La Asamblea terminará sus funciones con lo que durante su gestión había evitado: un juicio y sentencia contra uno de sus miembros. Y podría comenzar el nuevo periodo con una baja, porque Cléver Jiménez (PK), condenado el martes pasado por injurias al presidente de la República, Rafael Correa, fue reelecto en las elecciones del 17 de febrero pasado.

En los cuatro años al actual Legislativo llegaron pedidos de diferentes jueces de la Corte Nacional de Justicia para quitar la inmunidad a Jorge Escala (MPD), Galo Lara (SP), Enrique Herrería (antes de MG) y Diana Atamaint (PK), y con ello poder tramitar las demandas de funcionarios, ministros y el propio presidente Correa en contra de esos asambleístas. Ninguno prosperó. A Jiménez no se lo sometió a ese trámite.

Los que vieron amenazada su inmunidad y que dejarán de ser asambleístas este 14 de mayo consideran que el último caso marca un precedente para dejar sin capacidad de fiscalizar a los nuevos legisladores y genera incerridumbre por lo que en el futuro pasará con esa figura.

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El asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, justificó el jueves que la jueza Lucy Blacio no haya solicitado a la Asamblea, como hicieron en su momento otros jueces, el levantamiento de la inmunidad de Jiménez. “No es facultad del legislador intervenir en denuncias maliciosas y temerarias”. Y recordó que cuando la Fiscalía involucró a Lara en un caso de triple homicidio no se requirió que se levantara su inmunidad por tratarse de un asesinato. Lara fue declarado inocente.

El analista político Felipe Burbano dice que la inmunidad es una garantía que tienen los asambleístas para el desempeño de sus funciones y que, más allá de los procedimientos, “en condiciones normales, es el Parlamento el que debe decidir si levanta la inmunidad o no”.

Considera que es posible que se haya abusado de esa figura, como se ha quejado Correa, pero para él la pregunta clave es “¿quién determina eso, el presidente de la República?”. “En este juicio hay una jueza que cree que está en condiciones de establecer que él abusó de esa inmunidad”.

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La sentencia contra Jiménez es la “estocada final” a la capacidad fiscalizadora, dice Escala, quien no fue procesado en el 2009 cuando denunció presuntos actos de corrupción en la Dirección Nacional del Servicio Educativo y su titular lo demandó. En su caso, el pedido de la Corte, recuerda, no prosperó por falta de votos, pero cree que ese panorama ya no será igual en el nuevo periodo legislativo. “Ahora, teniendo más de cien legisladores, el correísmo no dudará en promover normas para arrebatar la inmunidad”.

Lara, quien enfrentó tres de esos pedidos entre 2011 y 2012, dice que seguirá con el “silencio democrático” que ofreció tras no ganar la reelección y señala que “las nuevas autoridades son las que tienen que hablar sobre la inmunidad y sobre las denuncias”. Él y Jiménez denunciaron presuntas irregularidades en la venta de petróleo a China a través de intermediarias.

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Herrería, a quien Camilo Samán, de la Corporación Financiera Nacional, lo acusó de injurias e intentó sin éxito que se levantara su inmunidad, cree que en el caso de Jiménez hay una discrecionalidad injustificada de la jueza para determinar en qué consiste la función de un asambleísta y ve atropellada la inmunidad.

Él recuerda el artículo 128 de la Constitución, que señala: los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea. Y que para iniciar causa penal contra un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea, excepto en casos no relacionados con su gestión.

“Que uno o pocos asambleístas se excedan en su acción parlamentaria, incluso llegando al plano de la ofensa, la injuria o la calumnia, no posibilita que se cambie esta garantía absoluta”, menciona Herrería.

El presidente del parlamento, Fernando Cordero (AP), dijo el viernes, sin embargo, que ese artículo ya no incluye la figura de inmunidad, sino ciertas protecciones para la legislación y la fiscalización. Para él, la jueza Blacio aplicó bien la ley.

