Los tenedores de bonos Global 2012 dieron el primer paso para una demanda internacional  contra Ecuador, al notificarle al Gobierno la “aceleración del total de la deuda externa” correspondiente a ese tramo o el pago inmediato de $ 510 millones.

El 27 de abril, la Asociación Nacional de Bancos de EE.UU., como fideicomisaria de los tenedores, notificó al país con dicha aceleración, que significa declarar “de plazo vencido y de pago inmediato la deuda”, explicó Ramiro Crespo, de Analytica Securities.

El documento, al que este Diario accedió, fue enviado vía fax a la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, a la gerencia del Banco Central y a Jonathan Zonis, de Clifford Chance, firma de abogados que representa al país.

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En el documento, la fideicomisaria explica que según el convenio y las directrices de por lo menos un 25% de los tenedores dan paso al pedido de pago inmediato.

Como reacción el Ministerio de Finanzas invitó el martes  a una conferencia telefónica a los tenedores para discutir “con respecto a la oferta de recompra mediante el mecanismo de una Subasta Holandesa Modificada que lanzamos el 20 abril del 2009”, al precio mínimo  de 30 centavos por cada dólar.

El Gobierno había mencionado que la estrategia aplicada  había bloqueado las expectativas de los tenedores de demandar.

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Analistas consideraron que Ecuador podría haber recomprado bonos  de tal manera que  tendría una cantidad importante  que dificultaría la organización de los tenedores. Pero  al conocerse de la organización de quienes poseen un 25% del total ($ 127,5 millones), aparentemente los cálculos fallaron.

Para Crespo, la organización de los tenedores y las posibles demandas se veían venir, “pero no significan necesariamente que la estrategia del Gobierno haya fracasado”. Podría ser que el país no hizo una recompra suficiente o que adquiriera los 2030. Además, la acción de  tenedores podría buscar presionar al régimen y mejorar la negociación fuera de las cortes.

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Un inversor de un importante fondo dijo a  Reuters  que él considera la declaración de la Asociación como “una manera de llegar al Gobierno y decirle necesitamos hablar”.

Entre las consecuencias que debería enfrentar Ecuador si se llegara a perder un juicio internacional, serían eventuales embargos como le sucedió a Argentina. Además, mientras existan juicios, el retorno del país a los mercados internacionales de crédito, donde puede conseguir créditos, será muy difícil, explicó Crespo.