Reformas a la Carta Magna sí irán a la Corte Constitucional

El ministro de Justicia, José Serrano, confirmó ayer que en esta misma semana el presidente Rafael Correa remitirá a la Corte Constitucional (CC) su propuesta de reformar la Carta Magna con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana.

Dicho proyecto abordará la caducidad de la prisión preventiva y sus medidas sustitutivas.

La CC se pronunciaría en febrero del 2011 sobre la reforma constitucional anunciada, de acuerdo con los plazos de la Ley de Garantías Constitucionales.

Según Patricio Pazmiño, presidente de la CC, el trámite de la reforma constitucional llevará 60 días, en caso de que el Mandatario concrete en esta misma semana el envío de la propuesta reformatoria.

Mientras tanto, hoy se lleva a cabo el primer debate de las reformas penales en el pleno de la Asamblea Nacional bajo la sombra de la consulta popular anunciada la semana pasada por el Primer Mandatario.

Pese a que ya existe el informe de la Comisión de Justicia, que contó con el respaldo de los legisladores de PAIS, Izquierda Democrática y Prian, agrupaciones como Madera de Guerrero (MG) piden al Ejecutivo agilitar la organización del referéndum para que sea la población la que se pronuncie y no la Asamblea.

El legislador Enrique Herrería (MG) aseguró que el debate de hoy podría ser estéril, pues las reformas penales las podrá aprobar el pueblo a través de la consulta, por lo que aseveró que hay un doble discurso en el oficialismo.

Para Herrería, un grupo de AP liderado por María Paula Romo insistió en la vigencia de la caducidad de la prisión preventiva y la implementación de medidas cautelares como la presentación en el juzgado, a diferencia del Jefe de Estado, quien respalda la extinción de la figura que permite la libertad de los presos que no han sido sentenciados en seis meses o un año, según el delito cometido.

“No queremos que este sea motivo de un debate político en el pleno de la Asamblea. Por eso requerimos que el Presidente haga realidad su propuesta de consulta (...) Como en otras ocasiones les ha ordenado a sus asambleístas, ahora les puede ordenar que detengan el tratamiento de este tema, pues esto va a ser resuelto por la colectividad”, dijo Herrería.

El asambleísta de AP, Mauro Andino, puntualizó que la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva solo puede aprobarse cuando previamente se realicen reformas a la Constitución.

En ese sentido expresó su respeto a la decisión presidencial de convocar a la población a consulta sobre este tema, pese a que podría ser comprometedor que el pueblo se pronuncie sobre asuntos legales, pero aclaró que es un proceso distinto a las reformas que lleva adelante el Legislativo.

Andino insistió además en sus críticas a los fiscales y jueces, que, a su criterio, no cumplen con su función.

En tanto, el vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana, subrayó que en el debate de hoy se abordarán los temas urgentes relacionados al combate a la delincuencia y no una reforma estructural del Código Penal. Señaló que existen aportes interesantes en este proyecto como el incremento de penas de 16 a 25 y 28 años de delitos execrables.

Sin embargo, criticó la falta de seriedad de Cynthia Viteri (MG) al realizar cambios a su propia propuesta de reforma, que presentó con 47 mil firmas de respaldo.

Herrería respondió a este comentario puntualizando que es legítimo que cualquier legislador haga observaciones a un proyecto de ley.

Correa dijo en su último informe semanal que impulsará un referéndum sobre reformas penales y, eventualmente, otras para mejorar el manejo del Estado en cuanto a seguridad y pidió al Legislativo cambios a la Ley de Seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía ante un aumento de la delincuencia.

Lo que faculta: La Constitución
Al Presidente
Le permite solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que organice el referéndum para realizar las modificaciones legales.

Iniciativa
La Corte Constitucional debe calificar el procedimiento para la enmienda, que también puede ser pedida por el 8% de los inscritos en el registro electoral y por iniciativa de la Asamblea Nacional.