El asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD) Jorge Escala denunció un presunto caso de corrupción en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) en una exportación de pimienta negra realizada a Venezuela.

El pasado miércoles el legislador hizo público un informe de la Unidad de Vigilancia Aduanera (UVA), donde se señala que en la orden de embarque de la CAE 028-2010-15-057494, se autorizaba a la empresa Privatum Management Prinage S.A. para que exportara a Venezuela 100 toneladas de pimienta negra por $ 685.000.

Sin embargo, al revisar uno de los cuatro contenedores que la empresa había solicitado mediante una orden de embarque, determinó que este solo llevaba 120 kilogramos de pimienta y al realizar el análisis del peso se determinó que solo 340 kilogramos salieron del país con destino a Venezuela y no las 100 toneladas declaradas.

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El informe de la UVA entregado a las autoridades del Senae concluye que “se estarían realizando exportaciones ficticias hacia Venezuela”, y que “el control a las exportaciones por parte del Servicio Nacional de Aduanas es muy limitado”.

Además recomienda que el departamento técnico del Senae realice una investigación minuciosa a todas las empresas que han exportado a Venezuela desde el 2008.

Escala indicó que casos como estos solo serían el inicio de lo que podría significar una red de lavado de activos que la está investigando, pues la empresa Privatum Management Prinage, según la información pública del Servicio de Rentas Internas, no ha cancelado impuestos durante los años 2007, 2008 y 2009, pero en el 2010 aparece con exportaciones que superan los $ 14 millones, dijo.

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Además, según registro de la Superintendencia de Compañías, la empresa se dedica a la comercialización de textiles y no a las actividades agrícolas.

Escala aseguró que hay otros casos de exportaciones ficticias a Venezuela como tejidos de fieltro, madera teca y otros.

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El director general de la Senae, Santiago León, calificó de irresponsable la denuncia hecha por el asambleísta Escala porque la investigación la hizo la propia Aduana y fue dada a conocer en marzo pasado.

Agregó que no se trata de una evasión tributaria, ni un perjuicio para el Estado. “El delito podría darse en Venezuela, por ello cuando detectamos la irregularidad enviamos una carta a la embajada para que realicen sus investigaciones”.

El caso está ahora en indagación en la Fiscalía.