Los militares no quedaron al margen de la irregularidad cometida con la falsificación de las firmas por parte de las organizaciones políticas para su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ayer, el suboficial del Ejército Franklin Bedón y el uniformado en servicio pasivo Carlos Mena fueron dos de los varios integrantes de esa fuerza que se presentaron ante la Fiscalía de Pichincha para denunciar la suplantación de sus firmas.

Ambos, según la denuncia, constan como adeptos al movimiento Vive, del exconcejal de Quito Antonio Ricaurte. De acuerdo con la Constitución, los miembros de la Fuerza Pública: policía y militares no pueden inscribirse, ser afiliados o adherentes de partidos o movimientos políticos.

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Esa disposición fue el sustento de las denuncias que plantearon los militares.

De acuerdo con Bedón, el martes anterior los efectivos de su Fuerza recibieron el pedido para que revisen la página web del CNE y, de aparecer ligado a algún grupo político, presenten la denuncia correspondiente.

Ayer, en la Fiscalía de Pichincha se generó una congestión en el servicio de recolección de denuncias debido a la alta concurrencia de la ciudadanía. Según los datos de ese organismo, se receptan alrededor de 1.200 denuncias diarias.

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Por esta razón, el fiscal general, Galo Chiriboga, pidió disculpas a la ciudadanía y ofreció resolver el problema hasta la tarde de ayer. “Resulta contradictorio que a las personas que les falsificaron la firma tengan esas dificultades para ejercer su derecho”, dijo.

Ratificó su idea de abrir expedientes por cada una de las denuncias que se presenten, porque así lo determina la ley. De ese modo negó la posibilidad de acumular los expedientes para facilitar su trámite.

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No obstante, pidió a la ciudadanía ingresar a la página web del CNE para que presenten sus denuncias digitalmente. Con ello, dijo el fiscal, las personas no necesitarán de un abogado que los represente, considerando que en las causas penales no necesariamente se requiere la presencia del denunciante.

El jurista Santiago Guarderas discrepó con el criterio de Chiriboga respecto de la imposibilidad de acumular las denuncias. De acuerdo con la legislación vigente, algunas de las miles de denuncias deberán acumularse en función de las coincidencias en las infracciones, porque la ley lo permite, dijo.