Además de constatar aparentes irregularidades en la selección de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el informe final que la veeduría internacional a la reforma judicial entregó el jueves pasado al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) se hacen recomendaciones para adecuar la figura penal de sabotaje y terrorismo a la legislación actual; y para fortalecer la independencia judicial. Estos tres puntos constan como “nudos críticos” de la reestructuración.

Los veedores citan el caso de los “10 de Luluncoto” –jóvenes que están acusados por el Gobierno de terrorismo– y aunque aclaran que esa instancia no es un organismo de investigación ni pretende interferir en las actividades propias de la Función Judicial, manifiestan su inquietud una vez que han conocido las imputaciones.

Los observadores internacionales dicen que la calificación jurídico penal de los hechos “se sustenta en una antigua ley y con un supuesto de hecho que no se compadece mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta”.

Con base a lo anterior se hizo la siguiente recomendación: “Poner de manifiesto la necesidad de acomodar la ley que regula el denominado delito de sabotaje, con el fin de adecuarlo a la realidad del Ecuador democrático y plural, respetando el principio de proporcionalidad de las penas y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva”.

La veeduría, luego de reuniones con organizaciones de derechos humanos y colectivos de indígenas, también ha constatado la existencia de varias reclamaciones por violaciones a tales derechos, “extendiéndose aquella calificación jurídica (sabotaje y terrorismo) a lo que podría entenderse como simples protestas sociales”.

En el apartado que la veeduría dedica a este tema, también se sugiere que “es conveniente reiterar el riesgo de extender la calificación penal referida a otros ámbitos que excedan del concepto que internacionalmente se admite como terrorismo, máxime cuando en Ecuador existen precedentes en los que se ha considerado como derecho a la resistencia, la ejecución de acciones similares, recogidas en la Amnistía 4 aprobada, en su día, por la Asamblea Constituyente”, lo cual se confirmó con sentencia de la Corte Constitucional.

Sobre la independencia de la Función Judicial, la veeduría internacional refiere que la vulnerabilidad de jueces en el ejercicio de su actividad puede tener su origen no solo en otros poderes del Estado, sino también en sectores económicos, corporativos, mediáticos, pero también puede tener un origen interno a través de mecanismos administrativos.

“Se ha acreditado que puede enmascararse acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales. Esta potencial injerencia debería ser eliminada y acogerse un sistema disciplinario pormenorizado, con cláusulas definidas y con prohibición expresa de la aplicación analógica en perjuicio del supuesto responsable”.

“Lo mismo cabe decir de las medidas preventivas de suspensión de jueces que a veces se convierten en actos estrictamente discrecionales, sobre todo cuando provienen de la revisión administrativa de una decisión jurisdiccional”, se refiere en el informe de la veeduría, que sugiere crear una ley que regule específicamente el sistema disciplinario de los servidores judiciales.

Como tercer nudo crítico del informe de la veeduría está lo relacionado con el concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Allí se señala que a la jueza Mariana Yumbay, en la fase de méritos, por la experiencia profesional, se le otorgaron seis puntos “que no merecía”. La veeduría no entiende cómo se calificó con diez puntos también a Wilson Merino, ya que este no acreditó con documentos su experiencia profesional. Y sobre los jueces Lucy Blacio y Wilson Andino se señala que los vocales del Consejo de la Judicatura no motivaron sus votos para ponerles la máxima calificación (10 puntos) en la argumentación oral de por qué querían el cargo.

La veeduría, coordinada por el español Baltasar Garzón, insiste en su recomendación de que esta no sea la última fase del concurso y que su calificación no otorgue tantos puntos.

Luego de que en mayo pasado se entregara el primer informe preliminar, Garzón intentó bajar el tono a lo que allí se recogía diciendo que no era algo definitivo y que la prensa lo había descontextualizado.

Ahora, en el informe final, se señala que este documento no busca un espacio de beligerancia política en el país, pero que “en aquellos ámbitos en los que podían haberse producido irregularidades, de ser ciertas, desmerecerían la reforma de la Función Judicial”. Y que las incidencias descubiertas se han informado no bajo presunciones o sospechas, sino “apoyadas en pruebas o evidencias que lo acreditaban”.

Otros aspectos

Desenrolamiento

En el marco de la reforma judicial estudiada, el eje de Talento Humano es el que ha generado más controversia y atención por la opinión pública, señalan los veedores. En ese contexto se indica que los desenrolamientos de judiciales han supuesto graves distorsiones familiares no perfectamente resueltas hasta ahora.

Ejes analizados

La veeduría recopiló en su informe final sus tres informes previos en los que se analizaron los ejes de Talento Humano, modelo de gestión, infraestructura tecnológica y civil y la gestión financiera.

Persiste inquietud

La veeduría insiste en recomendaciones como la indemnización a servidores judiciales separados, rediseño de salas de audiencias, transparentar información de concursos, creación de tribunales especiales para delitos del crimen organizado, entre otras.

Anexo para enero

El informe final se complementará el 26 de enero del 2013 con un anexo que analizará el último concurso para la designación de jueces, que está en marcha. Ese día finaliza la labor del Consejo de la Judicatura Transitorio.

Observaciones sobre designación de jueces

Wilson Merino

Señalamiento: No acreditó su experiencia con copias de demandas, contestaciones, alegatos y sentencias, pero el Consejo de la Judicatura le puso 10 puntos.

Wilson Andino

Señalamiento: Antes de la audiencia se ubicaba en el puesto 33 con 68,93 puntos. Luego de la prueba obtuvo 8,5 y pasó al lugar 18, desplazando a Édgar Flores.

Mariana Yumbay

Señalamiento: De la revisión de su título se constata que tenía 10 años, seis meses cuando se postuló, por lo que no merecía puntos en ese aspecto, pero le pusieron 6.

Lucy Blacio

Señalamiento: Obtuvo 10 puntos en la audiencia oral y pasó del puesto 45 al 28. Así superó a Yolanda Yupangui, que del puesto 12 bajó al 31, ya que la calificaron con 1,33