El relator de la ONU, Philip Alston (*), presentó en nueve páginas el resumen del resultado de su visita al Ecuador y que transcribimos textualmente.
"Por invitación del Gobierno de Ecuador visité este país del 5 al 15 de julio del 2010 con el fin de investigar asuntos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Estuve en Quito (Pichincha), Lago Agrio (Sucumbíos) y Guayaquil (Guayas).
El panorama general que emergió de mi misión es mixto. El gobierno del presidente Rafael Correa ha emprendido reformas de largo alcance en términos de renovación constitucional, protección de derechos humanos, reforma de instituciones claves, expansión del gasto en el sector judicial, reforma a prisiones y una variedad de iniciativas sociales y económicas enfocadas a mejorar la situación de los más desaventajados. El compromiso del gobierno por un sistema de justicia ampliamente mejorado parece claro. Al mismo tiempo, sin embargo, la inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes. Problemas tales como el aumento del sicariato, el linchamiento por parte de turbas al margen de la ley, el incremento de la actividad criminal relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, y la intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos están todos agravados por un sistema de justicia penal ampliamente disfuncional.
Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia y mala gestión. Estos problemas se ven agravados por alegaciones de corrupción en la mayoría de niveles.
El problema de impunidad y el papel de la Comisión de la Verdad
La tasa de homicidios en Ecuador se ha duplicado en los últimos 20 años. En 1990 era de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; en 2009 alcanzó 18,7 y los estimados a la fecha para 2010 sugieren un incremento a 20. No obstante, las estimaciones proporcionadas por las autoridades gubernamentales indican que solo el 1,3% de las muertes denunciadas a la policía terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria. Y es casi seguro que esta tasa está sobreestimada. Según algunos estimados de inteligencia, la policía en Sucumbíos recibe denuncias de solo uno de cada 3 o 4 homicidios en la provincia. Esto podría llevar la tasa general a un nivel menor al 1% y daría a Ecuador una de las tasas más bajas de condena por muertes que he encontrado en país alguno. El tema de fondo es que hoy en Ecuador la posibilidad de ser condenado(a) por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja.
La iniciativa más importante del gobierno para combatir la impunidad del pasado es la Comisión de la Verdad. El 7 de junio del 2010 se hizo público su informe de casi 3.000 páginas sobre abusos de derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008, basado en declaraciones de testigos y en sus propias investigaciones. La Comisión tuvo acceso a muchos documentos desclasificados de gran importancia de la policía, el ejército, inteligencia y de gobiernos extranjeros. El informe presenta evidencia de 116 incidentes ilegales, incluyendo 68 ejecuciones extrajudiciales y nombres de 458 supuestos perpetradores.
Si bien el trabajo de la Comisión ha recibido grandes elogios por parte de muchos comentaristas, algunos oficiales retirados y en actividad me informaron que su composición y estructura han minado su independencia e imparcialidad, que no escuchó de forma adecuada a los supuestos perpetradores y que los hallazgos del informe son parcializados, pues no se tomó debida cuenta de las amenazas a la seguridad que Ecuador enfrentaba en tal momento. Otros interlocutores dijeron que el informe se enfocó demasiado en abusos cometidos entre 1984 y 1988 a costa de casos más recientes, incluyendo un gran número de presuntos asesinatos cometidos en Sucumbíos.
Aun cuando puede haber mérito en algunas de estas preocupaciones, el informe brinda un punto de partida de crítica importancia para abordar la impunidad por abusos pasados. El informe no pretende ser un documento judicial y no está diseñado para ofrecer una historia definitiva de los eventos que trata, sin embargo, registra muchas alegaciones serias en considerable detalle y ayuda a sentar las bases para los pasos que se deberán seguir en el futuro. Por tanto, es imperativo que el trabajo de la Comisión sea juzgado no por sus fallas que podrían estar identificadas en su composición o metodología, sino en la sustancia del registro factual que ha generado. Me reuní con muchos testigos y familiares de las víctimas que testificaron ante la Comisión de la Verdad, incluyendo aquellos relacionados con el caso Fybeca y los casos de Luis Fernando García García, Elías López Pita, Carlos Arístide Lara Silva, y David Delgado Galarza. Está claro que muchos de los asesinatos todavía deben ser debidamente investigados y que se deberá adoptar un programa de compensación o reparaciones lo antes posible.
