Lea en noticias relacionadas las preguntas del Referéndum con sus anexos

Con una mayoría afín al gobierno, el pleno de la Corte Constitucional (nueve miembros) aprobó anoche el referéndum y la consulta popular planteados por el presidente de la República, Rafael Correa, el 17 de enero pasado, sobre la base de dos informes presentados por los magistrados Patricio Herrera y Roberto Bhrunis.

El informe original de la jueza Nina Pacari Vega fue desechado completamente.

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El texto de la resolución final, según el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, será notificado esta mañana al Ejecutivo para que esa Función disponga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la implementación de la convocatoria a la consulta popular.

“Hemos cumplido nuestra responsabilidad. Demostramos al país que a pesar de todo lo que ha sentido y sufrido este organismo durante estas semanas, a pesar de quienes decían de que esta Corte iba a evadir su responsabilidad y permitir que las preguntas pasen por el ministerio de la ley, a pesar de que pretendieron deslegitimar a los jueces y juezas de ese organismo, hoy dimos una muestra de transparencia”, dijo Pazmiño, luego de más de seis horas de debate y una sesión interrumpida solo con un receso de treinta minutos.

El informe de Herrera dejó a un lado el que había sido expuesto por la magistrada Vega, quien negó cuatro de las cinco preguntas del referéndum al considerarlas que vulneraban la Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008, lo que generó duras críticas desde el Ejecutivo tildándola de política por su cercanía con el movimiento indígena Pachakutik.

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En las cinco preguntas del referéndum se impuso una mayoría de seis magistrados que votó a favor de la propuesta de Herrera frente a tres que se alinearon con la de Vega.

Los jueces que apoyaron a Herrera fueron Patricio Pazmiño, presidente de la Corte; Roberto Bhrunis; Ruth Seni; Manuel Viteri Olvera; Édgar Zárate y el proponente, Patricio Herrera. A favor del informe de Vega votaron Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales y la jueza proponente.

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Según el presidente Pazmiño, este organismo, con esta resolución, no se ha allanado de ninguna manera al pedido del Ejecutivo o de otras funciones del Estado, “muestra de ello es que las preguntas uno y dos fueron calificadas como inconstitucionales y se estableció una adecuación al espíritu de esas preguntas reformándolas de forma íntegra”, detalló.

Para Pazmiño esas reformas consistían en plantear una fórmula que constitucionalice los mecanismos para hacer más eficaz la caducidad de la prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas, especialmente para controlar que los operadores de justicia no utilicen mecanismos que provoquen que los procesos caigan en caducidad.

Además, la Corte Constitucional decidió preservar las medidas cautelares de prisión preventiva de seis meses y un año como es actualmente.

También pasaron las preguntas relacionadas con la reestructuración de la justicia a través de una comisión tripartita y la nueva conformación del Consejo de la Judicatura con tres miembros.

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Asimismo y con ciertos cambios fueron aprobadas las reformas legales, cuya elaboración del informe estuvo a cargo del juez Bhrunis, que incluyen la penalización del enriquecimiento ilícito privado no justificado, así como la falta de afiliación de un trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Además, la pregunta que consulta al pueblo si está o no de acuerdo con prohibir la matanza de animales en espectáculos públicos y la regulación de los contenidos en los medios de comunicación.

Tras la decisión tomada por la mayoría de la Corte Constitucional, la magistrada Nina Pacari Vega se limitó a decir “que esta decisión es política y que no responde a ningún criterio jurídico constitucional”.