El barril de crudo ecuatoriano, que en abril se vendió a un promedio de $ 112, cayó 27 dólares y está en $ 86. El Gobierno de manera inmediata reintrodujo controles a las importaciones: señaló cupos y aumentó aranceles.

¿Acaso se encuentran frágiles las cuentas externas y fiscales?

Al contrario, están robustas. En cada mes del presente año para los que hay cifras oficiales, esto es enero-abril, hubo un superávit en la cuenta comercial (más exportaciones que importaciones). El superávit acumulado del cuatrimestre es 656 millones de dólares. Hay salud comercial.

En la cuenta única del Tesoro en el Banco Central hay depositados 1.962 millones de dólares, el doble que a principios de año. Lo que no debe sorprender, ya que en enero-abril el Gobierno percibió ingresos petroleros por 700 millones de dólares por encima de lo que preveía el Presupuesto. Hay colchón fiscal.

Pero ¿es 87 dólares el barril un precio para preocuparse? ¿Apunta a un deterioro de la economía?

En absoluto. El Presupuesto del Estado se armó previendo ingresos petroleros generados por un precio promedio del barril de petróleo de US$ 79,7/b, o sea, menor a lo que se prevé promediará el petróleo en el resto del año.

A lo que hay que sumar las mejores recaudaciones tributarias dado el reciente aumento de los impuestos, sobre todo el que grava al comercio exterior. Además que el Presupuesto contempla gastos suntuarios que pueden recortarse de ser necesario.

Las medidas no son necesarias. Parten de una visión ideológica: El Estado sabe mejor que el ciudadano cómo este debe gastar su plata.

Al Gobierno le molesta que la gente con su dinero quiera comprar automóviles, televisores plasma y, peor aún, whisky escocés. Por lo tanto, restringe las importaciones.

El celular es una herramienta de trabajo, que tiene la peculiaridad de estar en proceso de evolución acelerada. ¿Por qué restringir el derecho del ciudadano a acceder a un mejor celular? ¿Acaso los funcionarios públicos no cambian sus celulares?

El Gobierno gasta cada centavo que llega a sus manos. La plata entra a la economía, expande la demanda, la economía crece, algo que el Gobierno estimula y desea. Pero, inevitablemente, buena parte de esa demanda va a productos importados o de producción nacional que tiene componentes importados. Lo que no gusta al Gobierno.

Es inevitable que la mayor demanda estimule el crecimiento de las importaciones. Incluso en Estados Unidos, que tiene la capacidad de producir todo lo que le venga en gana, la expansión de la demanda hace crecer las compras externas.

Si no fuera así, el exceso de demanda por bienes y servicios resultaría en alza de precios.

El Gobierno, así como quiere determinar cómo el ciudadano gasta su plata, quiere decidir cómo las empresas manejan sus negocios. Ese micromanejo resulta en trabas para la economía, puesto que el Gobierno no puede conocer al detalle las necesidades de cada negocio.

Hay productos sujetos a cuotas que son insumos para las industrias nacionales. Hay empresas cuya actividad las autoridades vienen de complicar.

El exceso de regulación afecta la competitividad. En lugar de más trabas, el Gobierno debería delinear políticas claras que estimulen la inversión tanto nacional como extranjera.