En julio entró en vigencia por “el silencio de los corderos” la reforma a la Ley de Hidrocarburos, orientada, según el régimen, a recuperar el “petróleo para todos”. Desde fuera del círculo correísta advertimos que la reforma no tenía ni la N de nacionalismo, peor la I de izquierda, y que era el hundimiento fiscal lo que conducía a desmantelar a Petroecuador, entregando a dedo sus campos al capital extranjero, es decir, consumando el sueño neoliberal de privatizar las Joyas de la Corona; además alertamos que con la renegociación de contratos, las transnacionales saldrían ganando, porque tenían instrumentos legales a su favor, como eran los contratos transitorios, negociados por Correa en el año 2008, con palo de ciego.

No hay antecedentes, cuatro años de gobierno renegociando contratos para perder, y peor aún condecorando a sus actores con la orden de ejemplar negociador; “antes de nuestro gobierno, a las petroleras se les permitió hacer lo que les vino en gana”, dijo el Primer Mandatario al homenajear a Wilson Pástor, pero se olvidó de que fue su galardonado el maestro de las negociaciones: con Osvaldo Hurtado, León Febres-Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán-Ballén y Jamil Mahuad, aplicando lesivos contratos de servicios, participación, campos marginales, alianzas estratégicas, alianzas operativas, que permitieron a las transnacionales “hacer lo que se les vino en gana”.

Ecuador se acerca rápidamente al umbral de sus reservas, sin el petróleo del ITT, las reservas remanentes bordean apenas 2.100 millones de barriles. En estas condiciones, la política petrolera debería orientarse a incorporar nuevas reservas, procurando la autosuficiencia energética y el equilibrio económico. Para ello, un gobierno responsable primero fortalece su empresa pública y suscribe contratos de riesgo con empresas serias, seleccionadas en procesos transparentes. El Gobierno hace todo lo contrario, desmantela Petroecuador, entrega campos productivos sin licitación y suscribe contratos de servicios, que en el mundo son modalidades accesorias.

El estribillo “que les vaya bien, que les vaya bonito” cumplió su objetivo, las compañías que se van, se van bien indemnizadas, y las que se quedan, están bailando la fiesta de los taladros.

Nadie con conocimientos básicos de economía defendería tarifas de 35 y 41 U$/BL, en campos maduros, con insignificantes inversiones, sin auditorías ambientales, como un buen negocio. Todas las tarifas son superiores a los inflados costos de producción anteriores, superan en el 700% los costos de las empresas públicas. Falso que con los nuevos contratos el petróleo sea del Estado, la ley establece que la tarifa puede ser pagada con petróleo y que la compañía compre a boca de pozo la totalidad del crudo. Algo aún no revelado es que a la tarifa se debe agregar 1,51 U$/BL por transporte del crudo a través del OCP. Si con los contratos de participación recibíamos migajas, con los de servicios recibiremos migajas de las migajas.

Presidente, usted que es versado en economía y luce varios títulos internacionales, puede explicarnos ¿por qué a Petroamazonas le reconoce un costo de 7 U$/BL, mientras a Petroriental le sube la tarifa de 32,68 a 41 dólares por barril, por el mismo servicio de sacar petróleo y de yapa le regala 6 años más de contrato? ¿Por qué no dejó acabar el contrato en el 2012, luego de lo cual el 100% de las reservas, producción e infraestructura pasarían gratuitamente al Estado? Le aseguro que mi vecina Clarita, de la tienda de la esquina, hubiese hecho eso.

El caso Repsol es para grabarlo en mármol importado, como dice la prensa española, en el tramo final de los 100 metros, los negociadores se arrodillaron ante el trono y aceptaron subir la tarifa de 20,86 U$/BL a 35,95 U$/BL. Presidente, ¿por qué no dejó que los plazos venzan en enero del 2012, si el país iba a recibir la infraestructura sin costo y 46.000 barriles diarios, equivalentes a U$ 1.100 millones anuales? Con su renegociación, recibiremos apenas $ 690 millones anuales.

En el contrato anterior del bloque 10 se reconocía a la compañía italiana AGIP 29,91 U$/BL, ahora se aumenta la tarifa a 35 dólares, una diferencia de 5,09 U$/BL a favor de la transnacional. Este caso reedita la lacra neoliberal de la entrega de yapas a las transnacionales. Atropellando la Ley y violando el objeto del contrato, se entregaron sin licitación los bloques 23 y 42. Esto es ilegal, la transitoria primera de la ley reformatoria en ninguna parte permite la entrega de nuevas áreas.

El premio para Petrobras y las empresas de la familia Isaías será jugoso, aquí el negocio es que les vaya bonito, los brasileños se van bien indemnizados, sin pagar pasivos ambientales, luego de haber desangrado durante diez años un campo como Palo Azul, adjudicado fraudulentamente, como señala la demanda penal por peculado iniciada por la Fiscalía del Estado.

La compañía EDC, operadora del bloque 3 en el Golfo, tenía un proceso de caducidad iniciado hace un año, pero el ministro Pástor no es devoto de la caducidad, sin explicación jurídica acordó liquidar el contrato e indemnizar a la empresa, cuando en derecho procedía la caducidad y la reversión sin costo del bloque y sus instalaciones. Ya veremos el desenlace de este tema en el cual el pueblo acabará financiando una obra que incluye planta de licuefacción y gasoducto Machala-Cuenca, para beneficiar a poderosos empresarios de la cerámica.

La revolución ciudadana no tolera a los lentos: “Se caracteriza por hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido”, señaló el Mandatario en su misiva del 27 de septiembre pasado, dirigida a Petroecuador.

En el año 2006, el precandidato Rafael Correa sentenció que concesionar las Joyas de la Corona era traición a la Patria. “¿Somos idiotas? No nos vean la cara de imbéciles, por Dios”, dijo entonces el economista de izquierda. ¿Qué cara tenemos los ecuatorianos ahora que usted es Presidente?