El oficialismo se filtra en Corte Constitucional, el más poderoso ente de Ecuador

La Corte Constitucional (CC) es el órgano máximo de control, interpretación y administración de justicia en esta materia. Entre sus integrantes, posesionados el martes pasado, hay excolaboradores del Gobierno y de instituciones afines. Tiene casi el mismo número de años que el retorno a la democracia en Ecuador. Su vida empezó en 1978 con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales y, al alcanzar la mayoría de edad, en 1996, se convirtió en Tribunal Constitucional (TC).Creció y, como en la vida, con los años llegaron más responsabilidades. Cumplió los treinta en el 2008 y, desde entonces, con la última Carta Política, se transformó en eso que se conoce como Corte Constitucional (CC).“Nunca, en toda la historia del Ecuador, ha existido una corte con tanto poder como la actual. ¿En qué se manifiesta ese poder? En primer lugar, en que es la intérprete única, exclusiva y autorizada de la Constitución. Quien interpreta la Constitución, interpreta, prácticamente, el sistema jurídico de un país”.Las palabras son del jurista Iván Castro Patiño, profesor de posgrado en Derecho Constitucional en las universidades Católica de Guayaquil y Espíritu Santo, y con ellas hace referencia a una de las nuevas competencias que tiene la institución.El catedrático señala que, en realidad, el primer antecedente del organismo en el país data de la Constitución de 1945. Ese año se creó un tribunal, pero con atribuciones muy inferiores a las de entidades posteriores.Desapareció al año siguiente. Parte de sus funciones pasaron, a través de una nueva Carta Política, a un consejo de Estado que, en la práctica, ejercía una especie de control de la constitucionalidad, pero con un criterio más político. Su labor tampoco se mantuvo en el tiempo.La institución no solo ha cambiado de nombre. Con los años fue creciendo en número de integrantes: de cuatro pasó a seis, de seis pasó a nueve. Fue creciendo en duración de periodos: de cuatro años pasó a nueve. Pero, principalmente, fue creciendo en atribuciones. En poder.Porque sus cambios no han sido solo de forma. Montecristi le dio funciones clave: a más de ser también el órgano máximo de interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, hoy puede revisar fallos judiciales en última instancia, una labor que le correspondía a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Las resoluciones que dictaba la desaparecida Suprema, hoy Corte Nacional, eran de tercera y última instancia, es decir, no podían ser apeladas en ningún otro organismo, pues, para llegar hasta ahí, el proceso ya debió haber pasado por un juez ordinario (primera instancia) y una corte superior (segunda). Pero con la CC cambió esta situación, a través de las llamadas acciones extraordinarias de protección.La Corte Nacional mantiene el trámite de los recursos de casación, un examen de la jurisprudencia aplicada en los juicios para analizar si cabe la anulación de la sentencia, pero una de las partes puede llegar a lo que algunos juristas llaman, informalmente, “cuarta instancia”.“Las resoluciones de la justicia ordinaria pueden ser revisadas por la Corte Constitucional, aun cuando estén ejecutoriadas. Esta corte, aun en un caso fallado en casación en la Corte Nacional, puede dejar sin efecto, si llega al convencimiento de que en esa causa se ha vulnerado un derecho constitucionalmente protegido”, explica Castro Patiño, quien destaca, además, que todas las decisiones de la CC constituyen precedentes vinculantes que tienen que ser obedecidos por los operadores de justicia.Estas nuevas competencias, según juristas consultados, son las más importantes y están en manos de un ente conformado por delegados de tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y de Transparencia. Es, además, la única institución que puede autorizar un juicio político contra el presidente de la República y emitir un dictamen, a petición del mandatario, para disolver la Asamblea por arrogación de funciones, al emplear la figura de muerte cruzada.Hoy, con 34 años encima, estrena administración. El martes recibió a los jueces