El Buen Vivir, un concepto cuyas metas se proyectan a largo plazo

¿Cómo se encuentra el lugar donde vive con respecto a años anteriores? A esta pregunta realizada por la encuestadora Santiago Pérez (afín al Gobierno), en septiembre pasado, a 1.800 personas a nivel nacional, el 34% respondió que mejor, el 48% que igual y el 16% peor.

Consultados respecto a cómo ven ese lugar en los próximos seis meses, la mayoría de ecuatorianos (51%) contestó que igual;  el 24% identificó a la delincuencia como el principal problema que le rodea, seguido por el desempleo (16%), precios altos (15%), pobreza (10%), servicios básicos (8%) y otros como falta de vialidad, salud, educación y vivienda.

Los derechos al agua y alimentación, a un ambiente sano, a la cultura y la ciencia; a educación, a un hábitat apropiado, salud, trabajo y seguridad social, son parte del llamado Buen Vivir que se introdujo en la Constitución vigente hace casi un año.

Este concepto que se traduce a sumak kawsay, en quichua, constituye un eje transversal de la Carta Política; está presente en 99 de sus 444 artículos. Sus avances, sin embargo, tienen voces a favor y en contra.

La Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) en su Memoria Bienal 2007-2009 publicada el mes pasado, menciona algunos logros y situación de los doce objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (ver gráficos).

Andrea Carrión, subsecretaria de Planificación de la Senplades, destaca reformas desde el Gobierno para garantizar los derechos de la población a servicios públicos. Esto, a través de las fusiones y la racionalización de entidades estatales.

También las gestiones en salud y educación para aumentar el número de personas con acceso a un hábitat de vida apropiado; así como una mayor inversión social, más participación de las mujeres en el ámbito público, la baja de tarifas de servicios y otros indicadores.

Frente al sentir de la población, Carrión sostiene que en la vida cotidiana para las personas tiene un peso importante su situación de acceso a recursos económicos; y recordó que el plan del Buen Vivir recoge estrategias a largo plazo que implican un cambio en el modelo de distribución de la riqueza.

Pedro Morales, ex asambleísta de Pachakutik, quien presidió la mesa 7 de Régimen de Desarrollo de la Asamblea Constituyente, dice que aunque se avanzó al plasmar estos derechos en la Constitución, hay dificultades para aterrizarlas con leyes apropiadas.

“Está detenido, aún no se visualiza cómo será esa nueva economía popular y solidaria de la que se habla. Ese nuevo modelo de desarrollo implica una planificación del Estado con participación ciudadana, de sectores sociales, y no se ha logrado del Ejecutivo”, afirma.

Como muestra, añade, están los acontecimientos en torno a la Ley de Aguas y de Minería.

En el sector empresarial también hay reparos, en especial por el desempleo, cuyo índice en septiembre llegó al 9,1%.

“No se necesita ver cifras, sino percibir lo que sucede en nuestro entorno. No es razonable que de los 9 millones de ecuatorianos que constan en el padrón electoral, 1,6 millones estén bien empleados en los registros de la Seguridad Social”, afirma María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

La ex asambleísta de PAIS, Betty Tola, también de la mesa 7, donde se trazó el Buen Vivir, señala que su aplicación no es “de un año para otro.
Implica cambios de fondo desde un régimen de desarrollo donde la concepción era el crecimiento económico, hacia el del ser humano y sus capacidades”.

Además del marco legal en agenda (proyectos de Ley de Educación, de Aguas, Soberanía Alimentaria) y vigente (Compras Públicas) cree que en lo social hay logros. “Es un proceso paulatino. La Constitución no es una varita mágica que al día siguiente de su aprobación cambia la vida del país”, dice.

El contexto
CARTA MAGNA EN CIFRAS

Los artículos
Los enunciados en torno al Buen Vivir se desglosan en 23 artículos dentro del Título II, capítulo segundo sobre Derechos del Buen Vivir; y otros 76 artículos (Título VII, Régimen del Buen Vivir).

Derecho al agua
El art. 12 dice que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable (...) constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inembargable y esencial para la vida. Datos oficiales señalan que en Ecuador hay más de 3 millones de habitantes sin servicio de agua potable.

Soberanía Alimentaria
El art. 13 habla del derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local (...). El Gobierno conformó ya la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, organismo de participación ciudadana que trabajará en crear esas políticas.

Ambiente sano
El art. 14 reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice sostenibilidad y el buen vivir. Según la Senplades, la población calificó en el 2008 con 7,27 (sobre 10) su satisfacción sobre la calidad de vida.

Salud
El art. 363 habla de fortalecer los servicios de salud pública, incorporar el talento humano y proporcionar infraestructura física y equipamiento. Datos de la Senplades indican  que se elevaron los equipos básicos de salud de 358 en el 2007 a 1.753 en el 2008.

Vivienda
Según el art. 375, el Estado en todos sus niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna. El Ministerio de Vivienda (Miduvi) afirma que el régimen  destinó $ 88 millones en los últimos cuatro meses del 2009 para 14.294 viviendas rurales y 6.623 urbanas.