Los militares ya no serán “garantes de la democracia”, según el texto hecho en Montecristi.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) perderán su facultad de dirimir en la vida democrática del país si gana el Sí en el referéndum de la nueva Constitución.
Varios analistas consultados consideran que este es el principal cambio aprobado por la Asamblea Constituyente respecto a la nueva misión constitucional de las FF.AA.
Los asambleístas decidieron eliminar la posibilidad de que los militares apoyen o rechacen a los gobiernos en momentos de crisis política o convulsión social.
El artículo 183 de la Constitución vigente señala como misión de las FF.AA. “la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.
En la Carta Magna hecha en Montecristi se ratifica la misión de defensa de la soberanía e integridad territorial, y se aclara que “las FF.AA. y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”.
Las FF.AA. junto a la Policía se convierten en instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
Para la catedrática de la Universidad Católica de Quito, Bertha García, el nuevo contenido constitucional es un “avance que permite desligar a los militares del poder político”. Considera que los militares han irrumpido en procesos democráticos debido a la facultad que se les permite para “interpretar la Constitución cuando los políticos toparon las puertas de los cuarteles”.
El subsecretario de Defensa, general Jorge Peña, que participó en las mesas constituyentes como delegado de las FF.AA., asegura que existe predisposición en los oficiales para obedecer al poder civil.
Sin embargo, aclara que con o sin disposición constitucional, seguirán siendo garantes del orden constituido. “No vamos a dejar de serlo, pero con nuestra actitud profesional y patriótica. Si existe alguien que tergiversa esa disposición y se mete a golpista se va contra la norma”.
Para el coronel en servicio pasivo y ex asambleísta de la RED, Luis Hernández, cerrar cualquier posibilidad de injerencia política de las FF.AA. es importante. Según su criterio, el articulado correspondiente a la Fuerza Pública representa un avance, sobre todo en materias de seguridad y defensa, que pasan a ser política de Estado y no facultad exclusiva de las FF.AA. y Policía.
Peña y Hernández coinciden, no obstante, en que es necesario impulsar varias reformas legales adicionales –por ejemplo, a la Ley Orgánica de Defensa Nacional– para aplicar la nueva Constitución.
Para el ex ministro de Defensa, José Gallardo, los cambios no benefician a las FF.AA.; al contrario, cree que les hacen daño. “Le han borrado a las FF.AA. el ser garantes del orden constituido y no se ha puesto el deber que tiene todo soldado de honor, el de la defensa del Estado de Derecho”.
PAIS canalizó una aspiración del Gobierno para elevar a categoría constitucional el control del poder civil sobre los militares y policías para bloquear cualquier posibilidad de participación política.
El presidente Rafael Correa, durante una ceremonia castrense, el 24 de mayo pasado, dijo que el único garante de la democracia es el pueblo y exhortó a la Asamblea a modificar el tratamiento constitucional de este tema.
Servicio militar
Se cambió el servicio militar obligatorio que consta en la actual Constitución por uno que tenga el carácter de voluntario.
Voto facultativo
La prohibición de sufragar para los uniformados, policías y militares, fue reemplazada por una disposición que les permite el voto facultativo.
Consejo de Seguridad
El nuevo texto elimina al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Defensa se considera como política de Estado.
Justicia
Se elimina el fuero especial y desaparecen las cortes y juzgados militares y policiales. Los integrantes de la Fuerza Pública serán juzgados por salas especializadas de la Función Judicial.
Actividades
Las Fuerzas Armadas solo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, señala el nuevo texto elaborado por los asambleístas en Montecristi.
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