La saga de Chucky Seven, como la califica el presidente Rafael Correa, se hizo pública el 6 de septiembre cuando el abogado de este Diario, Joffre Campaña, denunció que la sentencia del juez temporal Juan Paredes no se la hizo en su juzgado sino afuera y que se la copió a su computador a través del usuario Chucky Seven.

Un mes y medio antes, Paredes se había atribuido la elaboración de la sentencia de 3 años de prisión contra los directivos de este Diario y el editorialista Emilio Palacio, además del pago de $ 40 millones al presidente Rafael Correa.

Lo había hecho en menos de 33 horas en que tomó posesión del cargo, sustanció la audiencia de juzgamiento, estudió más de 5.000 hojas del expediente, escribió 156 carillas de la sentencia, notificó a las partes y se retiró del cargo.

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Con su dictamen, Paredes dejó el anonimato en el que se había mantenido desde que llegó a la función judicial, en agosto del 2007 como juez undécimo de lo penal de la Corte Provincial del Guayas.

Los documentos que Paredes presentó en esa fecha le atribuían como experiencia, además de haber sido abogado de algunos municipios, el haber trabajado con Viterbo Zevallos Álcívar, quien para entonces se desempeñaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El mismo Paredes lo reconoció el año pasado: “Con la única persona que yo he laborado, es con el Dr. Viterbo Zevallos Alcívar”.

Paredes señaló que su estudio quedaba en el sitio donde funcionó el Estudio Jurídico Z, de Viterbo Zevallos, en el edificio Plaza, en las calles Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre. Ahí laboró Paredes hasta el 2005, según aclaró a este Diario Zevallos.

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Zevallos no figura entre las referencias personales de Paredes. Quien sí figura es Gutemberg Vera, abogado del Presidente Correa. “Nunca conocí que me tenía como referencia, me entero ahora, pero me lo presentó el maestro, el doctor Zevallos”, dijo Vera.

Paredes también señaló en el 2007 que ha sido asesor de compañías y ha asesorado a municipios en contrataciones públicas. La prensa oficial lo incluyó, en diciembre del 2010, en una lista como deudor de lo que Rafael Correa llama “la banca corrupta”.