La nuestra es una sociedad curiosa porque a pesar de que está siempre vigilante de preservar los valores que tienen que ver con la libertad, a veces, inconscientemente, pone cargas para demoler la democracia, una democracia que ha tenido y que tiene una estructura endeble y obsoleta –más por su deficiente construcción que por su diseño– pero que a pesar de eso ha servido, si miramos las cosas positivamente, para no caer en los espacios oscuros de las dictaduras, por lo menos de las desembozadas y abiertas porque de las encubiertas, con barnices de legalidad, no hemos podido escapar.

Luego de más de 1.000 días de gobierno y cuando termina el año gregoriano 2009, mi percepción es la de que el país apostó por el cambio pero todo sigue igual: hemos cambiado de Presidente, de forma de conducir la nación, de marketing gubernamental pero las prácticas políticas de fondo siguen intactas, incluyendo las trifulcas parlamentarias. Además, el doble discurso continúa vigente pues no desaparece la costumbre, en el ámbito político, de censurar una cosa y también la contraria, que por qué no se llega a consensos sobre tal asunto y luego que para qué se llega; que con una oposición intransigente no es posible dialogar y luego que para qué se pacta, etc., y eso es lo que pasa con el reciente acuerdo alcanzado dentro de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley de Comunicación.

Dicho acuerdo tiene varias lecturas según quien lo interprete: si es el Presidente de la República, que cuidado sus asambleístas confunden consenso con complicidad, que no pueden aparecer juntos con conocidos opositores; si es la oposición intransigente que para qué se acuerda con los levantamanos del Gobierno, que los asambleístas de derecha son ingenuos que se dejan engañar pues ese consenso nunca será efectivo. Mis estimados amigos, así no se debe seguir ejerciendo la política, así no se construye nada y seguirá la tarea de ataque y derribo de la democracia, a propósito de la cual nunca he entendido por qué algunos partidos o movimientos políticos cuando existe una dificultad más o menos seria, se retiran del cónclave al que pertenecen, lo cual es un error porque la ausencia no aporta ideas ni permite impugnaciones o argumentaciones que solo se logran con la presencia activa del actor. Y si la ausencia ni siquiera provoca una falta de quórum, no solo es un error sino una candidez.

Como siempre he reclamado desde esta columna la necesidad de acuerdos o pactos limpios (tampoco comprendo por qué la palabra pacto siempre es mala en el Ecuador en la jerga política), miro con beneplácito que se haya llegado a este primer acuerdo legislativo entre los asambleístas de la bancada de gobierno y la oposición, con las naturales e interesadas disidencias, pero el asunto no estará completo hasta que la ley no se apruebe en los términos que han ofrecido respetar, es decir con sujeción a una bien interpretada Constitución de la República y a la Convención Americana de Derechos Humanos, sin organismos rectores dependientes del Gobierno en su integración.

Ahora, si el Presidente veta el acuerdo una vez aprobado en el Parlamento, ese es otro cantar que no está incluido en el pacto legislativo, aunque entiendo que este se prolongará para mantener las tesis votadas a pesar de que el Ejecutivo lo cuestione. Veremos su desarrollo.

Por encima de todo, ¡feliz 2010! amigos lectores.