Autoridad Portuaria se declaró  en sesión permanente ante   42  cambios a contrato pedidos por TIDE.

El retiro de los barcos hundidos en la rada del puerto  y el inicio del dragado para  construir los muelles pesqueros aún siguen  en suspenso debido a las divergencias entre los miembros del directorio de la Autoridad Portuaria de Manta (APM) y los ejecutivos de la concesionaria Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE). Estas obras  debían iniciarse en mayo.

El directorio de la APM se declaró ayer en sesión permanente para analizar un nuevo pedido realizado por  TIDE, filial de  Hutchinson Port Holdings, que consiste en modificar 42 de las 116 cláusulas del contrato de concesión, firmado en noviembre del 2006. Entonces, la actual presidenta de la APM, Lucía Fernández, era miembro del directorio que estaba presidido por el ex asambleísta Trajano Andrade (PAIS).

Los cambios solicitados por TIDE incluyen que algunos de los bienes que se adquieren durante la ejecución del proyecto y la explotación de las instalaciones no sean revertidos al Estado cuando culmine la concesión (30 años, contados desde  febrero del 2007).

Y que trabajos como los realizados en los muelles internacionales para reforzar esas estructuras sean considerados  obras de infraestructura.

Ello implica que la APM deberá asignar a la concesionaria cerca de $ 2  millones, que se usaron para reforzar los muelles internacionales.

Al considerar ese tipo de obras como de infraestructura al Estado le competerá financiarlas al igual que otras labores como el dragado para la ampliación y construcción de nuevos muelles y el relleno para la ampliación de las instalaciones, entre otros aspectos.

En el contrato  se determina que esas obras sean consideradas como de “superestructura”, por lo que a la concesionaria  le compete  financiarlas.

Un informe de Hélive Angulo, asesor jurídico de la entidad, señala que “no existe en el contrato de concesión obligatoriedad de  APM de tramitar (...)  un paquete de modificaciones que conlleven a reformar las cláusulas del contrato, menos aun en aquellas que pueden conllevar a modificar para beneficio de la sociedad concesionaria (...),  incluir rubros en el  concepto de infraestructura que signifiquen inversión para el Estado, disminución de las obligaciones..., cambio en la denominación de los bienes que deberán permanecer como parte de la titularidad estatal...”.

Fernández planea reunirse hoy con el gerente de TIDE, Paúl Gallie, sobre el pedido de modificación.

CONCESIÓN: Procesos

Expedientes
La APM inició 3 expedientes sancionatorios por supuestos incumplimientos del contrato de concesión a TIDE.

Contrato
La concesionaria  debe  invertir unos $ 475 millones en los 30 años de concesión. El Estado aportará a través de la APM unos $ 55 millones, de los que $ 35 millones se financiará con un crédito que otorgó   la Corporación Andina de Fomento (CAF).