen abandonar sus tierras “ancestrales” para ir a una zona comunal. Lo que causa, dicen, un cambio sociocultural en las poblaciones nativas. En Pompeya, por ejemplo, los kichwas han reemplazado la chicha, su bebida tradicional, por la cerveza, la que consumen incluso los niños.En Pañacocha (una parte está en la provincia de Orellana y otra en la de Sucumbíos) los van a reubicar a la llamada ‘Ciudad del Milenio’, similar a una urbanización de cemento.Nelson Rivadeneira, de Pañacocha, cuenta que por reclamar por la calidad del hierro que estaban colocando en las casas (que no era igual al ofrecido) lo catalogaron como enemigo del desarrollo y del Gobierno. Afirma que hasta lo amenazaron con meterlo preso.Los habitantes comentan que en las petroleras ahora les dicen que pidan las obras a Ecuador Estratégico, empresa pública que las realiza (desde el 2011 cuando fue creado por el Gobierno) en comunidades afectadas por explotación petrolera.En Tobeta, adonde se llega en carro (a más de dos horas del Coca), no tienen esperanzas de nuevas obras, afirman sus habitantes. “Dicen que es parque y zona intangible y yo veo cómo mucho petróleo sale y no dejan nada a comunidad”, agrega el huaorani Davo Enomenga.Este Diario solicitó entrevistas sobre este tema a Ecuador Estratégico, Min. del Ambiente y Secretaría de Gestión Política, pero no hubo respuestas.Las comunidades que están asentadas cerca del río Napo y del Tiputini quieren ahora apostarle al turismo para tratar de frenar la explotación del ITT y el avance del horizonte petrolero dentro del Parque Yasuní. No saben si les queda tiempo. Comunidades: Firman convenios Ofertas tecnológicas Computadoras de escritorio y laptops con internet para un año dejaron las petroleras en Miwaguno. En Chiru Isla (ambos en Orellana), en cambio, dieron computadoras de escritorio, sin internet. Informe de ONG “Permitir y facilitar las operaciones y no afectar, impedir, paralizar u obstaculizar las operaciones”... “Dar todo el apoyo a la Secretaría de Hidrocarburos”, son parte de los compromisos que firmaron comunidades nativas con las petroleras, según un informe del 2012 de Acción Ecológica.

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