El Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) dejó listo ayer, para su publicación en el Registro Oficial, el texto definitivo del Reglamento Disciplinario para los Abogados en libre ejercicio.

El documento, según Tania Arias, vocal del CJT, se conocerá en esta misma semana, una vez que entre en vigencia.

Según la funcionaria, el reglamento aprobado ayer –que no fue conocido– establece un máximo de seis meses de suspensión para los abogados que incurran en fraudes procesales, dilaten causas y presenten recusaciones sin fundamento.

En horas recientes, dijo Arias, se hicieron los últimos ajustes a las nuevas normas cuya redacción, a su juicio, garantiza los derechos de las personas que reciben patrocinio jurídico, así como de los abogados que puedan ser sujetos de acciones disciplinarias.

El reglamento, sin embargo, no es bien visto por los gremios. El Colegio de Abogados del Guayas, por ejemplo, tenía previsto enviar ayer un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pedro Granja, secretario del gremio en Guayas, dijo que esperarían a que se aprobara el reglamento, como en efecto sucedió, para hacer la solicitud ante el organismo regional.

Los abogados planean, además, presentar un alcance a la denuncia que remitieron hace dos semanas a la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados, al considerar que con esta medida se irrespetan tratados internacionales de los que Ecuador es signatario, referentes a la no intervención estatal en el ejercicio privado de los profesionales en Derecho.

Los abogados no tenían conocimiento de cómo quedó el reglamento, pero aseguran que se trata del mismo que propuso como borrador el fiscal general, Galo Chiriboga.

En ese documento se establecía como causales de sanciones, además de dilatar procesos, el dar declaraciones a los medios de comunicación u opinar sobre un juicio en marcha.

Granja recordó que ellos impugnaron hace tres años la inconstitucionalidad de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial que permite al CJT sancionarlos y aún esperan una respuesta de la Corte Constitucional.