Se calcula pagar a cada exmagistrado cerca de $ 200.000

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, definirá la indemnización que percibirán los 27 exmagistrados de la antes Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los siete exjueces del extinto Tribunal Constitucional (TC) que demandaron al Estado ecuatoriano por su destitución en el 2004, durante el régimen de Lucio Gutiérrez.

La Procuraduría, en representación del Estado, admitió que los derechos de estos profesionales fueron afectados y, por tanto, se allanó parcialmente a la demanda. Aun así, la CorteIDH volverá a sesionar este y el próximo mes para dictar un fallo definitivo y vinculante.

Los demandantes de ambos casos esperan que la sentencia incluya una indemnización por el daño moral causado y sea ejemplarizadora, a fin de evitar futuras acciones similares.

Mauro Terán, exvocal del TC, señaló que esperaba que la CorteIDH acogiera el pedido de la demanda para que se aplique el derecho de repetición del pago de las indemnizaciones hacia los autores de la violación. Es decir, a los integrantes del entonces Congreso y al exmandatario Lucio Gutiérrez, quienes al destituirlos violaron los derechos y el principio de independencia de los jueces.

Terán estimó que la indemnización por daños y perjuicios por cada afectado será de alrededor de $ 200.000.

El exjuez de la antes CSJ Teodoro Coello manifestó que la sentencia creará un precedente para la defensa de la seguridad jurídica y de los principios democráticos que sustentan un estado de derecho.

Coello dijo que esperaba que el fallo insistiera en la necesidad de respetar la división e independencia de las funciones del Estado y reconociera que ellos fueron víctimas de un grave atropello con la destitución.

En el caso de los jueces de la antes CSJ, tres de los demandantes ya fallecieron. Ellos son: Estuardo Hurtado Larrea, Milton Moreno y Camilo Mena; por tanto, sus viudas o sus herederos serán los que perciban la indemnización, según lo determinan las normas internacionales.

Los demandantes de la antigua Corte Suprema de Justicia plantearon el recurso ante la CorteIDH el 24 de diciembre del 2004 y los exvocales del anterior TC lo hicieron un mes después, ante dicho organismo.