EFE
QUITO.- El Gobierno de Ecuador rechazó hoy un informe del que se hizo eco esta semana el diario estadounidense El Nuevo Herald, en el que se afirma que ese país se ha vuelto un centro de operaciones criminales de guerrilleros, narcotraficantes y mafiosos, y anunció que no descarta iniciar acciones legales.

Según recoge Andes, la agencia de noticias estatal de Ecuador, integrantes del Ejecutivo analizan el contenido y origen del reportaje, mientras que la Cancillería estudia que la Embajada ecuatoriana en EE.UU. tome medidas legales correspondientes.

Andes no precisa si el malestar es con la reseña que hizo el diario del informe o con el informe en sí, que fue elaborado para el International Assesment and Strategy Center (IASC) por los periodistas Douglas Farah y Glen Simpson, que trabajaron en The Washington Post y The Wall Street Journal, respectivamente.

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Los altos cargos del Gobierno que hablaron con la agencia ecuatoriana al respecto dijeron que estudian entablar acciones legales contra los "autores de la nota", pero lo publicado por El Nuevo Herald solo lleva una firma, la de Gerardo Reyes, así que pueden referirse a los dos autores del informe.

En el informe de 77 páginas titulado "Ecuador: drogas, bandidos y la revolución ciudadana", disponible en la web del IASC desde el 24 de enero, se califican de "creíbles" las denuncias de que el presidente Rafael Correa recibió aportes monetarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para su campaña electoral.

Ese es, según el informe, uno de los "desafíos" que el Gobierno de Correa afronta, junto a las "fuertes evidencias de que altos cargos de su gobierno han apoyado a la insurgencia armada" y "evidencias de que personas de su círculo íntimo tuvieron "contacto directo con organizaciones transnacionales de tráfico de drogas ligadas a las FARC".

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Además se señala que "después de ser durante décadas una ruta de tránsito para la cocaína y un centro secundario para el lavado de dinero, Ecuador está surgiendo como un punto de encuentro clave para muchas organizaciones transnacionales criminales y terroristas y una importante parte de la tubería por la que se mueve no solo cocaína sino tráfico de personas, armas, precursores químicos y cientos de millones de dólares al año".

Campaña internacional
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, declaró que, tras el informe, se esconde una "mala fe política" y una campaña internacional orientada a generar una imagen negativa del país.

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Se quejó de que, con el texto, se "pretende posicionar la idea de que el Gobierno tolera y fomenta a grupos criminales y narcotráfico", añadió la agencia.

El Ministro afirmó a Andes que la publicación contiene "informaciones sesgadas, subjetivas y con una profunda mala fe" y vuelve sobre argumentos, ya esgrimidos por "sectores conservadores nacionales e internacionales" sobre que "el régimen mantiene una política de tolerancia a favor de grupos irregulares colombianos".

Carvajal lamentó que "se pretenda desconocer el enorme trabajo que realiza Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y las bandas organizadas" y destacó que 2009 fue un año "espectacularmente fructífero" en la desarticulación de grupos criminales organizados.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, también "restó validez" a la publicación, que a su criterio parece tener "algún tipo de intencionalidad".

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"El país sudamericano es un referente regional de buenas prácticas y efectividad en la lucha contra el narcotráfico, labor que ha sido reconocida incluso por el Gobierno estadounidense", añadió Jalkh.

El titular de la Secretaría de Comunicación de la presidencia de Ecuador, Fernando Alvarado, también rechazó y condenó "la publicación y el origen de la misma".