Las discrepancias entre el mandatario Rafael Correa y el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, por sus visiones sobre la política y la explotación petrolera y minera, no se han superado, más bien se profundizan.

En el informe de sus dos años de gestión, en la Plaza de la Independencia, el lunes pasado, Correa advirtió con sanciones a quienes protesten contra la Ley Minera (aprobada el pasado lunes) y acusó a los opositores de actuar con “infantilismo, fundamentalismo e insensatez”.

“Siempre dije que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada en las urnas la derecha, era y es el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil; qué lástima que no nos equivoquemos en aquello”, manifestó al pedir a los indígenas que “no caigan en la trampa” de sus dirigentes.

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Como respuesta, en una entrevista en Ecuavisa, Acosta dijo que esperaba que Correa no esté padeciendo de “infantilismo presidencial”, en alusión a su costumbre de descalificar a quienes lo critican, como la presentadora de Teleamazonas, María Josefa Coronel.

“Yo creo que cualquier agresión o insulto a cualquier persona tiene que ser rechazado. Nadie puede asumir el papel de Júpiter tonante para calificar a una persona de una u otra manera, menos aún para denigrarla, yo creo que en eso hay que ser muy claro y categórico, menos aún el Presidente, porque él estaría cayendo –y eso sería lamentable– en algo que me temo le pueda hacer daño a él, a PAIS y al mismo Ecuador, en una suerte de infantilismo presidencial, que es lo que estamos rechazando. Aquí hay que respetar a las personas”.

El ex asambleísta Virgilio Hernández (PAIS) dice que ese cruce de palabras evidencia que hay una discusión de fondo sobre el desarrollo, pero lo más importante es que hay debate.

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Para el analista Hernán Reyes estas acusaciones tienen que ver con la cultura política ecuatoriana. “El uso de calificativos de desmerecimiento o desprestigio al adversario, no abona para entender un problema político, económico”.

Agrega que tampoco permite generar un proceso de participación ciudadana en la política ni construir institucionalidad a través del diálogo y acuerdos.