que estarán hasta el 2021: nueve principales y nueve suplentes. Siete fueron propuestos por la Función Ejecutiva; siete, por la Legislativa; y cuatro, por la de Transparencia. Seis fueron parte de la anterior Corte: cuatro ocuparon estos mismos cargos durante la transición y dos eran funcionarios.Adicionalmente, siete han trabajado para instituciones del Ejecutivo y organismos afines de otras funciones del Estado, como el Consejo de Participación o la Asamblea Nacional.Ninguno tiene Ph.D., un grado de formación que deberá tener, desde el 2017, un porcentaje de los profesores universitarios. Once tienen maestrías, pero algunas en áreas como Educación Superior o Cooperación Internacional.Tampoco, según la Constitución, podrán ser removidos por quienes los designaron ni podrán estar sujetos a juicio político, pero sí a investigación y juzgamiento de la Fiscalía General y la Corte de Justicia.Para el investigador Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la CC de transición tuvo un “origen espúreo” por dos razones. Una, sus integrantes fueron nombrados en el 2007 por el llamado Congreso de los manteles, conformado por los diputados suplentes que asumieron los cargos tras la destitución –por parte del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE)– de 57 legisladores que se oponían a la consulta que definió la instalación de la Asamblea Constituyente.Basabe recuerda que, el 18 de abril del 2007, la entonces diputada Silvia Salgado, actual presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presentó un proyecto de resolución para cesar a los vocales del TC, que estaban en funciones prorrogadas y que debían decidir si fue inconstitucional o no la destitución de los legisladores. Fue así como, de una terna del Ejecutivo, el 30 de mayo llegó Patricio Pazmiño, quien ha presidido el ente desde entonces.Dos, una vez que la nueva Carta Política entró en vigencia, esos mismos integrantes se autonombraron miembros de la CC para el periodo de transición. Lo hicieron pese a que el artículo 25 del Régimen de Transición señalaba que, una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia, se organizaría la Comisión Calificadora para designar a la primera Corte.El TC interpretó la Constitución cuando aún no tenía facultades para ello, pues era una competencia de la CC, recalca Basabe. El catedrático realiza una investigación sobre tribunales y cortes constitucionales de Ecuador, Colombia y Perú.“La mayor parte de las decisiones políticas del Tribunal y la Corte, entre el 2007 y el 2010, son abiertamente gobiernistas. Los votos, en general, son 9 a 0 en favor del Gobierno, en los casos en los que evidentemente hay intereses del Gobierno”.El constitucionalista Rafael Oyarte cuestiona las contradicciones que ¬dice¬ ha mostrado la CC en sus pronunciamientos. “En una sentencia indicó que los mandatos que expedía la Asamblea Constituyente tenían rango de ley orgánica y que, por lo tanto, eran impugnables. Pero hasta ahora tenemos fallos de la misma Corte que dicen que los mandatos constituyentes son decisiones de la Asamblea y que no son impugnables”, refiere.Otro aspecto que observa es el distinto tratamiento que, en los tiempos de resolución, reciben los casos, pues hay unos que llevan más de tres años sin resolverse. “La Corte saliente dejó pendientes temas importantes, como el decreto de renuncia voluntaria obligatoria de los funcionarios públicos o la anterior reforma tributaria, la de los denominados impuestos verdes”.El jurista Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), concuerda y menciona otros ejemplos que, según él, permiten colegir que la CC ha sido afín a las tesis del Ejecutivo.Uno, la inmediata calificación de las preguntas del referéndum del 7 de mayo del 2011. Dos, el criterio sobre el carácter no vinculante de la consulta prelegislativa. Tres, la ambigüedad que, en materia de libertad de información, se mantiene en el Código de la Democracia. Tres, la eliminación del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establecía que cualquier reforma a este texto se publicaría en el Registro Oficial, sin pasar por el Ejecutivo; en la práctica, esto le permitió a Rafael Correa vetar los cambios planteados por la Asamblea.