Las condiciones adversas que atraviesan varias mujeres en el país siembran esperanzas en las agrupaciones que trabajan con ese segmento de la población ante la posibilidad de que las 55 representantes que integrarán la nueva Asamblea sepan impulsar cambios positivos.

Varias organizaciones sociales están a la expectativa del rol que cumplirán las dignatarias, electas en febrero pasado, en el Legislativo que se instalará el próximo martes y por un periodo de cuatro años.

Será el primer organismo con una integración casi paritaria entre hombres y mujeres desde que Ecuador volvió a la democracia en 1979 (ver gráfico), pues el 40,14% de los 137 escaños serán ocupados por ellas.

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Además, será la primera vez en la historia que las tres máximas autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) serán mujeres, todas del movimiento de gobierno, Alianza PAIS (AP).

La cuota femenina genera optimismo en quienes han trabajado en defensa de los derechos, pues anhelan que las parlamentarias sepan acoger y, sobre todo, tramitar propuestas de leyes que podrían solucionar algunas problemáticas que atraviesan las mujeres.

Los pedidos apuntan a disminuir la violencia de género en el país y aumentar el acceso a la seguridad social.

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El primero puede canalizarse a través de una reforma legal y nuevos tipos penales, opinan la integrante fundadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres (Repem), Rocío Rosero, y la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Lucía Salamea Palacios.

Las dos coinciden en que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, más conocida como Ley 103, debe ser modificada para mejorar, por ejemplo, la concesión de las medidas de amparo (solicitadas por quienes denuncian violencia intrafamiliar) y el sistema de protección que acoge a las denunciantes o agredidas.

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Además, exigen que la norma no sea incluida en el Código Orgánico Penal Integral (COPI), que se debate en segunda instancia en la Asamblea.

“Tiene que seguir funcionando como un cuerpo legal especializado e independiente”, afirma Rosero, al tiempo de referir que ese fue el pedido de alrededor de 5.000 mujeres que se movilizaron al Parlamento el 28 de septiembre del 2012 para entregar sus propuestas de reformas a la Ley 103 y sus sugerencias sobre el COPI.

Rosero y Salamea aplauden que el Legislativo saliente haya tipificado el feminicidio en el Código, porque así se sancionará con cárcel a quien asesine a una mujer “por el hecho de serlo”, dice el texto.

“El feminicidio es el último escalón de todo un proceso, que empieza con maltrato psicológico, pasa por el físico y sexual, y termina con la muerte de la mujer”, apunta Salamea, quien confiesa estar preocupada por las cifras oficiales.

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Una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) efectuó en el 2011 revela que 6 de cada 10 mujeres en el país han experimentado violencia, sea física, psicológica, sexual o de otro tipo.

También muestra que del total de agraviadas, solo 15% puso la denuncia ante las autoridades y solo 10% “piensa en separarse, pero no puede hacerlo”.

La directora de la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, Ruth Gallegos, explica que uno de los motivos por los cuales ellas permanecen “en ese círculo de violencia” es porque sin su agresor se sienten desprotegidas, al no poder reclamarle al Estado que garantice ciertos derechos, como la salud.

Por eso, el pedido que este colectivo ha trasladado a la Asamblea es que reforme la Ley de Seguridad Social para concretar su carácter universal, tal como lo manda la Constitución.

“Tenemos muchas expectativas de la nueva Asamblea y vamos a observar si nuestras representantes cumplen las agendas de las mujeres”, advierte Gallegos, al tiempo de asegurar que “una de las grandes deudas” del organismo saliente es que no adaptó la normativa actual a la Carta Magna del 2008 para que así toda la población pueda acceder a la seguridad social.

Ella sostiene que la ley debe especificar que el beneficio también alcanza a las personas que realizan trabajos domésticos, donde se incluye a las amas de casa, empleadas domésticas, trabajadoras ocasionales, entre otros oficios informales o sin contratos.

Gallegos también lamenta que el pedido de establecer una jubilación especial y voluntaria para las mujeres se haya quedado “estancado” en el segundo debate. Y recuerda que la figura fue solicitada a la Asamblea en un documento que contó con 60.000 firmas de respaldo.

La delegada de ONU Mujeres en Ecuador destaca, en cambio, que uno de los legados positivos del Legislativo saliente es la creación del Grupo Parlamentario de Derechos de las Mujeres. Esta instancia se conformó el 22 de octubre del 2009 para servir de puente entre la sociedad civil y la Asamblea. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de seis parlamentarias y un legislador, según consta en la web de la institución.

Salamea asegura que este espacio de discusión permitió “visibilizar ciertas problemáticas de las mujeres” y comenta que, por ejemplo, allí surgió la idea de incluir el delito de feminicidio en el COPI.

Ella espera que el nuevo organismo retome esta iniciativa y le dé un carácter vinculante.

60,6%
Mujeres agredidas
Una encuesta del INEC (del 2011) sobre violencia de género revela que este porcentaje de mujeres ha sufrido algún tipo de agresión.

3,9%
Empleados domésticos
El sondeo poblacional del INEC (del 2010) muestra que 15.099 hombres y 209.503 mujeres se dedican al servicio doméstico.