Muertes en la frontera Ecuador-Colombia
Es claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador, según lo mostró mi visita a Sucumbíos. En Esmeraldas y Sucumbíos los ciudadanos están sujetos a presiones y abusos de todos lados, desde grupos armados ilegales (GAI), incluyendo las FARC, ex paramilitares colombianos y narcotraficantes; y también desde las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas. Aunque la frontera de Sucumbíos anteriormente se encontraba altamente infiltrada por las FARC, ahora también los ex paramilitares han ingresado al Ecuador en números crecientes durante los últimos seis a ocho meses.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han incrementado ampliamente su presencia en la frontera desde el ataque aéreo de Colombia a una base de las FARC en Sucumbíos en marzo del 2008. Las personas que viven en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo en Sucumbíos están atrapadas entre las demandas de grupos armados en competencia. En la medida en que las Fuerzas Armadas colombianas han empujado a los GAI hacia áreas remotas, los flujos de refugiados hacia Ecuador también se han incrementado. Los grupos armados ilegales ingresan a Ecuador para obtener comida, bienes y servicios de salud; para traficar drogas y armas; para realizar entrenamientos de combate; y para escapar del conflicto en Colombia. Ellos acosan e intimidan a la población civil y les fuerzan a “cooperar” con la provisión de alimentos, albergue o información. En algunas áreas, ellos imponen impuestos a los artículos vendidos, mantienen la “ley y el orden” (mediante intimidación y violencia) y realizan reclutamiento forzado, incluyendo a menores de edad, así como asesinatos de civiles.
Estos grupos (especialmente los ex paramilitares) también han emprendido una “limpieza social”, que en ocasiones ha estado ligada a sus esfuerzos por controlar rutas claves de transporte. Se me entregaron copias de avisos de limpieza social en los cuales los grupos prometían “matar a las/los trabajadoras/es sexuales y narcotraficantes, ladrones, secuestradores y jóvenes adictos a las drogas”, y pedían al público en general el perdón por cualquier asesinato de “inocentes”. En las últimas cuatro a seis semanas, un estimado de 30 cuerpos (cada uno con signos claros de haber sido torturado) fueron encontrados a lo largo de una carretera principal en Putumayo, Sucumbíos, conocida por los frecuentes robos a buses. La carretera también es una vía importante para tráfico de drogas y armas, y las FARC y los paramilitares han peleado continuamente por su control.
Funcionarios gubernamentales me informaron de tasas impresionantemente altas de asesinatos en algunos pueblos de frontera en Esmeraldas y Sucumbíos, que a veces exceden los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las estadísticas policiales indican que estas dos provincias tienen las más altas tasas de homicidios en el país. Muchos interlocutores también mencionaron al pequeño pueblo de Puerto El Carmen, a orillas del río Putumayo, como especialmente peligroso. Durante los últimos años, el pueblo de solo 4.000 habitantes ha sufrido de uno a tres asesinatos por semana. Los interlocutores no se explican por qué no se puede lograr una seguridad básica a pesar de la presencia de la policía, de un gran batallón militar en las cercanías y de la fuerza naval. Aun cuando el número de “instalaciones clandestinas” de GAI descubiertas por las Fuerzas Armadas ha incrementado dramáticamente (18 en 2005, 53 en 2007, y 183 en 2009), el hecho que solo un pequeño número de miembros de GAI hayan muerto o hayan sido detenidos parece difícil de reconciliar con la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para proteger a los ciudadanos de la violencia de los GAI.