“Con eso se bloqueó la fiscalización. Rafael Correa dijo que esa ley, que reglamenta procedimientos de una función distinta, tenía que pasar por el veto del presidente de la República, cuando lo doctrinario, jurídico y constitucional decía que no”.Para Castro Patiño, las nuevas atribuciones de la CC constituyen un avance en la materia y dice más bien que, como ocurre con cualquier ley, si hay manipulación del poder, se reflejarán resultados contrarios a los buscados. “Se trata de blindar, de los poderes públicos, la conformación de estos organismos. En el caso ecuatoriano, teóricamente se ha dado un cambio en ese sentido, a través de las veedurías y los concursos. Que, en la práctica, eso no haya funcionado es lamentable, pero teóricamente eso debió haber sido así. Se trata de perfeccionar el sistema, lo mismo que la democracia”.Fabián Marcelo Jaramillo Villa Delegado del Legislativo. Ha trabajado en Senplades desde el 2007: primero como asesor y director (e) de Relaciones Internacionales; desde el 2011, como coordinador jurídico.Ruth Seni Pinargote Delegada del Ejecutivo. Entró al Tribunal Constitucional por designación del Congreso del 2007. Fue jueza de la Suprema (1995-1996) y vocal alterna de la Judicatura (1998-2003).Tatiana Ordeñana Sierra Delegada del Ejecutivo. Integró el Consejo de Participación desde el 2010. Ha trabajado como directora del INFA en Guayas (2009) y asesora en el Ministerio del Litoral (2008).Carmen Maldonado Sánchez Delegada de Transparencia. Entre el 2007 y el 2008 fue abogada de la Procuraduría; luego, procuradora del IESS (2008) y asesora del Consejo de Participación (2010-2012).Patricio Pazmiño Freire Delegado del Ejecutivo. En el 2007 coordinó la elaboración del estatuto de la consulta en la que se definió la instalación de la Constituyente. Desde ese año integra el Constitucional.Manuel Ignacio Viteri Olvera Delegado del Ejecutivo. El Congreso de los manteles lo ratificó en el Constitucional en el 2007. Era cercano al PRE, que apoyaba al régimen. Fue asesor en la Pichicorte.Antonio José Gagliardo Loor Delegado de la Función de Transparencia. Como fiscal del Guayas desechó el caso Chucky Seven. Antes había intentado ser fiscal general, pero ganó Galo Chiriboga.Wendy Piedad Molina Andrade Delegada de la Función de Transparencia. En el 2010 ingresó a la CC como asesora del presidente Patricio Pazmiño. Desde el 2011 trabaja en el área de capacitación.Alfredo Tirso Ruiz Guzmán Delegado del Legislativo. Integró la Comisión Especial de Modernización del Conesup que el Ejecutivo conformó en el 2007 para la modernización de la legislación nacional.Jueces suplentes Libia Rivas Ordóñez Delegada del Legislativo. Asesora desde el 2008 a la Asamblea. En el 2011 fue nombrada prosecretaria general de la Asamblea.Édgar Zárate Zárate Delegado del Ejecutivo. Ingresó al Constitucional con el llamado Congreso de los manteles, en el 2007. Había sido vocal de la Judicatura (2006).Berenice Pólit M. Delegada del Ejecutivo. Fue asesora del Constitucional desde 1998 hasta el 2010, cuando pasó al área de capacitación.Hernán Rivadeneira J. Delegado del Legislativo. En el 2007 fue nombrado vocal del antes Tribunal Supremo Electoral (TSE) en representación de la alianza PAIS-PSFA.Fanny Correa Defaz Delegada del Legislativo. Fue jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Pichincha (2010-2011), asesora de la Presidencia de la Corte (2009).Universi Zambrano R. Delegado del Ejecutivo. Ha sido Embajador en Cuba (periodos 2005-2006 y 2007-2009), en El Salvador (2010-2011) y en Belice (2011).Carlos Jaramillo Díaz Delegado del Legislativo. Fue procurador del Distrito Metropolitano de Quito entre agosto del 2000 y febrero del 2009. Luego fue concejal.Vicente Ormaza Torres Delegado de la Función de Transparencia. Se desempeñó como fiscal de El Oro desde el 2010 y antes, desde el 2009, como fiscal del Guayas.Tito Mendoza Guillén Delegado del Legislativo. Fue magistrado de la denominada Pichicorte, nombrada por una mayoría oficialista en diciembre del 2005.

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