En medio de voces a favor y en contra y sin mayores rectificaciones, la Comisión Legislativa dio paso anoche a la nueva Ley de Minería. El documento, sin embargo, requerirá del ejecútese del presidente Rafael Correa para su vigencia.

El texto se aprobó con 50 votos a favor de 65 legisladores presentes. Hubo seis votos en contra, seis abstenciones y tres votos en blanco. El debate se inició ayer a las 14:50 y culminó a las 22:25.

Los asambleístas efectuaron modificaciones en trece articulados. Entre los cambios consta el respeto a las competencias que tengan los municipios regionales en las aprobaciones que deban realizar para emitir certificados.

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Otra es que el Estado contará con regalías en la explotación de minerales en un monto no menor al 5%, además debe sumarse el 25% del impuesto a la renta, el 12% de las utilidades, el 70% de los ingresos extraordinarios y el 12% del impuesto al valor agregado.

José Serrano, viceministro de Minas y Petróleos, argumentó antes de la votación que a inicios del 2007, el 20% del territorio nacional estaba concesionado y dedicado a la especulación, lo que a su vez provocaba conflictos sociales.

Tal cantidad de concesiones representaba cinco millones de hectáreas en el país; al momento, según Serrano, el Estado ha revertido el 75% de estas, lo que implica unas 2.400 concesiones de regreso a manos estatales.

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Durante el debate, Paco Velasco y Tatiana Hidrovo, ambos de PAIS, dijeron que iban a votar con dolor a favor de que se apruebe la Ley Minera porque no están de acuerdo con el sistema extractivista de los recursos de la tierra. Sin embargo, añadieron que lo hacen porque el país está despegando y con ese compromiso dejan de lado su apreciación particular.

Martha Roldós (RED) insistió durante su intervención que el Gobierno estuvo apurado al aprobar la nueva Ley Minera y que difunde un concepto de que esa actividad es la panacea de los problemas que enfrenta el país, asegurándoles que sacará al Ecuador de la pobreza.

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A su criterio, esta es una ley a favor de las transnacionales que viola el artículo 408 de la Constitución vigente que establece el 50% de participación mínima para el Estado.

Con la nueva norma, el Estado busca, entre otras cosas, constituir una Agencia de Regulación y Control Minero, una Empresa Nacional Minera, un Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico.
Además, de firmar contratos de exploración y explotación, regular la minería artesanal y pequeña minería.

Mientras tanto, diez ecologistas iniciaron desde las 09:00 de ayer  una huelga de hambre frente a las instalaciones del Palacio Legislativo.

Bajo los rótulos de: “No queremos inversión si es para la destrucción” y “Las mineras son ultrapeluconas”, las manifestantes de Acción Ecológica exigían el archivo de la propuesta que, a su criterio, abre las puertas al ingreso de las transnacionales.

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Los huelguistas son: Alexandra Almeida, Cecilia Chérrez, María Rosa Yunbla, Esperanza Martínez, Gloria Chicaiza, Ivonne Ramos, Natalia Bonilla, Omar Bonilla, Xavier León y Álex Naranjo.

Lo que se sabe

Ecologistas
Para la huelga de hambre que se inició ayer frente al Palacio Legislativo, los miembros de Acción Ecológica se prepararon. Según Gloria Chicaiza, una de las participantes, la noche anterior recibieron recomendaciones médicas.
Antes de empezar a ingerir solo agua y nada de alimentos debieron hacerse un lavado estomacal. Luego de eso comenzaron a consumir solo el líquido con panela o miel de abeja, para tener calorías que les permita enfrentar el frío.

Comuneros
“La patria no es de todos, mientras las mineras no se vayan todas”, gritaba casi un centenar de manifestantes que bloquearon ayer, momentáneamente, la vía Nanegalito-San Miguel de los Bancos (noroccidente de Pichincha) en rechazo al proyecto de Ley Minera. En el punto conocido como la Y de la Armenia se apostaron comuneros de Intag, Pacto, San Miguel de los Bancos y Esmeraldas. Otros se acostaron en la mitad de la carretera para impedir la circulación de vehículos. Benigno Villagómez, alcalde de San Miguel de los Bancos, aseguró que si las mineras se instalan en esta zona, rica en biodiversidad, “se afectaría el bosque primario de 19.200 ha con una reserva de aves y animales silvestres, se acabaría con el patrimonio del noroccidente y el turismo se verá afectado”.

Concesiones
Los comuneros del noroccidente de Pichincha creen que se debe dar paso a un nuevo proyecto de ley antes de una consulta a las comunidades que podrían verse afectadas. Quienes habitan en Intag, a su vez, temen que si la ley es aprobada las concesiones que fueron revertidas a la empresa Ascendant Cooper retornen y se siga con la explotación de oro y cobre. Los dirigentes de estos grupos lamentaron las críticas del Gobierno a las protestas. El Presidente “se reúne con los mineros y con las empresas para definir la ley y con nosotros no, nos manda bombas. ¿Cómo puede saber quiénes somos?”, se pregunta José Cueva, de la coordinadora zonal de Intag.

Esperanza Martínez
MIEMBRO DE ACCIÓN ECOLÓGICA
“No solo pedimos el archivo del proyecto, sino una mejor discusión de una
ley para regular la actividad”.