A criterio de la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, María Paula Romo, los resultados del informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, son un tema conocido y debatido por años en el país.

¿Cómo analiza el informe del relator de la ONU?
El informe habla de la impunidad, tema preocupante que siempre ha estado presente, pero cobra más importancia por la declaración del relator de la ONU, quien investigó delitos contra la vida, como asesinatos y dijo algo más grave, que la Fiscalía se dedica a hacer relaciones públicas en vez de investigar un delito.

¿Por qué no se han logrado corregir las deficiencias en la Función Judicial?
Algunos problemas son estructurales, no se conocen los objetivos y la lógica de trabajo y no existe la preocupación que debería en los delitos contra la vida. La Fiscalía entregó estadísticas, por mi pedido, sobre la relación entre noticias de delitos e inicio de instrucción fiscal por asesinato. La Fiscalía tiene un nivel de respuesta muy bajo, ya que en el 2009 de los 2.286 asesinatos registrados, apenas se inician 339 instrucciones fiscales; mientras, de enero a abril del 2010 se registran 712 asesinatos y un total de 134 instrucciones.

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¿Cuál es la alternativa para corregir la crisis en la Función Judicial?
Lo primero es aceptar el problema, pero sus directivos, entre ellos el fiscal general (Washington Pesántez) y el presidente de la Judicatura (Benjamín Cevallos) se niegan a hacerlo, con lo cual difícilmente podrán resolverlos. El Fiscal en declaraciones públicas se dedica a desmentir al relator, cuando los datos de la Fiscalía no nos dejan mentir y a más de que no acepta el informe de Alston dice que está orgulloso de su gestión.

¿La crisis en la justicia demorará hasta que el Consejo de Participación Ciudadana cambie sus autoridades?
La crisis no fue generada por la transición, porque lleva años, aunque es verdad que mientras no superemos la transición y se nombre a las autoridades definitivas con la legitimidad suficiente, será difícil emprender el proceso de reforma que se necesita. Hay que entender que de los concursos de merecimientos y de la participación ciudadana dependerá lo que pase en la justicia.