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Hace dos años, cuando Correa pidió a los oficialistas que se despojen de su inmunidad para acusar al entonces fiscal Washington Pesántez, Cordero contestó que “es deber de la Asamblea fiscalizar y, para hacerlo, la inmunidad es un componente indispensable e irrenunciable”.

Atamaint considera que se trata de un amedrentamiento a los nuevos legisladores, y que la diferencia de casos anteriores con el de Jiménez es el demandante: “Al parecer, más peso político tiene el pedido del presidente frente al de un ministro, que es fácilmente removible”.

Igual opina César Montúfar, a quien el presidente lo desafió a despojarse de su inmunidad cuando acusó a su abogado de intervenir en la sentencia contra EL UNIVERSO. “Siendo el presidente el interesado directamente, la intervención en la Función Judicial se hace absolutamente palpable”.

Los Casos
Jorge Escala
Caso: El 3 de diciembre del 2009, por unanimidad, la Asamblea negó el pedido de levantar la inmunidad parlamentaria de Escala, acusado de supuestas injurias emitidas contra Édison Vallejo Villacís, titular de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse). Los 116 asambleístas presentes decidieron unirse para defender la inmunidad.

Galo Lara
Caso: El 8 de diciembre del 2011 la Asamblea negó la autorización solicitada por la Corte Nacional para iniciar un juicio penal contra Galo Lara (SP), tras denuncias del presidente Rafael Correa y la ministra de Inclusión Social, Ximena Ponce, por supuestas injurias. Con 71 votos en contra, de 124 legisladores, el pleno negó el pedido y ratificó la vigencia de la inmunidad.

Enrique Herrería
Caso: El 27 de julio del 2012 la ONU recibió la queja de la Federación Nacional de Abogados contra los jueces de la Corte Constitucional que aceptaron tramitar el pedido de levantar su inmunidad, que fue solicitado por el presidente de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán, por supuestas injurias. La Asamblea ya había negado ese pedido en febrero.

Diana Atamaint
Caso: Marcela Aguiñaga, ministra del Ambiente, le inició una causa penal por supuestas injurias por un comentario que hizo sobre desvíos de fondos en esa cartera de Estado. El 2 de octubre del 2012, 66 legisladores negaron el pedido de levantar su inmunidad y aprobaron una resolución que pedía a los jueces abstenerse de iniciar causa penal por actos de fiscalización.

César Montúfar
Caso: El 24 de diciembre del 2011 Rafael Correa lo desafió a que se despoje de su inmunidad tras la acusación a su abogado de haber intervenido en la sentencia contra EL UNIVERSO. El legislador dijo que aceptaba si su denuncia era falsa, pero que si era cierta el presidente hiciera lo mismo. Correa lo consideró un desubicado por permitirse desafiarlo.

Cléver Jiménez
Caso: En agosto del 2011 acusó al presidente Rafael Correa de delitos de lesa humanidad, al sostener que fingió un secuestro el 30 de septiembre del 2010. El fiscal desestimó esa denuncia, la declaró maliciosa y temeraria, y el mandatario lo demandó. Fue sentenciado, sin que se pida el levantamiento de su inmunidad, a 18 meses de cárcel, a pagar unos $ 100.000 y a pedir disculpas.

Posturas: Asambleístas a quienes se les intentó quitar la inmunidad
Jorge Escala
MPD
“Lo ocurrido ahora es un mensaje para los próximos asambleístas, para evitar que sigan denunciando los actos de corrupción”.

Enrique Herrería
NO AFILIADO
“Que los magistrados hayan pedido antes levantar la inmunidad evidencia que el Poder Judicial no puede iniciar acciones sin ese requisito”.

Diana Atamaint
PACHAKUTIK
“Con esto se sienta jurisprudencia; si un asambleísta es demandado por injurias, no se requerirá levantarle la inmunidad”.