Hoy se cumple una semana desde que el Ministerio de Relaciones Laborales dispuso la compra de renuncias de más de dos mil empleados públicos de distintos sectores estatales a nivel nacional.

Una de las últimas reacciones por esa medida fue la del defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, quien pidió explicaciones al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.

Gutiérrez precisó que ha hecho un pedido formal al secretario de Estado para que entregue la documentación correspondiente a los despidos en al menos catorce entidades que forman parte de la función Ejecutiva. “Hemos pedido que explique cuál es la situación de los trabajadores. La respuesta del ministro es una obligación y en cuanto contemos con la información correspondiente veremos qué acciones tomar”.

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Desde el viernes anterior, 2.700 funcionarios de hospitales públicos, de centros penitenciarios, de los ministerios de Salud, de Recursos No Renovables, de Transporte, de Vivienda, entre otros, han sido sacados de sus puestos con argumentos que van desde supuestos actos de corrupción hasta mala atención al usuario o ineficiencia, según han expresado Espinoza, la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, y el presidente de la República, Rafael Correa.

Según Espinoza, los despidos se apegan al artículo 47, literal k), de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), aprobada en septiembre del 2010, que cita que “una de las causales de cesación de funciones es por compra de renuncias con indemnización”.

Esta medida se hizo efectiva con el Decreto Ejecutivo 813, emitido el 7 de julio pasado, en el que se dispone la compra de renuncias obligatorias para los servidores públicos.

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En las notificaciones de compra de renuncias, que los trabajadores y sindicatos han tomado como “despidos”, se argumenta como base legal para ese propósito el mencionado Decreto Ejecutivo y el artículo 47 de la Losep.

Sin embargo, para el defensor del Pueblo, esto se trata de “despidos masivos”. Acotó que “emplear otros términos no oculta de ninguna manera la naturaleza de estas medidas”.

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La incertidumbre por los despidos continúa en provincias como Esmeraldas, donde más de cien empleados públicos han sido notificados del cese de sus funciones.

Uno de esos casos lo protagonizó Víctor Chichande Angulo, de 53 años de edad, quien se negó a firmar el acta de recepción de su separación del cargo como guardia de seguridad en la Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas.

Chichande contó que al terminar su turno, el lunes pasado, le llegó la notificación que ponía fin a sus 24 años de servicio y en medio de una discusión por negarse a firmar sufrió convulsiones y sangrado por nariz y boca. Fue ingresado a la sala de urgencias del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Gerónimo Roca Nevárez, secretario de Justicia de los Trabajadores de la Salud en Esmeraldas, dijo que todos los notificados en esa entidad son contrarios al actual director provincial de Salud, César Díaz.

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A los separados en esta entidad, 45 en total, se les dijo que el próximo 11 de noviembre deberían presentarse en la Inspectoría del Trabajo de Esmeraldas para que firmen en acta de finiquito y se dé por finalizado su relación laboral.

Mientras tanto, en Riobamba, diez funcionarios de la Gobernación de Chimborazo, fueron notificados con sus renuncias.

Ermuy Calle, recién posesionado como gobernador, dijo desconocer del proceso de desvinculación, del que se enteró recién al asumir el cargo.

Reclamos: ACCIONES LEGALES

Recurso de protección
Un grupo de exservidores públicos que el pasado viernes fue obligado a renunciar a sus funciones, presentó el lunes pasado un recurso de protección ante la Corte de Justicia del Guayas con la finalidad de que se los reintegre a sus puestos de trabajo. Son en su mayoría médicos, enfermeras, especialistas y personal administrativo del hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.

Otras medidas
El Colegio de Médicos de Pichincha también anunció medidas jurídicas nacionales e internacionales en contra de la decisión del Ejecutivo y de la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, por relacionar las compras de renuncias obligatorias en el sector público con actos de corrupción.