Se me informó acerca de abusos cometidos por el ejército ecuatoriano, incluyendo frecuentes intimidaciones y acosos a civiles, junto con casos de allanamientos forzados a domicilios y robo de comida y otros bienes. También han ocurrido casos de violencia sexual, humillación pública, tortura y asesinatos. Estos problemas se han incrementado desde mediados del 2009. Se dieron varias razones. El número de tropas en Sucumbíos se incrementó más de cuatro veces de 2007 a 2009, y el número de operaciones militares se acrecentó de 22 en 2007 a 234 en 2008 y a 250 en 2009. Se considera que las tropas no están suficientemente capacitadas para brindar seguridad a una población civil vulnerable en circunstancias que involucran violencia por parte de bandas criminales sofisticadas y actividades de insurgencia. También se citó un extenso cambio del liderazgo militar en Sucumbíos a mediados del 2009, como una razón para el deterioro de las relaciones militares-civiles. La cooperación con la sociedad civil y las organizaciones humanitarias se redujo, el alto en puntos de control se incrementó, los activistas individuales han sido acosados y se han realizado redadas en propiedades usadas por las ONG. Las relaciones de los militares con las comunidades también se han afectado, inhibiendo la capacidad de la inteligencia militar e incrementando su dependencia de tácticas abusivas para obtener información sobre las actividades de GAI.
Aunque recibí informes de varios casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, es emblemática la muerte por parte del ejército ecuatoriano de tres personas que viajaban en una piragua, el 18 de enero del 2010. Originalmente, los militares dijeron que las tres personas eran guerrilleros vestidos de uniforme de camuflaje y que habían abierto fuego contra una patrulla militar. Los militares se defendieron y dispararon en respuesta, pero la piragua aceleró y se fue. Posteriormente, los militares descubrieron que todos los supuestos guerrilleros habían resultado muertos en la “confrontación”. Sin embargo, de acuerdo a otros testimonios, los tres no estaban uniformados, no realizaban actividad sospechosa alguna y no habían disparado contra los militares. Los militares no intentaron perseguir a la piragua o recuperar los cuerpos. Personas del lugar ayudaron al piloto de la piragua, pero él murió camino al centro de salud. La falla de los militares en realizar una investigación objetiva, recuperar el bote o encontrar las supuestas armas arrojó dudas sobre la validez de su explicación. Además, muchos miembros de la comunidad han recibido amenazas para que se queden callados.
Sicarios
Los ecuatorianos están muy al tanto del fenómeno del sicariato. Se puede contratar a un sicario por un monto tan pequeño –como $20–, los asesinos a sueldo son fáciles de encontrar; algunos publicitan sus “servicios” de manera abierta o se conoce que están disponibles para contratos en lugares de encuentro, y muchos parecen operar con impunidad. Aunque algunos medios pueden haber exagerado el problema, ha habido incrementos significativos en el número de asesinatos contratados durante los últimos tres años. Se estima que el 11-14% de homicidios (cerca de 450 muertes) en el Ecuador es cometido por sicarios, con la más alta incidencia en Guayas y Esmeraldas.
Se puede hacer una distinción entre asesinatos por motivos personales o profesionales. Los motivos personales incluyen conflictos intrafamiliares o conflictos por tierras u otros problemas. Se pueden contratar asesinos relativamente baratos e inexpertos para “resolver” dichos asuntos. En otros casos, sicarios altamente profesionales pueden ser usados, por ejemplo, por sofisticados grupos de crimen organizado. Se considera en gran medida que son los usureros o “chulqueros” los principales empleadores de sicarios. Los individuos que no pueden obtener préstamos de bancos y otras instituciones recurren a préstamos de individuos que bien podrían estar lavando dinero procedente del narcotráfico y quienes cargan hasta 10% de interés por día. Cuando el pago se torna difícil, los chulqueros se encargan de dar un escarmiento violento o muerte a los deudores, algunas veces usando a menores de edad en calidad de “cobradores”. Otros asesinatos profesionales parecen tener motivaciones políticas, tales como el asesinato del alcalde de Palestina (Guayas), Carlos Alberto Olvera Olvera, durante mi misión, el 11 de julio del 2010.
