Las 10 principales observaciones de la veeduría internacional

QUITO.- Informe de la veeduría internacional para la reforma a la Función Judicial de Ecuador.

Luego de trece meses de observación al proceso de reestructuración del sistema judicial, la veeduría internacional emitió serias observaciones al trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).

A fines de noviembre del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) posesionó a seis personajes extranjeros, entre ellos el exjuez español Baltasar Garzón, para que vigilaran la transparencia de la reforma que entró en ejecución luego de que el voto popular lo aprobara en el referéndum del 7 de mayo del 2011.

El proponente de este proceso fue el mandatario Rafael Correa, quien justificó la urgencia de modernizar el sistema judicial para despachar los más de dos millones de causas represadas y luchar contra la delincuencia. “Me van a acusar que quiero meter las manos en la justicia. ¡Sí voy a meter las manos, pero por el bien del pueblo!”, dijo Correa y descartó que buscara “acaparar más poder”.

La veeduría presentó su informe el 13 de diciembre de este año, en un acto oficial en la Corporación Financiera Nacional (CFN), donde Garzón develó, entre otros temas, la existencia de irregularidades en la designación de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la falta de acceso a la información sobre la asignación de contratos de obras de infraestructura, que es uno de los ejes principales de la reforma judicial.

A lo largo de estos meses se presentaron tres informes preliminares. En el último, la instancia expone más de catorce recomendaciones que “no fueron cumplidas”.

El trabajo del CJT concluye el 26 de enero del 2013. La elección del organismo definitivo está en la etapa de audiencias públicas, luego de que el pleno del CPC aceptó dos impugnaciones: una en contra de Patlova Guerra y otra contra Paulo Rodríguez y Tania Arias, actuales integrantes del organismo.

El CPC debe conocer en sesión plenaria los informes de las veedurías. No obstante, hasta la tarde de ayer no hubo ninguna convocatoria. Se conoce que la vocal Andrea Rivera pide hoy que el de Garzón sea tratado.

1. Las notas de los jueces sin explicación
Irregularidades en el concurso para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia con el aumento de puntos en las calificaciones a cuatro participantes. El asambleísta Andrés Páez hizo la denuncia.

En los casos de los jueces Mariana Yumbay y Wilson Merino se detectó que en la fase de calificación de méritos hubo incremento de puntos sin sustento. Los magistrados Lucy Blacio y Wilson Andino ingresaron dentro de los 21 mejores puntuados gracias a la entrevista personal con los tres vocales de la Judicatura.

2. Imparcialidad en el control disciplinario
Que se garantice la imparcialidad en el control disciplinario de los judiciales para alejar la amenaza de la intervención por motivos jurisdiccionales. Que ningún juez sea sancionado por interpretar la ley.

La veeduría solicita que se elabore un reglamento de evaluación de los judiciales que contengan los parámetros que garanticen su aplicación. Además que la salida del personal judicial sea justificado y pertinente, que garantice la objetividad y con mecanismos establecidos.

3. Respeto de los otros poderes del Estado
Que haya respeto y no injerencia de los demás poderes del Estado en la Función Judicial. La división de poderes no debe ser solo una teoría, sino una realidad, sin olvidar que todos son parte del Estado.

Esta observación consta en sus tres informes preliminares. La veeduría indica que la vulnerabilidad de los jueces se vería afectada no solo desde los poderes del Estado, sino también desde los sectores económicos, corporativos y mediáticos. Por eso se insiste en regular las sanciones a los jueces.

4. Revisión de la prueba psicológica
La veeduría internacional recomendó que la prueba psicológica o psicométrica debería ser un parámetro de calificación de los servidores judiciales no vinculante.

El informe señala que si un servidor judicial superó la evaluación solo debería aplicársele esta prueba si se observa alteración psicológica que afecte su desempeño profesional.

5. Contratos de obras transparentes
Por sentido de transparencia, el Consejo de la Judicatura de Transición debe publicar las fases de las adjudicaciones de obras de infraestructura, así como los avances, costos y toda la información de contratos y beneficiados.

La veeduría reclamó que no pudo verificar los procesos de contratación plasmados en el Plan de Reestructuración. Incluso solicitó al Consejo de Participación Ciudadana se contrate a un equipo de técnicos para que los asesore en el tema, pero “a pesar del reclamo” no hubo respuesta.

6. Fiscalización a cumplimiento de contratos
Fiscalización física de las estructuras que están en construcción. Pero también que se mantenga en observación el cumplimiento de los contratos: tanto de los subcontratistas como de sus trabajadores.

Propone realizar un seguimiento a la ejecución de los contratos, a fin de que se amorticen con oportunidad los anticipos y se cumplan con los términos contractuales, precautelando los intereses institucionales.

7. Casos de la Comisión de la Verdad
Reparar los derechos de los afectados por la impunidad judicial, sobre todo, de los 118 casos entregados por la Comisión de la Verdad. Esto como mecanismo de reparación con el apoyo de la Fiscalía.

La veeduría pide que a través de la Judicatura se transfiera toda la información sobre estos casos y otros más denunciados. La recomendación es que se judicialicen para que no queden archivados.

8. Control a la Policía y a las FF.AA.
Se propone la implementación de un sistema de control disciplinario y preventivo de comportamientos irregulares en la Policía. La Función Judicial debe desarrollar una jurisdicción especializada para los delitos cometidos por miembros de las FF.AA.

En el primer caso se plantea la creación de una Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que pueda investigar actos irregulares. En el caso de las FF.AA. se plantea la creación de una unidad que emita jurisdicción.

9. FF.AA. no son para seguridad interna
No utilizar a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interna. Esto pese a que la veeduría reconoce el esfuerzo del Ministerio de Defensa en la capacitación en respeto a los derechos humanos.

La veeduría recuerda que la misión de esta institución es el “cuidado y mantenimiento de la seguridad externa del Estado y la completa subordinación al poder civil”. Y subraya que son garantes de la democracia nacional.

10. Figura de sabotaje y terrorismo
Los “nudos críticos” del informe se refieren al uso de la figura judicial del sabotaje y terrorismo, en casos como el de los ‘10 de Luluncoto’ y a la criminalización de las protestas indígenas.

Reseña su inquietud por el caso de los ‘10 de Luluncoto’, que están acusados de sabotaje y terrorismo, “en una antigua ley con un supuesto hecho que no se compadece mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta”.