QUITO
.- La empresa ecuatoriana brasileña Petrobell, que opera el campo marginal Tigüino, informó ayer que no reiniciará operaciones en el área si "las autoridades competentes del Gobierno no otorgan las garantías para que los colaboradores de la compañía puedan iniciar sus actividades normales".

Los trabajadores abandonaron el campo después de que la comunidad huaorani se tomó las instalaciones para exigir atención con obras.

Ayer, los miembros de la comunidad fueron retirados por militares; sin embargo, "Petrobell solicita la evaluación de los daños causados a sus instalaciones", antes de iniciar nuevamente las actividades.

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Los ejecutivos esperan que el Gobierno empiece las conversaciones, "toda vez que el Estado está en la obligación de brindar seguridad, más aún en este lamentable hecho".

Petrobell afirma que ha invertido $ 8,2 millones en las comunidades de colonos y huaoranis desde el 2004 hasta el año pasado. Según la empresa, ha destinando alrededor de $ 1,6 de cada barril a favor de los grupos afectados.

El Ministerio de Recursos Naturales no se pronunció ayer sobre las medidas que adoptará para mejorar la relación entre compañía y comunidad, a fin de evitar un nuevo enfrentamiento a futuro.

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Desde el jueves, los diálogos para superar los impasses se efectuaron en la Gobernación de la provincia de Orellana.

"La situación es de alerta, no únicamente por el cierre de operaciones petroleras sino por los daños que puedan provocar en los equipos que deben ser manejados bajo estrictas medidas de seguridad y que podrían generar consecuencias nefastas para la zona si no se toman acciones inmediatas", indicó la petrolera.

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Debido a ello, Petrobell ha decidido "obligatoriamente dar vacaciones a los empleados de este campo", pero no especificó el tiempo.

Operación

La empresa extranjera firmó en enero pasado el nuevo contrato de prestación de servicio, mediante el cual el Estado ecuatoriano le paga una tarifa por extraer el crudo.