La Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayaquil concedió el trámite de casación a C.A. EL UNIVERSO y a sus directivos en la causa que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, sigue contra ellos y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio.

En el caso de Emilio Palacio la Sala resolvió, por mayoría, que para él la sentencia de primera instancia ha quedado ejecutoriada. Esta decisión crea una artificiosa división de una sentencia en la que hay varios acusados, en un caso en  que los argumentos presentados por las partes están íntimamente vinculados.

Todos los acusados argumentaron, por ejemplo, la ineficacia de las normas del Código Penal en que se sustenta la acusación en vista de los instrumentos internacionales a que el Ecuador se ha adherido. ¿Cómo explicar que la Corte Nacional vaya a revisar solo para unos lo que es aplicable a todos?

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Al confirmarse la condena a tres años de prisión, Emilio Palacio se convierte en el primer periodista sobre el que pesa una orden de arresto impulsada por una demanda del presidente Correa y a quien se le condena a pagar decenas de millones de dólares a favor del acusador.

Las opiniones de Emilio Palacio en su artículo que originó el juicio penal giraron, en forma de hipótesis, en torno a un asunto que ha sido y sigue siendo materia de debate nacional y sobre el que hay y habrá varias lecturas: una de las aristas del 30 de septiembre del 2010.

El Gobierno ya no podrá seguir exhibiendo al mundo la falta de periodistas condenados a prisión  por demanda impulsada desde el poder, como  credencial para demostrar que en Ecuador se respeta la libertad de expresión. Una credencial que aún sin la condena a Palacio era contradicha por los hechos y los continuos informes de los organismos internacionales de derechos humanos, expresando su preocupación por la política  gubernamental con respecto a los medios de  comunicación independientes.

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Al aplicar la Sala la figura del desacato no solo se ha apartado del progresivo desarrollo de los derechos humanos en la región, sino que ha quebrantado normas expresas de la Constitución que mandan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación directa por los jueces y autoridades de los países signatarios, inclusive, por encima de la propia Carta Fundamental.

Expresamos nuestra solidaridad a Emilio Palacio y esperamos que la Corte Nacional obre en justicia.