Este año el Gobierno ha dado pasos importantes para reducir el sicariato. De manera sistemática se está recogiendo información sobre la distribución geográfica de dichos asesinatos en Guayaquil y otras ciudades, y las patrullas de policía se han incrementado en áreas vulnerables. Se ha buscado el asesoramiento de expertos franceses y colombianos, y se ha establecido un grupo especial de inteligencia de policía. En Guayaquil se han hecho esfuerzos para registrar a todas las motos, restringir la disponibilidad de alcohol, y la oficina del fiscal y la policía han conformado una unidad especial para abordar estos casos.
No obstante, son pocos los casos de sicariato resueltos. Debido a los métodos clandestinos y a veces sofisticados usados por los asesinos contratados, estos crímenes son claramente difíciles de investigar. Sin embargo, la impunidad por dichos asesinatos también se debe a fallas en el sistema de la justicia penal. Una causa principal de impunidad es la falta de voluntad por parte de muchos dentro del sistema de justicia penal, para investigar y enjuiciar estos asesinatos.
Pero el no hacerlo niega la justicia a la familia de la víctima, deja al perpetrador libre para matar otra vez y evita que la policía obtenga información sobre las redes criminales que facilitaría un enjuiciamiento más efectivo del crimen organizado. Es más, la impunidad de la que gozan los perpetradores difunde el mensaje a otros en el sentido de que se puede fácilmente quedar libre en caso de asesinato. Por ende, el hacerse sicario se torna en una opción atractiva de carrera, especialmente para aquellos con pocas opciones.
Muertes causadas por la policía
No recibí nada que indicara que las muertes causadas por la policía fueran algo generalizado o sistemático; sin embargo, sí se da, y han muerto personas por tortura o a balazos durante operativos de las fuerzas del orden público, y algunos sospechosos y otros tipos de personas han sido asesinados por la policía cuando simplemente tenían que haberlos capturado; asimismo, ha habido policías involucrados en casos de sicariato. El Ministerio de Gobierno suministró información sobre 27 individuos cuya muerte había sido causada por la policía entre 2000 y 2009. El Inspector General de la Policía suministró información sobre 104 personas cuyas muertes habían sido causadas por la policía desde 2005 hasta la fecha, aunque no se especificó qué proporción de esta cifra correspondería a muertes ilícitas. Una ONG dio un cálculo aproximado de 164 muertes extrajudiciales entre 2000 y 2006. Las autoridades de la Policía Nacional me aseguraron que jamás se encubre una muerte causada por la policía, y que todo oficial de policía responsable de abusos se somete a los procedimientos disciplinarios y penales correspondientes. No obstante, hay pocos indicios de que la dependencia de Asuntos Internos de la Policía puede operar de manera independiente o eficaz a la hora de investigar graves alegaciones de mala conducta por parte de oficiales de alto rango. Si bien es cierto que el Inspector General introdujo recientemente una serie de reformas para desarrollar por primera vez un sistema profesional en el Ecuador, aún es necesario contar con la capacidad de investigar de manera verdaderamente independiente cualquier alegación grave contra la policía.
La confusión entre casos de linchamiento y la justicia indígena
La cobertura por parte de los medios y las declaraciones de algunos funcionarios presentan una confusión entre el problema de los linchamientos y el tema de la justicia indígena, que es un asunto totalmente aparte. Es esencial que se aclare dicha confusión. Los linchamientos son ataques o muertes causadas por actores privados, y con frecuencia se trata de un grupo de ciudadanos contra un presunto malhechor. Generalmente, en el Ecuador se somete a la víctima a golpes y a puñaladas, o la queman viva, y a menudo en público. Este tipo de actos se realiza sin proceso legal o judicial, se trata simplemente de castigos violentos o de venganzas. Una ONG documentó 33 casos de linchamientos en el 2009, especialmente en las provincias de Pichincha, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo. Las autoridades calculan que hubo unos 153 linchamientos entre 1994 y 2008. Generalmente los linchamientos son consecuencia de la falta de una justicia efectiva, lo cual lleva o incluso faculta a los ciudadanos a hacer justicia por mano propia.
