En región Insular vigencia de Carta Magna causa confusión

Con incertidumbre y confusión. Así transcurren los días en la región Insular, especialmente en sus instituciones, desde que entró en vigencia la Constitución que en el artículo 258 señala que su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por un delegado del Jefe de Estado.

En el Gobierno Provincial de Galápagos, ente que desaparecerá para dar paso al nuevo régimen, del que además serán parte los alcaldes, juntas parroquiales y representantes de otros organismos a definir, las labores se desarrollan con normalidad, pero ningún funcionario sabe hasta cuándo.

De una reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg) –que rige el manejo de las islas– depende la conformación del nuevo Consejo de Gobierno y de ese proceso poco o nada conocen los habitantes del Archipiélago.

La prefecta Fanny Uribe, la última que tendrá esta provincia, pues en las elecciones de abril próximo aquí ya no se elegirá esta dignidad, dice que continuará ejecutando obras hasta que se reforme la Loreg. ¿Y si esto no ocurre hasta abril? “No es que me prorrogo, pero supongo que seguiré trabajando hasta que el Consejo entre en funciones”.

A los 100 empleados de la Prefectura, en cambio, les preocupa quedarse sin empleo. Por ello, presentaron un pliego de peticiones en el Ministerio del Trabajo y, entre otras cosas, pidieron que se les garantice la estabilidad laboral de seis años y se les otorguen préstamos de hasta $ 5 millones.

“Hay que decir la verdad, no vamos a pasar todos al nuevo Consejo de Gobierno”, sostiene José Galarza, presidente de la Asociación de Trabajadores.

El caso fue apelado por Hugo Bedoya, abogado de la Prefectura, basado en que las peticiones son improcedentes. “Esta administración no puede pronunciarse ni ofrecer garantías”, indica. Ello, porque la decimoquinta disposición transitoria de la Carta Magna menciona que los activos, pasivos y empleados del Gobierno Provincial y del Instituto Nacional Galápagos (Ingala) formarán parte del nuevo Consejo.

En esta última entidad, que se encarga de la planificación y desarrollo del Archipiélago, también hay confusión.

Según Fabián Zapata, gerente del Ingala, es posible que esta institución no desaparezca, sino que se convierta en la secretaría técnica del Consejo de Gobierno y cambie de nombre. Aquí laboran 130 personas.

Semanas atrás, sin embargo, pasó preocupaciones. Para la toma de decisiones, un Consejo del Ingala, que lo integran catorce miembros y lo preside el Gobernador de Galápagos, debe sesionar constantemente.

Al entrar en vigencia la Constitución no sabían si podían convocar a reuniones o debían aguardar por la reforma a la Loreg. Paralelamente, el Parque Nacional Galápagos (PNG) que cobra un impuesto a los turistas, desconocía si estas recaudaciones debían seguirse distribuyendo a los organismos que señala la Loreg: Ingala, Prefectura, municipios, Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos (Sicgal), entre otros.

Al consultarlo, la Procuraduría General del Estado contestó el 22 de octubre negativamente a ambas dudas, por lo que las operaciones de todas las instituciones se vieron en peligro.

Entonces, el Ingala solicitó a la Procuraduría reconsiderar el pronunciamiento. Al final (25 de noviembre) este organismo lo hizo, al expresar que las cosas debían mantenerse como antes hasta que la nueva Loreg disponga lo contrario.

“Hay una transición. La Loreg no se ha derogado y por tanto nos manejamos igual”, dice el gobernador Jorge Torres.

Traspaso de bienes
En base a la disposición transitoria decimoquinta de la Constitución, en la Prefectura se desconoce si sus activos (maquinarias, terrenos, etc.) que pasarán al Consejo de Gobierno, terminarán a cargo de los Municipios. El presupuesto de esta entidad es de $ 3,3 millones.

Inventario
En el Ingala, peritos hacen ya inventarios y valoran terrenos y bienes que irán al Consejo. Esta institución recibe por concepto de tasas que se cobran a turistas, un millón de dólares anuales del PNG.