En Quito no se matarán toros de lidia, pero ferias seguirán en país

El toro de lidia es un ejemplar muy atesorado. Su padre es un semental seleccionado; su madre, de vacona, se somete a una prueba de idoneidad y casta en la lidia y a otra que defina su capacidad de soportar los puyazos (hincada con punta de hierro) de un picador montado a caballo. El toro pasa los ocho primeros meses con su madre; luego, de ternero, se somete a una rigurosa selección y, entonces, va a los potreros aislados. Allí recibe balanceado, sales minerales y extremo cuidado hasta cumplir cuatro años. Alcanza un mínimo de 450 kilos de peso y está listo para el ruedo.

Llega a una plaza sin haber sido lidiado. Por instinto, por casta, raza o genética, embiste la capa del torero y se somete a una suerte de rituales o fases que incluyen puyazos y banderillas que lo hacen sangrar. Embiste la capa hasta la hora de su muerte, cuando el torero le clava una espada en el lomo.

Esa muerte, y solo la muerte, estuvo en el debate y se definió en cada uno de los cantones del país, durante la consulta popular de hace una semana. Cuando los escrutinios están a punto de terminar, los resultados definen que de las casi 30 ciudades taurinas del país, no más de 5 dijeron Sí a la pregunta 8, que indagaba si los ciudadanos de esa jurisdicción estaban de acuerdo en que se prohíban los espectáculos públicos que incluyan la muerte del animal.

En Quito, Rumiñahui (Sangolquí) y Cayambe, en Pichincha, y en El Tambo (Cañar) triunfa el Sí en la pregunta 8. En esas ciudades y en otras que, sin tener tradición taurina, triunfó el Sí, no podrán organizarse corridas de toros con la muerte del ejemplar. Pero seguirán las ferias, con puyazos, banderillas y el toro sangrante, lo que en ocasiones, podría ocasionar el deceso del animal, pero fuera del coso. Si se trata de recuperar lo, la curación de las heridas dura al menos dos meses, aunque los ganadores dicen que la vida útil del toro es de 4 años.

Toreros, ganaderos, empresarios taurinos y amantes de este espectáculo advierten que si bien las corridas con toros a muerte seguirán en la mayoría de plazas del país, el triunfo del Sí en Quito es un golpe a la actividad taurina, pues afecta a la Feria Jesús del Gran Poder, considerada una de las más importantes de América y que se realiza en las fiestas de aniversario de fundación de la ciudad.

Esta se realiza en el coso de Iñaquito, con capacidad para 15 mil aficionados, quienes pagan entre $ 10 y $ 200 por corrida. En el 2010 hubo nueve.

Luis Fernando García, dueño de las ganaderías Campo Bravo y El Pinar, en las faldas del Chimborazo, dice lamentar profundamente lo que sucede con Quito. Indica que se perjudica al 45% de quiteños que votaron No, en una pregunta que la considera anticonstitucional, porque va contra los principios de pluriculturalidad e inclusión citados en la Carta Magna. Además, el toro sería sacrificado, aunque no en la plaza, debido a las heridas en el ruedo o porque ya cumplió su vida útil.

Javier Valdiviezo, banderillero afiliado a la Asociación de Toreros del Ecuador, afirma que la feria de Quito es la que más recursos mueve y la que más paga a los toreros. Por ejemplo, un toro se negocia por $ 8.000, mientras que en Ambato y Riobamba, que le siguen en importancia a Quito, se paga de $ 2.000 a $ 4.000. Allí, los subalternos, como se denomina a los banderilleros y toreros de apoyo, ganan $ 1.100 por corrida; en Ambato, $ 500; $ 400 en Riobamba y $ 200 como promedio en otras plazas del país.

Se lamenta también Alfonso Moreno, concejal y presidente del Comité Taurino del Municipio Metropolitano de Quito. Dice que solo en impuestos, en la feria del 2010 se reportaron ingresos por $ 500.000, además de la creación ocasional de 40 mil empleos en actividades y negocios paralelos.

Moreno refiere que los toros son parte de la identidad quiteña. “El día 6 de diciembre de 1534, cuando se estableció la Fundación, a las tres de la tarde ya se realizaba la primera corrida”, reseña. Por eso cree que el pueblo de Quito valorará a su tiempo a quienes desculturalizan su ciudad. Señala el concejal que ya prepara una reforma a la ordenanza sobre las corridas de toros, que cite que solo está prohibida la muerte. Las corridas, con todas sus fases de maltrato al animal, seguirán. Sobre eso, Felipe Ogaz, del colectivo Diabluma, promotor del Sí, dice que es un primer paso a la supresión definitiva.

Citotusa es la empresa propietaria de las plaza de toros Quito y Ambato, y organiza las ferias Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Merced, respectivamente. Mediante un cuestionario escrito responde, por vía e-mail, que la Jesús del Gran Poder no desaparecerá.

“La empresa de la Plaza de Toros organizará la anual feria con ajuste a los resultados de la consulta, de hecho los permisos provisionales para la feria 2011 ya fueron otorgados; me permito insistir en que la prohibición se refiere en forma puntual a la muerte del toro. Por lo tanto, el espectáculo deberá ajustarse en forma exclusiva en ese aspecto”, cita el texto que envió Catalina Chiriboga, de Citotusa.

Expone que en los nueve días de feria se inyectan a la economía de Quito alrededor de $ 30 millones, sumados entre la actividad taurina, el turismo, la provisión de bienes y servicios y la producción.

En las localidades donde se impuso el No a la pregunta 8 hay mayor compromiso. Javier Arregui, presidente de la plaza Señor del Buen Suceso, de Riobamba; el banderillero Javier Valdiviezo y el ganadero Luis Fernando García coinciden en que unidos entre la empresa privada y autoridades seccionales buscarán que se declare a las ferias taurinas como Patrimonio Cultural de la Nación.

En San Miguel de Bolívar, donde en septiembre se da la Feria San Miguel Arcángel, con dos corridas, el alcalde Vinicio Coloma (SP) dice que en ningún momento estuvo en duda el triunfo del No porque su pueblo es taurino por tradición.

Aunque de menor cartel, en más de 25 ciudades taurinas, las corridas de toros con muerte del animal seguirán. Según el último censo agropecuario, en el país hay 32 mil ejemplares de lidia. Entre 300 y 400 mueren en los festejos. Se estima que hay unas 300 haciendas ganaderas de lidia, cuyos ejemplares tienen ascendencia española desde 1972.

El ganadero García dice que las corridas tienen sus códigos, que deben ser respetados.