Se debe hacer la distinción entre este tipo de casos y el tema totalmente aparte de la justicia indígena. Cuando se da un linchamiento en el seno de una comunidad rural o de una comunidad indígena, a menudo las autoridades o los medios de comunicación lo presentan como un ejemplo de “justicia indígena”. La justicia indígena en el Ecuador varía de una comunidad a otra, pero se hace conforme a un proceso, y no se trata de una aplicación arbitraria de la violencia. No recibí ninguna prueba fidedigna de casos en los que los verdaderos procesos de justicia indígena causaran la muerte. Hay cuestiones muy importantes y muy complejas que deben atender el gobierno y las comunidades indígenas respecto del funcionamiento, la jurisdicción y el alcance de la aplicación lícita de la justicia indígena en el Ecuador. Las declaraciones de algunas autoridades en cuanto a que la justicia indígena es “salvaje”, y el hecho de que la confundan con los linchamientos, no contribuyen en absoluto al diálogo que se debe entablar para continuar con el desarrollo de las normas que rigen la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.
Las Juntas de Defensa del Campesinado
Las Juntas de Defensa del Campesinado son grupos rurales creados por los residentes de una localidad, con miras a, de manera ostensible, promover el desarrollo rural y prevenir el robo de ganado en zonas que cuentan con una presencia mínima de la seguridad del estado. Sin embargo, recibí información de peso sobre abusos que han cometido las juntas contra las comunidades que en principio tendrían que haber representado y protegido.
Las juntas rurales prevalecen en las provincias de la sierra (especialmente en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar), pero también se encuentran en Los Ríos. Están organizadas por parroquias, y cuentan con un presidente para cada localidad. Las juntas pertenecen a una federación de juntas nacional que cuenta con al menos 20,000 miembros. Las autoridades dieron respuestas diversas respecto del papel que desempeñan las juntas. Algunas dijeron que se trataba simplemente de organizaciones de desarrollo rural o socioeconómico, o pequeños grupos comunitarios. Otras dijeron que cumplían con una función de “vigilancia de vecinos”, según la cual se da información sobre delincuencia a la policía. Algunos oficiales de la policía indicaron que en algunas ocasiones se había proporcionado uniformes a los miembros de las juntas, que éstas estaban involucradas en la “seguridad rural”, y que a veces trabajaban con la policía. Otros policías negaron rotundamente que pudieran tener cualquier tipo de conexión con las juntas. Un funcionario de alto rango dijo que las juntas habían hecho un uso sistemático de la fuerza hasta el año 2006, pero que desde ese entonces se había llevado a cabo una transformación y que los abusos eran casos aislados. Según la información proporcionada por las fuentes de inteligencia, las juntas están bien organizadas y aplican su propia “justicia” paralela e imparten sus propios castigos.
Conforme a la información suministrada por la sociedad civil y algunos testigos y víctimas, las juntas rurales desempeñan un papel clave en la ley y el orden rurales, y en la práctica cumplen con las funciones de la policía y del sistema de justicia (pero para ello se valen de la intimidación y de la violencia). Cuando a un individuo se le acusa de un delito las juntas pueden llegar a golpearlo, secuestrarlo, quitarle sus propiedades o sus tierras, o en algunos casos, a matarlo. En general las víctimas son pobres o son personas cuyos intereses entran en conflicto con los de los miembros de las juntas locales, por ejemplo, en materia de tierras. Yo hablé con víctimas de la violencia de las juntas, personas que habían sido secuestradas, golpeadas y forzadas a dejar sus pueblos o ciudades con amenaza de muerte, o cuyos familiares han sido asesinados. En algunos casos la policía ha trabajado con las juntas. Asimismo ha habido amenazas contra quienes están documentando los abusos por parte de las juntas. En este momento hay un gran número de casos contra miembros y líderes de las juntas en el sistema judicial, pero parece que no avanzan.
