Elsie Monge: "No podemos negar que hay un ingrediente político en Comisión"

Afirma que en su informe parcial emitido la semana que termina no dieron nombres de culpables de posibles violaciones de los derechos humanos, para no entorpecer la investigación.  Niega afanes electorales al hacerlo.

La semana que concluye estuvo marcada por la expectativa sobre la revelación del informe preliminar de la Comisión de la Verdad, encargada de investigar la violación de derechos humanos, especialmente en el gobierno de León Febres-Cordero.

Lo que se informó fue la existencia de dos centros de tortura, en Quito y Guayaquil. No se dieron nombres de posibles autores, algo que se anuncia se lo hará en diciembre. Elsie Monge, una de las integrantes de la Comisión, habla sobre el trabajo.

¿Por qué no ha sido frontal la Comisión en dar nombres y apellidos de los responsables de aquellas denuncias de violación a los derechos humanos?
Se conocerán al final, cuando esté listo y armado un caso. Si se dan antes los detalles se podría afectar a la investigación. Nuestro deber es dar indicios de responsabilidad con pruebas suficientes para que la justicia actúe.

¿Por qué esos indicios se dan en este momento? ¿Implica que la Comisión es parte de la campaña por el Sí en el referéndum?
La justicia está más allá de cualquier coyuntura política. Además, el trabajo es serio y científico.  Nuestra competencia es investigar y esclarecer la verdad para que haya justicia.

¿Se defraudó la expectativa del país al no dar nombres?
Nosotros investigamos hechos y víctimas, y determinamos indicios de responsabilidad, pero los responsables del juzgamiento son los jueces. Esta es la primera vez que se hace el ejercicio de investigar, aunque sabemos que la ciudadanía quiere saber la verdad, y en ese camino estamos.

Se habla de la judicialización de casos que, según sectores afectados con el trabajo de la Comisión, fueron resueltos, juzgados y el resto prescritos. ¿Es así?
No es verdad; en esa etapa (gobierno de León Febres-Cordero) no había condiciones para iniciar procesos y los abogados tampoco aceptaban la defensa porque existía el peligro de que los acusen de subversivos. Solo se judicializaron los casos Restrepo (en el año 1995) y el de la desaparición de Consuelo Benavides, pero muchos años después de sucedidos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, por más que transcurran 20 o 30 años.

Los ex integrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo cometieron delitos por los que fueron reprimidos por el Estado. ¿Esto no es lo legal?
Un delito no se corrige con otro delito, porque serían dos delitos, el primero de los que delinquen y el otro de la autoridad. La violencia no se justifica. Si alguien infringió la Ley, debe ser juzgado y sancionado para reparar el daño que causó a la sociedad, pero ninguna autoridad tiene derecho a matarlo o a masacrarlo.

¿Tiene confianza en las estructuras de justicia, por algunos cuestionadas?
Aunque tenemos reparos, el motor del trabajo es la fe, la esperanza y el amor.

Tomando en cuenta que un primer informe salió a las puertas del referéndum y el siguiente será en otra campaña electoral, ¿la creación de la Comisión por parte del presidente Correa fue un acto humano o político?
Hay que vigilar, garantizar y proteger la independencia. Actuamos por principios y no por conveniencias.

¿Cómo juzga la acción del presidente Correa en este caso?
No podemos negar que haya un ingrediente político, pero no se puede condicionar con esto la emisión de informes.

Se habla de crímenes de Estado, ¿qué papel jugaron en la violación de los derechos humanos el ex mandatario León Febres-Cordero y el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot?
Queremos evidenciar que las violaciones de los derechos humanos no fueron hechos aislados, que fue algo sistemático, pero esto hay que probarlo.

¿Desde la cúpula del Gobierno se emitieron las directrices de esa política de Estado?
(Afirma con la cabeza) Eso es parte de la investigación; si eso se prueba, entonces la responsabilidad viene de arriba.

¿Qué expectativa tienen de la información que poseen y que entregarán a Estados Unidos?
Servirá para comprobar que la represión era una política de Estado y que los casos que tengan indicios de responsabilidad pasen a la Fiscalía para el inicio de procesos.

A más del gobierno de  Febres-Cordero, ¿qué otros gobiernos incluye la investigación?
Se indagan tres periodos: 1984-1988, 1989-1998 y 1999-2008. A partir del primero se manejó a la represión como política de Estado, aunque en la práctica se mantiene en los siguientes, por lo cual se elaboró el contexto de las dos décadas.

¿Qué indicios tienen de que en los gobiernos siguientes al de Febres-Cordero también se violaron los derechos humanos?
Hay momentos como el que se produjo en el gobierno de Rodrigo Borja (ID) con las protestas del movimiento indígena. Una característica del régimen de Sixto Durán-Ballén fue el abuso de los estados de emergencia, situación que le generó un llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el actual gobierno también se han dado casos, como el de Dayuma. ¿Qué hace la Comisión?
Como Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos denunciamos la violación de los derechos en el caso Dayuma, donde se criminalizó la protesta social e incumplieron los acuerdos firmados por gobiernos pasados que buscaban habilitar una carretera. En ese momento fue decretado un estado de emergencia, pese a que este procedimiento está observado por organismos internacionales. También detuvieron arbitrariamente a 26 personas. Un grupo salió en libertad por no existir pruebas y otro grupo fue amnistiado. Por esa razón los involucrados no acudieron a testificar en la Comisión.

¿Cuántos casos concretos identificaron en los tres periodos?
De los 427 testimonios se han agrupado alrededor de 260 casos que, aunque es complicado, podrían prosperar en la determinación de indicios de responsabilidad.

¿Cómo definen la existencia o no de un caso?
Por ejemplo, en el caso Fybeca hubo ocho muertos y tres desaparecidos, en total once personas. Es decir, depende de cuántas personas están afectadas en un mismo hecho. No es algo individual.

¿Reabrirán el caso de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo?
Los testimonios de las personas que fueron sentenciadas en este caso: Camilo Badillo, Guillermo Llerena (que afirman que son inocentes de la desaparición de los jóvenes), entre otros, serán examinados. Veremos hasta dónde se puede verificar lo que dicen.

¿Cómo se organizó internamente la Comisión para recoger los testimonios?
Por mandato del decreto ejecutivo del 3 de mayo del 2007, la Comisión inició su trabajo con la entrega de recursos el 28 de diciembre, pero en febrero del 2008 se inició la recolección de testimonios en los rangos de desaparición forzada, asesinato y ejecuciones extrajudiciales y tortura.

¿Cuál es el presupuesto?
Es de 980 mil dólares, y se trabaja con un equipo de entre 30 y 35 personas.

Perfil
ELSIE MONGE
LUGAR Y NACIMIENTO
Quito, 18 de agosto de 1933
CARGOS
Directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu). Ha dedicado su vida a la religiosidad y a la cátedra en planteles católicos.