Un correo electrónico del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue el que impidió materializar la llamada iniciativa ITT durante la Cumbre de Cambio Climático en Copenhague (Dinamarca), el 16 de diciembre del 2009.
El funcionario incluyó allí ocho observaciones, pero algunas llamaron la atención a los integrantes de la Comisión Técnica del Proyecto Yasuní-ITT porque eran temas que ya conocía el presidente Rafael Correa.
Aquella Comisión se había reunido con el Mandatario el jueves 10 de diciembre. Al día siguiente, tal como Correa pidió, el grupo planteó a las Naciones Unidas 33 observaciones –todas aceptadas– en la negociación del convenio para crear un fideicomiso que viabilice dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní, a cambio de una contribución económica internacional.
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El sábado 12 de diciembre llegaron más observaciones desde el Ministerio de Finanzas, que fueron incorporadas en la última versión que fue enviada para que se programe la firma del convenio el miércoles 16 de diciembre en Copenhague. Sin embargo, ya con la mesa puesta, Mera envió aquel correo el lunes 14, es decir, dos días antes.
Así lo recuerda Roque Sevilla, presidente de la Comisión Técnica hasta el 11 de enero pasado, cuando renunció por las críticas de Correa, quien dijo que la negociación era vergonzosa y que atentaba contra la soberanía.
El Mandatario señaló en esa ocasión que se le estaba ocultando información y que las condiciones impuestas eran inaceptables para un estado soberano. Incluso ayer, en su enlace semanal, Correa ratificó que “somos nosotros los que tenemos que poner condiciones” y aclaró que el error de la negociación está en los términos de referencia del fideicomiso presentado por el equipo negociador, que iba a ser administrado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
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Dijo que con esta iniciativa es el Ecuador el que está donando al mundo $7.000 millones que se están quedando bajo tierra y “no estamos pidiendo caridad, sino una justa compensación por los servicios ambientales”.
En el e-mail, al que accedió este Diario, Mera dice: “No es posible que tengamos que cuidar la deforestación en casi 100.000 kilómetros cuadrados de territorio. Podemos aceptar precautelar las 40 áreas protegidas y el saldo del hectareaje debe determinarlo el MAE (Ministerio del Ambiente)”.
Sevilla dice, en cambio, que así se promovió la iniciativa ITT, por un planteamiento del propio Ministerio del Ambiente y que eso implicaría un cambio en el espíritu y objetivo del proyecto. Él y Alberto Acosta, primer ministro de Energía del actual Gobierno y uno de los principales impulsores de la alternativa, dicen estar sorprendidos, pues los folletos de promoción de la iniciativa ITT, firmados por la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, ofrecían invertir dinero en la “conservación y deforestación evitada del 38% del territorio nacional”, la “reforestación y aforestación de un millón de hectáreas”, entre otras.
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Acosta va más allá. Muestra el Plan de Gobierno de PAIS 2007-2011, donde –desde la página 48 a la 50– se ofrece mantener al menos el 40% del territorio nacional como área protegida. “El presidente Rafael Correa se queja de que ahora ‘le están imponiendo’ 100 mil kilómetros cuadrados de bosques. ¡Pero si en el plan de él está el 40%!”.
Una segunda observación cuestionaba que Ecuador tenga solo tres integrantes de los ocho del comité directivo de la fiducia. Mera dijo que Correa “no está de acuerdo que haya representantes corporativos. Además, las decisiones no deberían ser tomadas por consenso”.
Como representantes corporativos, dice Sevilla, se refiere al delegado de los indígenas y al de los ciudadanos, que no participan con voto en el comité. “Entonces, de seis, el Gobierno tiene tres, los donantes dos y Naciones Unidas uno. Esto es para que en el largo plazo, cualquiera que sea el gobierno, siga manteniéndose el acuerdo. Estas condiciones las fijamos nosotros, no los contribuyentes, y él sabía eso”.
Mera señaló, además, que los organismos beneficiarios y de ejecución solo debían ser entidades públicas ecuatorianas. Pidió que se elimine “toda referencia” al Fondo Ambiental Nacional (una organización privada) y establecer otro destino para los fondos que se le traspasarían, pero la comisión argumentó que así consta en los documentos de promoción desde hace más de un año y que las principales organizaciones receptoras e implementadoras son públicas.
Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las organizaciones que impulsa el proyecto antes de iniciado el actual Gobierno, cree que se ha dado mayor prioridad a la alternativa de explotar el crudo en el ITT.
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“Para que funcione el Plan A, de dejar el petróleo bajo tierra, era indispensable que existan los instrumentos por los cuales los contribuyentes podían inscribirse en la propuesta. Esa herramienta es un fideicomiso. Si no existen esas condiciones, no puedes decir que el Plan A fue prioritario. El Plan A no tiene aún los instrumentos; sin embargo, el Plan B tiene toda la infraestructura avanzada”.
La Secretaría de Cooperación de Alemania fue la primera en confirmar un ofrecimiento de entre $ 50 y $ 70 millones anuales durante trece años (de $ 650 a $ 910 millones). “Les pedimos 50 millones de dólares, pero nos dijeron que más les gusta su cifra: 50 millones de euros”.
Luego, España confirmó la entrega de $ 18 millones anuales en el mismo periodo y se sumó Bélgica con $ 6 millones por año. También se realizaron gestiones en Francia como posible donante ($ 35 millones) y Suecia ($ 5 millones). En total, los apoyos posibles y probables suman entre $ 1.504 y $ 1.764 millones, el 49% del objetivo.
Constitución: Derechos garantizados
Pueblos indígenas
El art. 57 garantiza la protección del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. El 57, numeral 7, refiere al derecho de consulta que ellos tienen conforme a declaraciones internacionales.
Áreas protegidas
El 407 señala la prohibición de operaciones protegidas en áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní. El 397 cita la intangibilidad de áreas naturales protegidas.
Derechos de la naturaleza
El 72 reconoce el derecho de la naturaleza a existir y mantener sus ciclos vitales y estructura. El mismo artículo menciona el derecho de personas y pueblos a exigir el cumplimiento de esos derechos. El 73 refiere la obligación de tomar medidas de precaución y restricción de labores que la afecten.
Textuales: Actores del proceso
Rafael Correa
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
“(Los comisionados) Nunca salieron del concepto de que el Ecuador estaba recibiendo caridad”.
Roque Sevilla
EX PTE. DE LA COMISIÓN DEL ITT
“Cómo voy y les digo a los contribuyentes, a última hora, ‘ya no es así, señores’, con todo negociado”.