QUITO
.- La Contraloría del Estado inició una auditoría a los gastos que ejecutó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) para el funcionamiento de la veeduría internacional que vigiló el proceso de reforma judicial.

Hace unos quince días, auditores de ese organismo de control se instalaron en el edificio del Consejo para realizar un “examen especial” al proceso de veeduría para la reestructuración judicial de las actividades realizadas entre el 1 de julio del 2011 y enero del 2013.

Según se conoce, el objetivo es analizar los costos y gastos incurridos en la contratación, en viáticos y pasajes aéreos.

Publicidad

La instancia se creó a fines del 2011 por solicitud del presidente Rafael Correa y estuvo integrada por seis observadores: Baltasar Garzón, exjuez español y quien se desenvolvió como coordinador; Carolina Escobar (Guatemala), Margien Hornkohl (Chile), Marco García (Brasil), Rafael Follonier (Argentina) y Porfirio Muñoz (México).

Para su funcionamiento, el Ministerio de Justicia transfirió al Consejo cerca de $ 555.700, y habrían invertido $ 429.328,70, según un informe del CPC.

Entre los principales gastos están los pasajes aéreos para los seis integrantes de la veeduría, por $ 89.389, y la contratación de Carlos Poveda como coordinador nacional de la instancia, por $ 52.200, según los términos de referencia del contrato.

Publicidad

También se invirtió en la contratación de consultorías en procesos tecnológicos; cooperación técnica y económica; gestión financiera e infraestructura física, cada una calculada en $ 14.310 (aunque la única que no se había ejecutado era la de consultoría en infraestructura).

En un informe de gastos que se conoció, se constata que la mayor inversión fue en pasajes aéreos para la movilización de los seis veedores internacionales y en la contratación de empresas para que se encarguen de la logística durante las visitas de los observadores.

Publicidad

Los auditores de la Contraloría tienen un tiempo estimado de 40 días para concluir con los análisis y presentar su informe borrador.

El presidente del Consejo de Participación, Fernando Cedeño, evitó referirse al propósito de ese examen especial. No obstante, contó que ya entregó un informe final de las cuentas al Ministerio de Justicia.

Colaboración en análisis

El presidente el Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo ayer que es normal que Contraloría haga análisis de los gastos, aunque no cree que exista presunción de alguna irregularidad y aclara que la Judicatura colabora en esa investigación. “Estamos siempre prestos a colaborar con el trabajo de la Contraloría. Entiendo que está dentro de su competencia hacer esos análisis, estamos colaborando y colaboraremos en todo lo que sea necesario”.

Publicidad