Redistribución de la tierra entra al debate entre organizaciones

QUITO
.- La intención de redistribuir la tierra, establecer el límite a la propiedad y la expropiación inquietó a distintos sectores productivos y puso alerta a las organizaciones campesinas e indígenas.

Una propuesta de anteproyecto para la Ley de Tierras del Sistema de Investigación de la Problemática Agraria (Sipae), diseñada a pedido de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, establece un límite de 500 hectáreas a la propiedad de la tierra y que esa tierra improductiva, o que no cumple con la función social y ambiental, sea entregada -vía expropiación- a las comunidades que no poseen tierra.

Sin embargo, para distintos sectores esta intención debe ser debatida con rigor y profundidad. Consideran que antes de pensar en una redistribución, primero se debe hacerlo en la implementación de un modelo de desarrollo agrario.

Para Carlos Nieto, director ejecutivo de la fundación Desde El Surco, si se va a redistribuir tierra improductiva van a hacerle un daño al campesino, pues dice que a esas zonas hay que someterlas a un proceso de recuperación y restaurar la capacidad productiva.

De su experiencia añade que para volverla productiva, sin importar la superficie, hay que invertir alrededor $ 1.200 por hectárea para recuperar un suelo erosionado.

"Si entregan tierra improductiva al campesino le están haciendo un daño. Lo condenan a la pobreza. Si es para agricultura le estoy poniendo la soga al cuello".

Cita algunos ejemplos. Para que un campesino acceda al sueldo digno planteado por el Ejecutivo en $ 320 debe tener al menos 14 ha de tierra, 162 jornaleros que cultiven esa tierra y $ 2.062 para cubrir los costos de producción como semillas, químicos. En este rubro no se contempla la mano de obra.

El experto añade que los costos de producción representan el 30% de la mano de obra y el 70% es insumos, fertilizante, cosecha, transporte, recursos que no tiene el campesino.

La presidenta de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, Wilma Suárez, considera que en la propuesta para la ley que se diseña -y que se prevé estará lista en diciembre próximo- se deben contemplar también alternativas para que el Estado entregue créditos, subsidios o apoyo económico al campesino que recibirá la tierra.

Esa organización es partidaria de que se redistribuyan las tierras que no cumplen la función social y ambiental en grandes extensiones de terratenientes y latifundistas que han concentrado la tierra, afirma Suárez. A los pequeños campesinos que no cumplan con ese requisito, en cambio, sugiere que el Gobierno debe promover políticas agrarias e incentivos.

Sin embargo, para Nieto es necesario que ese modelo de reparto debe estar condicionado al modelo de desarrollo agrario. Porque si no se mejoran las condiciones económicas, sociales y de incentivo en el campo, no habrá interés en seguir produciendo y los campesinos continuarán migrando a la ciudad.

El actual reparto de tierras de campesinos indígenas y afroecuatorianos no permitió a estos salir de la pobreza crónica. La fragmentación de grandes haciendas y la creación de minifundios, especialmente en la Costa y en la Sierra, ha causado el acelerado crecimiento de la pobreza rural. La capacidad productiva de los predios no ha sido suficiente para asegurar un ingreso mínimo y garantizar la seguridad alimentaria familiar.

En el caso indígena, a la muerte del jefe de familia la tierra debía ser repartida en partes iguales entre sus herederos. En algunas comunidades serranas se han llegado a crear minifundios de 500 m² o menos por familia. En tales condiciones de fragmentación, no ha resultado posible realizar acciones de desarrollo o aplicar tecnologías alternativas, ni se ha conseguido disminuir la pobreza rural, afirma Nieto.

El censo agropecuario del 2000 determinó que de las casi 568.000 fincas registradas en la Sierra, el 72,9% era menor de 5 ha que ocupaban el 13,3% de la área agrícola; mientras que las fincas de más de 50 ha ocupaban cerca del 50% de la superficie agrícola, pero equivalían solo al 3% de las fincas.

El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, ha manifestado que en el país hay 14 millones de hectáreas capaces de producir. De estas, 4 millones son cultivadas y 10 millones no. Al menos 3 millones de esas tierras están junto a fuentes de agua, reservorios, ríos, vías de primer orden y cerca de mercados que no producen.

Según su anuncio se piensa afectar 2,5 millones de hectáreas para transferir a pequeños productores en donde se piensa incluir 375 mil familias bajo la línea de pobreza.

Para el presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Paúl Olsen, la tierra está bien distribuida y las grandes extensiones están en los ingenios y las plantaciones de banano que requieren amplia tierra para producir.

Para la Coordinadora Nacional Campesina hay que considerar una necesaria regulación de la propiedad agraria, en el nuevo proyecto de Ley de Tierras. Romelio Gualán, su presidente, dice que se debe garantizar la tierra a los pequeños productores y a mujeres y jóvenes.

José Agualsaca, de la Confederación de Indígenas, Campesinos y Negros (FEI), comenta que no se va a afectar a los grandes productores sino a quienes no siembran, y que la tierra que les entregue el Gobierno no será gratis. "Nosotros vamos a pagar cuando nos entreguen las titulaciones de tierras".

Para Nieto es necesario que el país busque otras opciones no agrícolas que sean rentables y que no están en el campo. "No es precisamente raspar la tierra". Por ejemplo, plantea procesar el cuero como lo hace la parroquia de Quisapincha, en Tungurahua; fortalecer la industria textil como en Atuntaqui (Imbabura) o en negocios de artesanía en plata, cobre, metal, como en el Azuay.

Actualización de datos
El director de la Fundación Desde el Surco, Carlos Nieto, propone que antes de debatir un proyecto de Ley de Tierras se actualicen los datos del Censo Agropecuario del 2000, porque son de hace diez años y ya no mide la situación real del agro. La ley debe construirse con datos reales, no podemos legislar sobre supuestos y estudios obsoletos, afirma.

Reunión con Ministro
El sector agrícola prevé reunirse mañana con el Ministro de Agricultura para discutir sobre los alcances de un posible proyecto de ley de tierras.

Debate entre campesinos
Organizaciones campesinas preparan un debate sobre el acceso de tierras para este viernes, en el auditorio del Ministerio de Agricultura.