Defensores de derechos humanos
Me llegaron muchos informes de intimidación y de amenazas contra defensores de derechos humanos, actores humanitarios, activistas sindicales, movimientos sociales y líderes indígenas. Esto va desde intentos por sobornar a los activistas para que cesen su trabajo en determinados casos concretos, a advertencias de que si siguen trabajando pueden llegar a tener “problemas”, a intentos por obstruir su trabajo, hasta ataques físicos. Por ejemplo, hay individuos de grupos que trabajan en derechos de las mujeres en la frontera norte que han recibido amenazas de que los van a quemar vivos, y activistas de grupos de Gays, Lesbianas, Bixexuales y Transexuales que han recibido avisos de limpieza social. Algunos individuos que se oponen a las acciones de las empresas extractoras también han sido objeto de amenazas, como Polivio Pérez, Esther Landetta Chica, Etelvina de Jesús Misacango, Joel Vicente Zhunio Samanieg, miembros de la comunidad Sarayaku, y Santiago Escobar. La forma tan dura y tan áspera en que las autoridades se refieren a los activistas cuyas posturas no ven con buenos ojos, no hace más que exacerbar la posición tan precaria en la que ya se encuentran muchos de los defensores de de los derechos humanos.
También ha habido asesinatos de activistas. En un caso de particular gravedad, un conocido abogado de derechos laborales y sindicalistas, el Sr. Iván Muela, fue asesinado en la calle el 21 de enero de 2010 por dos hombres que iban en una motocicleta. Otro caso muy alarmante es el del Dr. Germán Antonio Ramírez Herrera, a quien mataron durante mi misión y cuyo caso relato en detalle en párrafos ulteriores.
El círculo vicioso de la impunidad
¿Por qué está tan generalizada la impunidad en el Ecuador?
El temor de los testigos y la protección
En parte, la impunidad se debe a que los testigos tienen temor a poner denuncias y a rendir testimonios. Casi todos los testigos y las víctimas con los que hablé personalmente temen por su propia vida. En particular en Sucumbíos, las víctimas estaban seguras de que los actores armados los castigarían o los matarían si llegaran a enterarse de que ellos habían denunciado sus casos. De hecho, en algunas áreas tuve que restringir mis investigaciones porque, de lo contrario, habría puesto a los testigos en un riesgo demasiado grande. Y esos miedos tienen fundamento. Muchos de los que hicieron denuncias a la policía o al fiscal sobre abusos han recibido amenazas de muerte y han sido intimidados para que guarden silencio. Como ya se dijo, muchos de los que han trabajado para sacar a la luz esos abusos han sido amenazados, y a algunos los han matado. Los perpetradores también presionan a la policía, a la fiscalía y las autoridades judiciales, e incluso los amenazan de muerte.
El programa de protección de víctimas y testigos del Ecuador fue ampliado recientemente de un modo significativo, pues su presupuesto aumentó este año a cerca de un millón de dólares, en comparación con noventa mil del año anterior. Si bien este programa brinda distintos grados de protección a unos 3,625 individuos, el 20% de los cuales tienen que ver con casos de muertes, se encuentra lejos de estar en condiciones de brindar una verdadera seguridad a muchas personas que la necesitan. Muchas de las víctimas con las que hablé personalmente ni siquiera saben que esto existe, y otras, incluso quienes se encuentran en grave peligro, me dijeron lo ven como algo muy cercano a la policía y a la fiscalía y que no se confían. El programa cuenta con su propia policía especializada en protección, pero su director reconoció que los propios testigos perciben dicha policía como un órgano sin la suficiente autonomía. Hasta el momento el programa ha hecho esfuerzos por llegar a las víctimas y por asegurar una clara independencia respecto de otras instituciones, pero no ha tenido mucho éxito.
Ombudsman (Defensor del Pueblo)
La Oficina del Defensor del Pueblo goza de confianza y en general se considera que está desempeñando su función, es decir, recibir denuncias, actuar en nombre de las víctimas, hacer llegar las denuncias a las autoridades, y hacer un muy buen seguimiento de los casos. La oficina cumple con una función muy importante en materia de derechos humanos; sin embargo, tiene muy pocas facultades para forzar las autoridades a que lleven a cabo investigaciones o respondan a las solicitudes del Defensor.
