“El Estado ecuatoriano no tiene antecedentes de incumplir las decisiones vinculantes de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) y en general de la jurisdicción internacional”, afirmó el procurador Diego García Carrión, refiriéndose al fallo que ese organismo de justicia tiene previsto dictar en la demanda que interpuso la comunidad Sarayacu (Pastaza).