QUITO
.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) suprimirá de sus registros al movimiento o partido político cuyos directivos hayan incurrido en el delito de falsificación de las firmas de formularios de adhesión o de las fichas de afiliación presentadas para su inscripción.

La advertencia la hizo el sábado pasado el presidente del CNE, Domingo Paredes, tras conocerse cientos de quejas de ciudadanos que constan en el registro electoral como afiliados o adherentes a agrupaciones políticas sin haber manifestado su intención de serlo.

El pasado jueves, Paredes presentó en la Fiscalía General una denuncia al respecto, adjuntando el caso de 297 funcionarios del organismo.

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"Si se verifica el cometimiento de un delito por parte de directivos de organizaciones políticas para engañar al sistema electoral, al sistema político y a la democracia del país, esa organización será suprimida de los cuadros del CNE", dijo.

Por esa razón, el pleno del Consejo -que se reunió en Galápagos- resolvió iniciar un proceso de revisión manual de las firmas que constan en los registros electorales.

Este deberá cumplirse hasta el 17 de agosto próximo, como consta en el calendario electoral vigente, aunque no se descarta ampliar ese plazo.

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Con ese objetivo, se planifica un operativo a gran escala, que prevé incrementar el número de técnicos, digitadores y equipo de computación a fin de procesar la información.

Dicho trabajo se realizará en forma pública, en un amplio coliseo y contará, además, con veedores nacionales e internacionales, señaló Paredes.

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En paralelo, el CNE trabajará en una auditoría informática interna para determinar si existió o no un mal manejo de su base de datos y, de ser ese el caso, identificar a los responsables del delito.

El CNE tiene previsto solicitar hoy a las organizaciones políticas inscritas o en proceso de inscripción que remitan los nombres y apellidos de las personas responsables de la recolección de firmas y, de contar con esta información, de las supuestas empresas fantasmas que podrían estar involucradas en la falsificación de firmas.

Las sanciones a los responsables dependerán de las investigaciones que realice la Fiscalía y de las resoluciones que tomen los jueces, dijo Paredes.

El funcionario añadió que ciudadanos podrán solicitar que se los excluya de la nómina de afiliados o adherentes a una organización política si sus datos fueron falsificados.

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El mandatario denunció la existencia de empresas dedicadas a la venta de firmas a "políticos sin escrúpulos"; estas, aseguró, habrían "robado bases de datos de algún lado y pusieron cualquier firma".

Sin embargo, afirmó que su movimiento, Alianza PAIS (AP), no está involucrado en esos hechos irregulares.

Explicó que los casos en que ciudadanos aparecen como adherentes de AP sin su autorización son parte del "margen de error natural" que se da cuando, por ejemplo, se digita mal algún número de las cédulas.

Juan Carlos Solines, director del movimiento Concertación, cuestionó que el mandatario culpe a los nuevos movimientos de las supuestas irregularidades cuando "en las redes sociales cientos de ciudadanos denuncian a Alianza PAIS".

Solines afirmó que "esto es un tongo porque se quiere, de manera selectiva y por órdenes del Gobierno, sacar a algunas organizaciones políticas".

Alfredo Serrano, de la cúpula del PSC, indicó que el culpable de este "escándalo" es el CNE porque es el único órgano que está facultado para verificar las firmas y, además, porque tiene acceso al padrón electoral y a los registros de afiliación. Esa información privilegiada no la tienen los partidos.

Abdalá Bucaram Pulley, director del PRE, insistió en que todos los vocales del CNE deberían ser enjuiciados penalmente por el delito de suplantación de identidad.

Mientras que Gilmar Gutiérrez (SP) dijo que esta semana mostrará al país la serie de oficios que remitió al CNE y las respuestas que recibió respecto a las firmas que fueron eliminadas como parte de las adhesiones al PSP.

Hasta el momento, agregó el legislador, el organismo electoral no remite los datos de las 100 mil personas que no ingresaron a los registros del partido porque supuestamente ya estaban registradas en Alianza PAIS.

Irregularidades detectadas

Consejeros afiliados

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Paúl Salazar, y los consejeros Juan Pablo Pozo y Magdala Villacís constan en la lista de 297 funcionarios de ese organismo, cuyas firmas fueron falsificadas para registrar a partidos y movimientos políticos. "Ningún funcionario puede ser afiliado o adherente y para verificar esto hacemos periódicamente revisiones", dijo Salazar. Fue así que se detectó que los propios empleados del Consejo aparecen en grupos políticos.

Examen grafológico

Ante el descubrimiento de que los empleados del CNE aparecían como militantes políticos, este organismo impulsó el jueves una denuncia en la Fiscalía. El consejero Juan Pablo Pozo denunció la falsificación de su firma, al parecer por los movimientos Suma y Equipo. La alteración fue confirmada por dos exámenes grafológicos elaborados por un perito del CNE y por otro independiente. Las firmas analizadas fueron escritas por diferentes personas, concluyeron.

Los responsables

El consejero Juan Pablo Pozo dijo que también se pidió un peritaje a la rúbrica del vicepresidente del CNE, Paúl Salazar. En ese caso, agregó, se identifica a una ciudadana de nombre Pilar Núñez como la responsable del formulario en el que se falsificó la firma de este funcionario. Aunque aclaró que eso no quiere decir que esa persona pueda ser la autora de la supuesta falsificación de firmas, deberán responder quienes garantizaron la legitimidad de las rúbricas registradas.

Se pide nombres

El movimiento político provincial Salud y Trabajo, cuyas firmas aún están pendientes de convalidación, exige al CNE que antes de que concluya ese proceso de verificación, este 17 de agosto, le entregue los nombres de los más de 54 mil ciudadanos que no fueron considerados como adherentes por haber dado supuestamente sus firmas a otras organizaciones legalizadas con anterioridad. A esta agrupación le faltaban 6.319 firmas, según el ente electoral.