SANTIAGO, CHILE

La situación de los migrantes es siempre compleja, tanto para quienes emprenden el camino fuera de casa como para quienes los reciben. Si bien no todos quienes migran lo hacen en las mismas condiciones, lo cierto es que la gran mayoría atraviesa por momentos de incertidumbre, propios del desconocimiento de las leyes y procesos locales. Cuando variables como crisis económica, rigidez de las leyes migratorias y la intolerancia hacia el otro se enfrentan, suelen resultar en disputas xenófobas como lo estamos viendo hoy en Arizona (Estados Unidos), México o España.

Es importante considerar que el no tener documentación legal no debe implicar ser considerados como criminales. De ahí que lo que está pasando con la denominada Ley Arizona sea una alerta ante un cambio de perspectiva sobre lo que implica “migrar sin papeles”. Esta ley considera un delito la inmigración ilegal en Arizona (fronterizo con México, donde el 30% son hispanos) y permite a la policía detener a cualquier persona si hay “sospecha razonable” de que es inmigrante indocumentado, de ahí que, para muchos sea una ley racista, xenófoba e injusta. Lo que aquí se evidencia es un intento por dar un giro a las políticas migratorias para que estén mucho más enfocadas al control estricto de las fronteras y a la penalización, por sobre la integración.

Otro factor grave es el abuso de poder hacia los migrantes en circunstancias de mayor vulnerabilidad. Esta es una situación muy común, como lo indica el informe de Amnistía Internacional publicado esta semana y el cual se refiere especialmente al caso de México, pero que ilustra muy bien la institucionalización de los abusos. El informe indica: “Los migrantes son sistemáticamente atacados por bandas de delincuentes que los secuestran, violan o asesinan. ¿Qué hacen los funcionarios públicos mexicanos?, ignoran los hechos o incluso participan”. Si bien el caso de México es extremo, no deja de ser preocupante, porque la falta de protección legal deja espacio para el abuso de poder y la impunidad.

Finalmente, ya sea que se los acuse de “robar el trabajo de los locales”, o el de “aumentar las cifras de desempleo”, lo cierto es que el inmigrante indocumentado enfrenta por lo general condiciones de trabajo precarias. El diario El País de España publicó este domingo entre sus comentarios, uno que deja en evidencia el malestar social que las crisis económicas generan: “No a la inmigración ilegal y menos a darles los mismos derechos que el resto de ciudadanos. No se trata de racismo, es supervivencia”. En situaciones de crisis, el grupo de los inmigrantes es uno de los más afectados, en España por ejemplo, según cifras del Instituto de Estadísticas, los inmigrantes latinoamericanos han emprendido el viaje de regreso a sus países debido a la crisis económica (de los cuales en el 2009, 26.537 son ecuatorianos). Los conflictos migratorios, de los cuales un número significativo de ecuatorianos es protagonista, demandan una revisión profunda de las leyes que permiten la integración (por sobre el control de las fronteras) así como la protección del migrante en cada país y del proceso de retorno de quienes en algún momento optaron por buscar mejores oportunidades fuera del país.