Las precarias investigaciones de la policía y la fiscalía
Si bien hay muchos policías y fiscales honestos y dedicados, los servicios de sus respectivas instituciones fueron objeto de críticas por parte de muchos de mis interlocutores por su corrupción, por vínculos con el narcotráfico y con los GIA en las regiones del norte, por su ineficiencia, por su falta de capacidad técnica y de capacitación, y por contratar al personal más sobre la base de contactos que por mérito propio. En Sucumbíos, todos los interlocutores se refirieron a una falta generalizada de voluntad por parte de las autoridades provinciales a la hora de cumplir incluso con las funciones más básicas, como el recibo de denuncias o la investigación de alegaciones.
En todo el país hubo críticas generalizadas acerca de la capacidad técnica para investigar eficazmente las muertes. La capacidad balística, por ejemplo, se introdujo apenas muy recientemente. La policía en algunas zonas regionales indicó que las autopsias se realizan de manera muy precaria, y que solo ahora se está introduciendo la capacidad para realizar análisis de ADN en Quito. La falta de laboratorios legistas independientes también es problemática, sobre todo cuando pueden estar involucrados en los abusos algún oficial o funcionario de alto rango. En Sucumbíos, la fiscalía cuenta solamente con un médico legista que trabaja media jornada en Lago Agrio, de manera que a menudo las víctimas se ven obligadas a sufragar los gastos de los servicios legistas (aunque esto último fuera negado por las autoridades). El costo puede estar entre $40-$180, una suma exorbitante para la mayoría de las víctimas. Además de todo lo anterior, recibí pruebas bastante contundentes de informes médicos falsificados en casos muy delicados que involucran a las autoridades.
Tribunales
Se critica a los tribunales por su lentitud a la hora de conocer casos y de pronunciar sentencias. Se me habló incluso de retrasos de varios años. Algunos interlocutores, incluidos funcionarios del gobierno, señalaron asimismo cuan expuestos están a sobornos y a presiones, particularmente en conexión con casos que involucren a funcionarios, al crimen organizado, a sicarios o a narcotraficantes.
Ajustes de cuentas
Una de las graves falencias del sistema de justicia penal es el uso generalizado de la categoría “ajuste de cuentas” para clasificar un número excesivo de muertes. Según funcionarios de alto nivel, el término se utiliza generalmente para describir homicidios entre personas con antecedentes penales, que se cometen por motivos como venganza, “malos repartos” de un botín, disputas de territorio entre pandillas, o disputas relacionadas con negocios de drogas. La utilización de esta categoría plantea una serie de problemas graves. En primer lugar, es demasiado general y está mal definida, con lo cual se presta para todo tipo de abusos. En segundo lugar, concede una importancia desproporcionada no solo a los antecedentes penales (sentencias condenatorias), sino también a los antecedentes policiales (que pueden estar presentes por muchas razones, no solo por haber estado involucrado en algún delito). Tercero, aunque sería imposible afirmar con toda seguridad que un presunto asesino tiene antecedentes policiales sin antes realizar una investigación adecuada, la falta de pruebas en este sentido no impide que aquí se haga tal aseveración. Cuarto, se parte del supuesto de que un caso de ajuste de cuentas es menos merecedor de una investigación a fondo. Aunque algunos funcionarios gubernamentales lo negaran rotundamente, yo recibí confirmaciones muy enérgicas de esta realidad de toda una gama de fuentes. En Guayaquil, por ejemplo, donde el problema de los sicarios reviste una particular gravedad, los funcionarios del gobierno hicieron énfasis en que la mayoría de las víctimas contaban con antecedentes penales, y que en consecuencia se daba por supuesta la muerte por ajuste de cuentas. Lo que quedó claro es que una vez determinada la situación en cuestión, muy rara vez la policía y los fiscales llevan a cabo una investigación seria y a fondo.
La quinta falencia radica en que esta categoría funciona perfectamente como encubrimiento para que la policía se abstenga de entablar procesos contra los responsables de las muertes, bien sea que se trate de ellos mismos o de otros oficiales. Un ejemplo es el de las alegaciones que recibí sobre vínculos entre la policía y unas muertes a manos de sicarios en Los Ríos, y otro el de un joven de 23 años que mataron en Lago Agrio el 8 de marzo de 2010. Un caso que ilustra todo lo anterior de forma aun más dramática es el del asesinato de Germán Antonio Ramírez Herrera, un médico legista especializado en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. El 6 de julio de 2010 lo secuestraron, le dispararon, y lo mataron. Él había recibido varias amenazas por trabajar en la documentación de lesiones a reclusos y por haber rendido testimonio en ese sentido tras una redada de la policía en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo. Un artículo de prensa sobre el incidente simplemente señala, sin comentario alguno, que la policía sospecha que podría tratarse de un caso de ajuste de cuentas.
