Human Rights Watch dice que Gobierno restringe libertades

AFP
EL CAIRO.- Ecuador mantiene vigente leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa, señala el informe anual de Human Rights Watch (HRW) que fue divulgado ayer.

"Las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos", indica el reporte de la ONG de derechos humanos.

HRW indicó que a ello se suma un proyecto de Ley de Comunicación, presentado por el oficialismo de izquierda a la Asamblea, en el que algunos artículos "podrían abrir la puerta a la censura de los medios".

Dicha iniciativa, aprobada por vía referéndum en mayo del 2011, propone un consejo que sancione la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, lo que HRW considera "términos vagos que podrían conducir fácilmente a castigar a los medios críticos" del Gobierno.

El informe sostiene que bajo la actual legislación los periodistas pueden enfrentar penas de hasta dos años de cárcel por desacato (irrespeto a la autoridad), y cita un documento de la ONG local Fundamedios, según el cual cinco reporteros fueron condenados por difamación desde el 2008, mientras que 18 enfrentan cargos similares.

HRW menciona en particular el caso del Diario EL UNIVERSO, cuyos tres directivos y el periodista Emilio Palacio fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a Correa, que los demandó como ciudadano común por injurias calumniosas.

Una audiencia de casación tendrá lugar el martes en este juicio, interpuesto a raíz de una columna en la que Palacio llama a Correa dictador y le advierte que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad.

"El presidente Correa con frecuencia reprende periodistas y medios de comunicación que lo critican y ha llevado personalmente a los periodistas a la Corte por supuestamente difamarlo", sostiene la organización.

HRW también asegura que las reformas aprobadas en el referéndum del 2011 "podrían incrementar el poder del Gobierno para constreñir a los medios e influenciar el despido de jueces", en el marco de una reestructuración del sistema judicial que hasta el año pasado tenía represadas 1,2 millones de causas.

Asimismo, la ONG cuestiona los cargos de terrorismo contra indígenas envueltos en sabotajes durante protestas contra la explotación petrolera y minera, y denuncia que la impunidad por los abusos policiales sigue "muy extendida".

Control de medios

Para Human Rights Watch (HRW), la política del gobierno de Venezuela es controlar a los medios de comunicación independientes y al sistema judicial con el objetivo de silenciar a las voces opositoras.

Política de gobierno

La directora de Comunicación de la ONG, Emma Daly, denunció que los medios son "vulnerables y la justicia está comprometida" con las autoridades. En cuanto a los medios de comunicación, Daly dijo que el gobierno de Hugo Chávez ha mostrado "una política de atacar a los medios independientes con cualquier ley que pueda utilizar y con normas para silenciar la disensión y acallar las voces contrarias al gobierno".

Opiniones

José Ayala Lasso
'El país está siendo estudiado por la conducta del Gobierno'
Para José Ayala Lasso, exalto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se puede anticipar que la conducta de los derechos humanos en Ecuador enfrenta tal situación que organizaciones reconocidas en el mundo como Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresan su preocupación por los Derechos Humanos.

"Es impactante a nivel internacional observar casos como el de Diario EL UNIVERSO, en que el presidente de la República, Rafael Correa, inició un juicio a título personal.

Un grave crimen de Estado, con decenas de años de lucha, fue reconocido y castigado con un millón de dólares mientras que él demanda por 40 millones por una presunta injuria es algo que ha escandalizado internacionalmente.

Se ha manifestado la falta de respeto a los derechos humanos que existe en Ecuador y deja en evidencia que el país es estudiado desde fuera por la conducta interna del Gobierno".

Santiago Guarderas
'Ecuador no cumple con la Convención Derechos Humanos'
Según Santiago Guarderas, director de la Clínica de Derechos Humanos Universidad Católica de Quito, la preocupación señalada por esta organización es real porque las libertades están en riesgo, fundamentalmente la libertad de expresión, mediante el proyecto de Ley de Comunicación y el Código de la Democracia, que quieren establecer mordazas para evitar opiniones críticas contra el régimen. Eso es causa de conmoción internacional porque no se justifica que un régimen, llamado democrático, atraviese y genere estas situaciones.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -junto a la Relatoría de la Libertad de Expresión- han mostrado y hecho conocer los estándares que deben considerarse en las sociedades democráticas, y la necesidad de adecuar las normas, acciones estatales a esos principios de respeto, pero las acciones gubernamentales nos coloca como incumplidores de la Convención Americana de Derechos Humanos", asegura.

Farith Simon
'Ese informe contextualiza muy bien la situación del Ecuador'
Farith Simon, director de la Clínica de Derechos Humanos Universidad San Francisco de Quito, asegura que el informe de Human Rights Watch es equilibrado, marca con precisión los temas generales de preocupación sobre violaciones o amenazas concretas a los defensores de los derechos humanos, además señala el contexto y entorno de peligros.

Explica cómo investigaciones policiales, que han llevado un largo tiempo, se contraponen a otras investigaciones, impulsadas desde el Gobierno, que han sido eficiente y rápidamente resueltas por la misma policía.

Detalla además el trámite de la nueva Ley de Comunicación, habla de sus ventajas, pero también del lenguaje ambiguo que se utiliza y puede incidir en el castigo a los medios y periodistas.

El informe está contextualizado y es lo importante, explica que las violaciones en casos concretos no son temas aislados sino que hay una autoridad que las facilita.