Eduardo Bertoni: ‘Crítica a Comisión Interamericana es injusta’

Eduardo Bertoni, abogado y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Organización de Estados Americanos (OEA), es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, donde dirige el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información. A él le preocupa la constante utilización de la justicia penal contra quienes dicen cosas en contra del régimen.

Previo a la reunión de Estados Parte de la OEA que se realizó en marzo, el gobierno de Ecuador hizo una campaña para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Entre ellos, a la Relatoría para la libertad de expresión porque el derecho de libertad de expresión no está por encima de los demás derechos.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos pero no es el único derecho y nadie dice que está por encima de otros. La libertad de expresión ha sido considerada por la Corte IDH como una piedra fundamental para la sociedad democrática. Este derecho no está por encima de otros derechos, sería una idea incorrecta, y en ese sentido, el gobierno quizá tiene razón. Pero hay que darle la importancia que tiene porque si una sociedad no goza de libertad de expresión, significa que no está informada. La libertad de expresión permite el ejercicio de otros derechos y eso no quiere decir que sea más importante que otros.

En el último informe anual de la Relatoría se recoge la preocupación sobre las leyes que se debaten, como la de Comunicación, Código Penal… ¿Tiene relación con las demandas que plantea el gobierno a ciertos actores?

Es bastante habitual que la Comisión se exprese sobre estos temas cuando ve que hay legislación que pudiera estar generando posibles violaciones a derechos humanos, lo advierte de antemano. Es para decirle ‘mire se está discutiendo una legislación que está contrapuesta a los estándares internacionales, por favor revéalo’.

No es la primera vez que la Relatoría ha expresado su preocupación sobre estos articulados, incluso de las “estigmatizaciones” como cita su informe.

Hay preocupación en el uso y abuso del sistema penal por ciertas expresiones. No niego el derecho, ni del presidente ni del resto de funcionarios de expresarse, opinar, disentir cuando hay cuestiones que en la prensa no están bien expuestas. Pero esas expresiones vienen de la mano de una responsabilidad que no tiene el resto de la ciudadanía, ni siquiera los periodistas. El presidente de la República tiene una responsabilidad mayor por las consecuencias que pueden tener sus expresiones. Si estas generan autocensura deben tener el máximo cuidado.

¿Cree que en el proceso de reforma se intentó debilitar al sistema interamericano?

No hablo sobre intenciones. Lo que creo es que hubo propuestas que no fortalecían el Sistema. Entre ellas, el tema de las medidas cautelares y dejar que la Relatoría para la Libertad de Expresión no tenga su informe, es un problema porque lo que tendríamos que pedir es que más relatorías tengan más informes específicos, no que la Relatoría deje de tenerlo. A mí me gustaría ver más informes de las relatorías y no solo un informe.

También se pidió que los recursos no sean dirigidos a ciertas relatorías; o provengan de ciertas entidades, o gobiernos como el de los Estados Unidos, ya que se explicaba que la CIDH atiende a quienes hacen contribuciones.

Es una crítica injusta. ¡Es injusto decir que la Comisión atiende asuntos en función de quienes le dan los fondos! Hay sobrados elementos y evidencias de que esto no es así. Yo mismo cuando era relator, recuerdo casos de periodistas en los Estados Unidos que eran puestos en prisión por negarse a revelar su fuente y actuamos en contra de esas políticas.

Un reclamo de Ecuador se relaciona con las medidas cautelares, pues las consideraba ilegales al ser dictadas por la Comisión Interamericana; y además, se pide que se converse con el Estado antes de dictarlas.

Uno podría desarrollar un sistema en el cual, antes de emitir una medida cautelar haya una consulta con el Estado. Si se establece un procedimiento que dilate esta situación puede aumentar el riesgo de la persona. Además, decir que la CIDH debe consultar a un Estado, antes de otorgar una medida cautelar, es tergiversar su sentido.

¿Cómo ve la situación de libertad de expresión en el país, tomando en cuenta los continuos juicios contra medios, periodistas y hasta activistas?

La preocupación es la utilización de la justicia penal para perseguir expresiones críticas, que algunos lo pueden considerar que son delictivas porque son denuncias, pero, en definitiva, la utilización del sistema penal no contribuye a un clima en que la libertad de expresión pueda ejercerse libremente.