Es poco probable que el presidente de la Asamblea pueda incluir en el orden del día de este martes la votación la ley de comunicación. Esta se irá aplazando mientras las cuentas no cuadren porque el Gobierno no está dispuesto a arriesgarse a una derrota. Pero, como la oposición tampoco alcanza el número necesario, es probable que esa ley siga disfrutando de las comodidades del limbo en que se encuentra. Así se mantendrá hasta que aparezcan unos cuantos asambleístas que, con sus bolsillos llenos de patriotismo, le den al presidente del Legislativo la seguridad de que la sesión no se le irá de las manos.

No deja de sorprender que se haya llegado a esta situación, especialmente si se considera que Alianza PAIS ha demostrado a lo largo de más de cinco años buena capacidad para sumar los votos que le faltan para la mayoría absoluta. Las explicaciones no se encuentran principalmente en el fortalecimiento de la oposición, sino en las acciones del Gobierno y de su bancada. Es innegable que el tema tratado es altamente sensible y que el contenido y la orientación del proyecto de ley pueden ser inaceptables para muchos legisladores. La posible pérdida de libertades es algo que pone a pensar a cualquier persona, mucho más si es alguien que sabe que su futura trayectoria dependerá en gran medida de su exposición ante las cámaras y de su acceso a los micrófonos. Por tanto, sus posibilidades se reducirían sustancialmente si permitiera, con su voto, que el Gobierno –este o cualquier otro– controle directa o indirectamente los medios. Por consiguiente, junto a la defensa de principios básicos de la libertad de expresión, en varios asambleístas habrá predominado el cálculo de sus propias posibilidades hacia el futuro.

Pero es altamente probable que la causa central del temor de los asambleístas se encuentre en la modalidad desarrollada por el Gobierno y su bloque legislativo para el trámite de las leyes. Básicamente, esta ha consistido en llegar a acuerdos en la Asamblea para alcanzar la mayoría. Sin embargo, utilizando la facultad de veto del presidente de la República, esas leyes han sido cambiadas –muchas veces en aspectos sustanciales– y cuando han regresado a la Asamblea ha sido imposible contar con los votos para mantener la posición original. Consecuentemente, de acuerdo a esa modalidad, los acuerdos y las decisiones de los asambleístas pierden sentido y quedan como una tomadura de pelo para quienes se prestaron al juego.

Solo hay tres formas para sacarla de ese limbo y devolver la confianza a los asambleístas que se sienten utilizados. Una es que el presidente de la República sea parte explícita del acuerdo legislativo, lo que le obligaría a establecer compromisos acerca del alcance de su veto. Otra es que los asambleístas de Alianza PAIS se comprometan firmemente a mantener la posición inicial para resistir el posible veto presidencial, lo que sería interpretado como desacato a su jefe. Ambas son imposibles, de manera que queda la tercera, que es la vieja práctica del intercambio por prebendas y favores.