Veeduría ratifica favoritismo por dar contratos a Fabricio Correa

La veeduría ciudadana conformada para vigilar los contratos que el Estado ecuatoriano suscribió con empresas relacionadas al hermano del Presidente, Fabricio Correa, reveló ayer las conclusiones de su trabajo.

Luego de un año y seis meses de investigaciones, la instancia entregó su informe al contralor Carlos Pólit, para que tome las acciones pertinentes.

El coordinador Pablo Chambers informó en rueda de prensa que la veeduría llegó a cuatro conclusiones: que el mandatario Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano mayor con el Estado; que hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a las empresas relacionadas a Fabricio; que existió ilegalidad en estas adjudicaciones; y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente $ 143 millones.

Explicó que estas cuatro conclusiones guardan relación a las preguntas formuladas por el propio jefe de Estado en una cadena nacional, donde deslindaba las acusaciones del caso.

Y para sustentar estos puntos, Chambers le citó al contralor varios ejemplos y le entregó el material audiovisual y las copias escaneadas de distintos documentos que sustentan el informe presentado.

En primer lugar, el reporte afirmó que el mandatario sí conocía de los contratos entre el Estado y las compañías vinculadas a su hermano mayor.

Así lo corroboraron las declaraciones del propio presidente en el gabinete itinerante que instaló en La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, en el 2009; y las del ex ministro de Obras Públicas, Jorge Marún.

También porque no emitió ningún documento “por escrito” para dar por terminados los contratos con Fabricio. “En derecho público solo se puede hacer lo que está permitido; según la Ley de Régimen Administrativo solo se pueden dar disposiciones por escrito, debidamente motivadas y fundamentadas”, indicó el informe.

En segundo lugar se concluye que hubo favoritismo en la adjudicación. Y para ilustrar esto, Chambers citó tres casos.

Primero, que hace 30 años no se construye el proyecto Sifón Limones pero que el 24 de diciembre del 2008 se entregó un anticipo del 80% a una constructora de Fabricio. Segundo, que empresas relacionadas a él son las mayores subcontratistas de firmas petroleras “a pesar de no tener ninguna experiencia en el campo petrolero”. Y tercero, que se aprovechó el estado de emergencia para contratar a empresas no preparadas y que, hasta la fecha, guardan relación a él.

En tercer lugar, la veeduría resolvió en su informe que hubo ilegalidades en el proceso de adjudicación. “En todas señores, todas. Lo difícil es encontrar un contrato que sea legal”, afirmó Chambers.

Mencionó que la Superintendencia de Compañías no investigó lo suficiente para determinar qué empresas incurrían en las prohibiciones que determina la Ley Orgánica de Contratación Pública, y que se sellaron contratos con firmas como Quality y Quality Outsourcing a las cuales el Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS) les había emitido glosas.

“Esta veeduría no se explica por qué hasta el momento no existe ningún funcionario público, trabajador o contratista sancionado civil, administrativa o penalmente”.

En cuarto y último lugar se concluyó que el Estado ecuatoriano sí resultó perjudicado.

Chambers dijo que el monto ascendería a $ 143 millones, pero aclaró que esa es una apreciación de la veeduría.

Además denunció que existirían perjuicios colaterales por cerca de $ 9 millones.

Chambers difundió esta información junto a otros integrantes de la veeduría que lo acompañaron a la Contraloría, en Quito. Su titular Carlos Pólit anunció que los documentos serían procesados, remitidos a los otros organismos que integran la Función de Transparencia, y que se tomarían las acciones necesarias de ser el caso.

Este Diario buscó la versión de Fabricio Correa, pero su vocera señaló que se pronunciaría después de revisar el informe.

En el pasado ya admitió que empresas suyas habían obtenido contratos con diferentes entidades del Estado, pero descartó favoritismo o ilegalidades ya que estas terciaron en los concursos públicos.

Casualidad o no: Conclusiones informe
La construcción de la obra Sifón Limones no contó con los estudios completos, definitivos y actualizados, pero se entregó un anticipo del 80% el 24 de diciembre del 2008.

Se encuentran glosas emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para las empresas Quality, Quality Outsourcing, sin que hasta el momento estas hayan sido desvanecidas.

La firma de contratos de forma directa en Petroecuador se sustenta en la aplicación de la figura de “emergencia”.

No existe documento alguno en el cual el Presidente de la República disponga la terminación unilateral de los contratos relacionados a su hermano Fabricio.

A pesar de no tener experiencia alguna en el campo de la sísmica, se transforma en contratista de BGP para los proyectos de Sísmica 3D en campos de la región Oriental y la provincia de Santa Elena sin que hasta el momento se haya informado sobre los resultados de tales acciones.