El Gobierno insistió ayer que el proyecto de la Ley de Aguas no es privatizador y pidió a la dirigencia indígena evitar excesos en sus protestas.

Ayer, el vicepresidente Lenin Moreno pidió diálogo como el mejor camino para llegar a acuerdos definitivos y aseguró que nadie tiene derecho a privar a los otros seres humanos de un servicio como la vialidad o los servicios públicos.

El segundo mandatario aclaró que las fuentes naturales no son propiedad de nadie pues son de todos los ecuatorianos. “Los hermanos indígenas podrían ser perfectamente los custodios de ese valor que en el futuro va a ser mucho más importante que el día de hoy”.

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En tanto, la ministra de la política, Doris Soliz, aseguró que el proyecto de la Ley de Aguas es producto de un enorme consenso y negó que se trate de un proyecto privatizador.

En una rueda de prensa, Soliz puntualizó que en el debate la mayoría de las demandas indígenas ya fueron incluidas en la norma que está en trámite en la Asamblea. “Uno de los nudos críticos es la conformación del Consejo participativo, intercultural y plurinacional que han pedido las organizaciones indígenas y campesinas que está aprobado”, señaló.

No obstante, la secretaría de Estado reiteró que, según la Constitución, la facultad rectora del agua está en el Ejecutivo, a través de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).