El director del Centro de Rehabilitación número uno de Quito, Víctor Jácome y el abogado de esa entidad, Luis Gudiño Jara, quien emitió el informe para la reducción del 50% de la sentencia de César Fernández por el delito de narcotráfico, son investigados por el Ministerio de Justicia, ante la presunción de un acto de corrupción.

La irregularidad se habría dado cuando Gudiño emitió un informe para la reducción del 50% de la pena, luego de que la primera sala Penal de la Corte Nacional rebajó la sentencia de 16 a 12 años y así se aplicó el 2 x 1. “¿Por qué no se hizo la rebaja de pena cuando estaba vigente la sentencia de 16 años?”, se preguntó el ministro José Serrano. Con el informe de las investigaciones que estará listo en 15 días, se aplicarán las medidas administrativas y penales contra esos funcionarios.

Fernández, ex gobernador de Manabí y sentenciado a 16 años de reclusión por narcotráfico, recuperó su libertad hace ocho días, pero ahora ninguna autoridad de justicia, incluida la Fiscalía, quiere asumir la responsabilidad por su excarcelación.

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El pasado lunes, el fiscal general, Washington Pesántez responsabilizó al Ministerio de Justicia por la liberación de Fernández, tomando en cuenta que es el ente encargado de administrar el sistema penitenciario. “A ellos habrá que preguntarles por qué la aplicación del 2 x 1 en el caso del señor Fernández y no a otro actor del sistema de justicia. Las personas que califican a los reclusos son los directores de los centros de rehabilitación”, dijo.

Según Pesántez, debe quedar claro que los jueces y los fiscales no resuelven la aplicación del 2x1. Cuando el tema se resuelve en el ámbito administrativo (en el sistema penitenciario) le comunican a los jueces para que ejecuten.

A juicio del Fiscal, sería conveniente que las rebajas no rebasen el 4 x 1 (reducción de una cuarta parte de la sentencia), tomando en cuenta que ahora se aplica de manera indiscriminada el 2 x 1.

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Según Serrano, el sistema de reducciones está contemplado para delitos de secuestro y asesinato; no así para los de genocidio y de lesa humanidad. En el caso de narcotráfico sí es posible la rebaja, dijo.

Anunció que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social elabora un anteproyecto de reforma al Reglamento de Reducción de Penas, que busca crear un comité único, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, al cual se presentarán las peticiones de prelibertad y de libertad controlada.

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Fernández, salió en libertad a los 68 años, el pasado 3 de mayo. Su condena original era de 16 años de reclusión mayor, impuesta por el Primer Tribunal Penal de Manabí por narcotráfico. Él fue apresado en el 2003 en el operativo denominado ‘Aniversario’ junto a 14 personas de cuatro nacionalidades y en la incautación de 430 kilos de clorhidrato de cocaína.