La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, María Paula Romo (PAIS), alertó ayer de la violación al Código Orgánico de la Función Judicial por parte del Consejo de la Judicatura (CJ), por lo que pidió un pronunciamiento firme desde la Función Legislativa.

La petición se sustenta, según Romo, por el centenar de denuncias llegadas a la Comisión como la suscripción de convenios con universidades que tienen calificación E por parte del Conea, nombramientos ilegales de jueces, notarios y falta de sanciones disciplinarias.

En su exposición en el pleno, Romo afirmó que el CJ cuenta con un Departamento de Registro y Control de Procesos Penales; sin embargo, no posee un sistema de estadísticas y no existen parámetros uniformes en todas las judicaturas para el registro de la información.

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De 1.814 audiencias penales en Guayas, 1.507 no se realizaron, y de ellas 1.049 no se hicieron por responsabilidad de la Fiscalía. ¿Y quien sanciona es la Fiscalía General, que tampoco ha actuado?, se preguntó.

También señaló que solo en Pichincha y en Chimborazo se registran sanciones a jueces por permitir la caducidad de la prisión preventiva en el 2009; en el resto de jurisdicciones no existen sanciones.

Respecto a los concursos de merecimientos y oposición, dijo que sin existir judicaturas físicamente, se realizan concursos para llenar sus vacantes y luego a los favorecidos de dichos concursos se les encarga judicaturas ya existentes.

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En torno a la designación de notarios, dijo que se nombró a cuatro funcionarios sin que el Consejo esté facultado, porque el Código Orgánico de la Función Judicial limita funciones hasta establecer el nuevo Consejo de la Judicatura.

Señaló que el proceso de homologación de las remuneraciones de la Función Judicial debía desarrollarse en tres etapas y en tres años distintos, pero lo aplicado es antitécnico.

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Se refirió a la inacción de la Judicatura frente a la actuación de jueces que dejan en libertad a presuntos violadores mediante recursos de hábeas corpus.

El asambleísta Mauro Andino (PAIS) de la Comisión de Justicia, afirmó que el problema de la actuación del CJ consagra la impunidad en el país y demuestra la ineficacia e inoperancia de este organismo.

Explicó que la Judicatura no ha sido capaz de obedecer la disposición transitoria de la reforma por la cual se conmina al organismo a establecer una estructura para la aplicación gradual de las reformas, así como para capacitar a los jueces.