Recomendaciones
1. El gobierno debe crear una comisión de expertos de alto nivel para que ésta evalúe el desempeño de los servicios de policía, y para que proponga reformas de índole estructural y operacional, en aras de mejorar la capacidad para responder eficazmente al desafío de las tasas crecientes de delitos graves, incluidas las ejecuciones extrajudiciales. Esta comisión también deberá considerar si se necesita o no una unidad legista independiente y un Ministerio de Policía aparte para garantizar que un ente de carácter civil haga una veeduría más estricta de la Policía.
2. Se debe formular una estrategia nacional para la lucha contra las muertes por sicario. El gobierno debe aprovechar iniciativas recientes en este sentido con miras a alcanzar una verdadera concertación de esfuerzos entre la Policía y la Fiscalía. No se deberá volver a utilizar la categoría de “ajuste de cuentas” para clasificar ningún caso, y la Policía deberá tener la obligación de investigar a fondo todo caso de muerte a manos de sicarios.
3. Hay que felicitar al Gobierno por sus esfuerzos encaminados a conseguir una reforma del sistema de justicia a través de una mayor eficiencia. Por otro lado, se necesita incrementar el número de jueces y realizar mayores esfuerzos para protegerlos contra amenazas e intimidaciones, especialmente en áreas remotas.
4. El Gobierno y la Asamblea Nacional deberán dar seguimiento a la labor de La Comisión de la Verdad, y esto incluye: (a) garantizar que todo caso que así lo amerite se reabra y que se inicien investigaciones penales efectivas por parte de peritos totalmente independientes de las partes involucradas, (b) otorgar formas de compensación adecuadas a los miembros de las familias de las víctimas, y (c) crear un archivo con la documentación de la Comisión de la Verdad. Además, La Comisión de la Verdad deberá asegurarse de dar una amplia difusión a un breve resumen de su informe que sea de fácil comprensión para el público en general y que haya sido traducido a los idiomas pertinentes.
5. La era de una Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin. El Gobierno deberá crear nuevo ente que esté en condiciones de investigar la presunta participación de la policía en una muerte, de manera creíble, independiente, eficaz y ágil.
6. Deberá ampliarse el programa de de protección a víctimas y testigos para ampliar su capacidad, mejorar su credibilidad, y para garantizar su independencia de otros actores. Deberá considerarse la posibilidad de crear un programa administrado de forma totalmente independiente de la policía y los servicios de fiscalía.
7. Los miembros de las Fuerzas Armadas que operan en la frontera deberán recibir una capacitación más amplia y más completa que les permita atender las complejas funciones policiales y militares que se ven abocados a desempeñar. Esto incluiría formación acerca de cómo trabajar estrechamente y de forma constructiva con la población civil, cómo aplicar y cómo distinguir entre las normas de derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y cómo tratar humanamente a las personas desplazadas y a aquellos que han tenido que huir de sus propios países.
8. El Ecuador no se encuentra en la mira de muchas organizaciones humanitarias o de derechos humanos de alcance regional o internacional. Los problemas que he descrito en el presente documento indican claramente que se necesita una mayor atención internacional hacia los derechos humanos en Ecuador, lo cual incluye, entre otras cosas, vigilancia, asistencia humanitaria, y colaboración con las ONG nacionales.
(*) El Profesor Philip Alston es un prominente profesor de Leyes, que fue nombrado Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales en 2004 e informa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Asamblea General. El profesor Alston tiene amplia experiencia en el campo de los derechos humanos. Durante 8 años fue Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue el principal asesor jurídico de Unicef para la elaboración de la Convención sobre los Derechos de los niños y niñas y fue asesor especial de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Philip Alston es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y es el director del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la misma Universidad.
